Junio 5 del 2022.- La tarde del 30 de mayo las autoridades del sector suspendieron las actividades de la mina de Colibrimining y crearon una mesa técnica que analizará la labor de todas las concesiones del cantón Ponce Enriquez y evite la contaminación de sus ríos.
Ese mismo día, según el boletín oficial, los representantes de la Coordinación Zonal Centro – Sur del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; se constituyeron en la Gobernación del Azuay y formaron la mesa técnica para analizar qué medidas tomar.
Horas antes, desde la mañana, decenas de pobladores que se oponen a la minería iniciaron un plantón sobre la Carretera Panamericana que además de protestas estuvo acompañado de comida, una banda de música y baile.
A ellos se les unió un grupo que sí quiere a la minería pero no a los mineros. Menos si, como veremos más adelante, son los que explotan canteras donde se extraen hasta 30 gramos de oro por tonelada de material.
Lo cierto es que el plantón logró sus objetivos. “Posterior a este análisis, se elaborará un informe técnico sobre el estado actual de las áreas mineras, para proceder conforme a la Ley y de acuerdo a las competencias de cada entidad estatal”, dice el comunicado.
Es importante señalar que el pasado 29 de mayo se suspendieron las actividades mineras de la concesión minera Leliatere 1 “por incumplimientos a las recomendaciones técnicas de la Arcernnr sobre conducir y tratar adecuadamente y conforme a la Ley, el agua que provenía desde el interior de la mina y que contaminaba a un cuerpo de agua cercano”, señaló un boletín del ministerio.
El director ejecutivo de la Agencia, Guillermo Flores, en persona estuvo en una inspección el domingo 30 de mayo y validó el cierre.
Minería sí pero no en cualquier sitio
El paro “en defensa del río Gala”, un río símbolo del cantón y sus afluentes, “el último sin contaminación” fue convocado por un grupo de pobladores de los barrios La Florida, Shumiral, Pueblo Nuevo y Río Balao; así como de las parroquias Unión Azuaya, Adelina y San Remo, entre otras.
De acuerdo al municipio este río está protegido por una ordenanza que impide la minería metálica en su cuenca y afluentes. Agrega que tampoco se debían haber adjudicado concesiones mineras en el bosque protegido Molleturo Mullopungo.
Afirman que los de la zona Bella Aurora, regada por el Gala, son agricultores de plátano y cacao orgánico certificado y que quieren desarrollar sus proyectos turísticos, que se han cansado de que el Municipio escriba denuncias sin respuesta.
Son partidarios de la regularización de las empresas que se encuentran trabajando en la parte alta para que obtengan su licenciamiento ambiental. Y de que “la comunidad sea veedora de ese proceso para que dejen de contaminar porque de unas 300 empresas en el cantón solo dos tienen esa licencia”.
Concretamente, los movilizados piden la desgraficación y reversión al Estado de las concesiones Leliatere 1, Urbano Rolendio, Mario Alfonso, Antonio Marcelo, José Antonio, Celso Vicente, San Patricio, Juan Eliseo, El Venado, Pedro Alcívar, Brenda Alejandrina, Carlos Fabián, Abdóon Ismael, Salem, Toro Sentado, Belén, Carrizales, Venadito, Cerro Mirador, Chaparral, Rocío y Jorge. 12 están inscritas y 10, las que están en el bosque, en trámite.
Un alcalde y minero
En un evento al aire libre en la parroquia La Florida, realizado el 26 de mayo, el alcalde del cantón Ponce Enrique, Baldor Bermeo, invitó al gerente de la Enami EP, Julián Agurto, a ser intermediario frente al ministro Xavier Vera para que le haga llegar las demandas.
Allí, Bermeo se reconoció como alcalde pero también como minero y manifestó que apoya la protesta porque se debe hacer minería pero no en zonas aptas solo para la agricultura y que en el futuro el río Gala será la fuente de agua para todo el cantón.
En la Florida, el gerente de Enami EP pudo constatar la pluma colocada hace un mes por la comunidad en la entrada a la vía a Shumiral para impedir el paso de los mineros.
Y también le advirtieron que con apoyo de maquinaria del Municipio hicieron zanjas para inutilizar la vía alterna que comunica las comunidades de El Carmen de Pijilí, Santa Teresa, San Pedro, Paguancay y otras con Bella Aurora.
Bermeo le manifestó que estima que en las comunidades que hacen el paro viven unas 7 000 personas de las 45 000 que habitan el cantón.
La reunión duró 48 minutos y los líderes convinieron en que el cierre de la vía hace más de un mes es ilegal pero demuestra la decisión de luchar “hasta que las autoridades pongan fin a la minería en el sector”.
Fue una semana de mucha actividad en la zona. Un día antes, circuló un video en el que se observa al alcalde Bermeo acompañado de unas diez personas e impidiendo un operativo de control de la Arcernnr a la mina “Un solo toque”, que está en el área Muyuyacu 3622, a nombre de su hija y que está sujeta a una suspensión pero que la policía había recibido denuncias de que es escenario de mucha actividad ilegal, según un técnico de Arcernnr.
“Desocupen mi terreno que esto es propiedad privada y sin una orden no pueden entrar”, gritaba reiteradamente a los técnicos y a la fuerza pública presente.
En este operativo un policía resultó herido por una pedrada que le destrozó el rostro y tuvo que ser sacado en hombros de la mina. El parte policial indica que se encontró, entre otras cosas, una carabina Mossberg, otra marca Maverick, una carabina sin número de serie, un cargador de pistola de 9 milímetros, 140 cartuchos cal. 12 mm, 166 municiones cal. 5.56 mm, 9 cartuchos cal. 9mm, 3 cartuchos cal. 7.62 mm. y un cartucho cal. 38mm.
Al día siguiente, el alcalde fue testigo de honor en un evento en el barrio La Independencia, en el cual la Enami EP y la empresa Gaby Panamá anunciaron como cotitulares, que ofrecían nuevos contratos de operación en la concesión Muyuyacu 3622, en donde el alcalde ha sido beneficiario como gerente de la operadora Asopromipen cuyo contrató terminó el año pasado.
Como alcalde, en el año 2019 firmó un convenio entre la Alcaldía y los titulares de las áreas mineras “Guanache”, Juliana Gutiérrez Vásquez; “Ximena”, Wilson Japón Herrera y “Rossana”, Elías Guaillas Quizpe para la remediación ambiental del río Guanache.
Este incluye pagos mensuales a depositarse en la cuenta del Municipio, por US$ 100 mil como compensación económica parte del plan de remediación ambiental que deberá ser aprobado por un organismo competente hasta que se concluya el plan de cierre. Esta compensación será para obras en beneficio de los habitantes del cantón, como la construcción del palacio municipal y un listado de otras a acordarse con el Alcalde para cada barrio.
El convenio ha sido objeto de una auditoría de la Contraloría General del Estado y todavía se desconocen sus resultados definitivos.
La Preasociación de Barrios de Ponce Enríquez avaló el convenio mediante un documento firmado por los presidentes de los barrios Buenos Aires, La Florida, 9 de Octubre, 9 de Mayo, 7 de Abril, Señor de los Milagros, Galo Anselmo, San Francisco, 3 de Noviembre y Brisas del Río.
En el documento piden que como acto de buena voluntad las empresas realicen enseguida el desazolve del río Guanache y la construcción de muros de escolleras… y no vuelvan a contaminar lo remediado.
Primer “logro”: el cierre de la mina Colibrí
Colibrimining es una empresa del Grupo Minero Bonanza, con otras concesiones en Ponce Enríquez y el país.
En enero Bermeo le solicitó el pago por uso del suelo por Lelietere 1. Según el geoportal de Catastro Minero del MEM, la concesión es la única en el sector que figura dentro del cantón Santa Isabel y allí es donde se obtuvieron los permisos.
Así ve los límites cantonales Colibrimining. Leliatere 1 está fuera de Ponce Enríquez.
Así ve la forma del cantón la municipalidad de Ponce Enríquez y la concesión Leliatere 1 está en el centro. Véase la mancha roja de la foto a la derecha.
Así están registradas las concesiones vecinas a Leliatere 1 en el Geoportal de Catastro Minero. Todas constan en Ponce Enríquez.
El 7 de mayo, 39 personas con sus números de cédulas firman como habitantes del sector aislado un pedido de tres tubos para alcantarillas a Colibriminig porque dado el aislamiento sufrido quisieron rehacer la vía con sus propias manos. Pero los manifestantes con ayuda de la municipalidad hicieron zanjas más profundas.
Esta situación la describió en tono dolido e indignado el señor César Mora, dueño del suelo de Leliatere 1, a los técnicos que inspeccionaron la mina Colibrí: “Yo soy agricultor y en toda una vida jamás he visto venir a un alcalde a arrasarnos así, con la vía por donde sacamos productos”.
Por todo esto Colibrimining ha denunciado al Bermeo alcalde ante el Maate, ha escrito cartas al Presidente, al gobernador de Azuay y al Ministro de Energía y Minas. Finalmente, le demandó penalmente ante la Fiscalía del Azuay.
Aduce que subsanó las recomendaciones de Arcernnr que pudieron dado que la vía está cerrada y que la descarga de sus cuatro bocaminas no contamina y sin siquiera pruebas de laboratorio no hay causal de suspensión.
Además, sus técnicos dicen que si la mina contaminara el agua no tendrían piscinas de tilapias, sanas y buenas, contiguas a la mina que muestran con orgullo.
Señor César Mora, segundo desde la izquierda.
Izquierda: ingeniero Guillermo Flores, director ejecutivo de la Arcernnr el 30 de mayo en Shumiral, mostrando letreros como los colocados en la mina Colibrí.
Los manifestantes apoyando la interrupción de la vía alterna con maquinaria del Municipio.
Mina de fantasía y un área vulnerable a la ilegalidad
El objeto del deseo en esta batalla es un yacimiento de oro cuyo tamaño no se conoce pero tiene concentraciones de fantasía. Testigos afirman que hubo muestras con hasta 300 gramos por tonelada. Una fuente nos dijo que la ley promedio es unos 30 gramos por tonelada.
La mina Colibrí se encontraba en producción desde mediados del 2021. Para ello invirtieron unos US$ 3 millones entre empleados, campamento, logística de perforación, licenciamiento ambiental y seguridad. Tiene 100 trabajadores, 80 oriundos de la zona. El material mineralizado se procesaba en el barrio La López.
En los años setenta se extendió la fiebre de oro al instalarse la primera planta de procesamiento de la empresa Orenas: los mineros ya no tenían que llevar el material extraído a Portovelo. “La Ponce” ha sido tierra de minería formal e informal y las guardias privadas armadas han tenido allí harto trabajo.
Pero a veces también ha sido escondite de mafias y cuando alguien se ha atrevido a denunciar y logrado atención se han dado operativos como el realizado en noviembre de 2021 en el que se encontró un pequeño arsenal en una mina local, según reportó el medio digital “Lo del Momento Loja”.
