Diversas organizaciones sociales de la provincia de Loja presentaron hace unos días el escrito en el que plantean una acción de protección ante la Corte Constitucional pues, sostienen, dicho organismo debe declarar que se ha vulnerado el derecho que tienen los pobladores de la parroquia de Gualel a la consulta ambiental, al agua y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Señalan los accionantes que se trata de una reacción a la sentencia que a fines del año pasado dictó la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Loja “negando el amparo directo y eficaz a los derechos de comuneras y comuneros” de Gualel, Loja y Fierro Urco.
La sentencia de la corte de Loja “tiene múltiples errores de forma y fondo (…) menciona el nombre de una abogada ajena al proceso (…) recoge en un párrafo y mal nuestros argumentos mientras que los del gobierno los recoge en 32 páginas, evidenciando la parcialidad que existió en el proceso”, señalan.
Dicen también que “entre los problemas de fondo está que la Corte Provincial se niega a reconocer como vinculantes a precedentes de la Corte Constitucional y desconoce la facultad que tiene cualquier persona o grupo de personas de presentar una acción legal en representación de los derechos de la naturaleza”.
Sostienen además que la corte no tomó en cuenta el Informe técnico de delimitación del área de protección hídrica del Sur elaborado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
