Los gremios mineros pasaron al análisis de las opciones jurídicas para poner un alto a la vigencia de la tasa de supervisión que impuso a las empresas mineras el Gobierno hace dos semanas, ante la negación de las autoridades a instalar mesas técnicas para rehacer un aporte económico para el control a la minería criminal, con un proceso participativo, con sustento técnico y justificado, un nuevo esquema de “fiscalización”.
El gobierno mantiene a sus autoridades del sector minero dando la cara a una comunidad empresarial y profesional decepcionada e indignada para la cual el gobierno no está entendiendo la importancia de la minería para la economía del país. “Están matando a la gallina de los huevos de oro”, afirman mineros y profesionales con años vinculados al negocio.
Aunque oficialmente solo una compañía canadiense, Aurania, se ha pronunciado sobre la tasa de supervisión y control minero calificándola de insostenible, porque sobrepasa lo que ha invertido en los últimos tres años en la fase de exploración que se encuentra, las cámaras que representan a todos los regímenes y exportadores mineros coinciden.
Que la tasa es confiscatoria, que es un impuesto, que matará a la exploración, acabará con la imagen del país para invertir, espantará la llegada de compañías de alto calado y solo echará más leña al fuego de la minería criminal, se afirman en todos los pasillos en donde transitan buscando casi desesperadamente un interlocutor que les abra una puerta a la transparencia, el análisis técnico, el diálogo o algún atisbo de serio interés por su opinión basada en la experiencia, la de los que conocen como funcionan los proyectos mineros, inversiones de riesgo y a largo plazo.
Que la tasa es desproporcionada, que no corresponde a sus ingresos, que las empresas de exploración no producen todavía que solo invierten, que es injusta, incompatible con los principios constitucionales y con los objetivos de desarrollo sostenible del Ecuador, que no existe en ningún otro país del mundo, han dicho, sin que el gobierno dé su brazo a torcer.
En la semana que pasó, la Arcom convocó a gremios del sector y a titulares mineros y asistieron alrededor de 50 personas entre presidentes y delegados de cámaras mineras, el colegio de ingenieros en geología, minas, petróleos y ambiental de la Sierra, porque la convocatoria decía “a Mesas de Trabajo sobre la Tasa de Supervisión y Control Minero”.
En estas, el coronel Luis Bonilla, director ejecutivo de la Agencia de regulación y Control Minero, Arcom, entidad responsable del cuadro de gastos para dotarse de capacidades institucionales para el control de la minería y el cálculo de los recursos que se levantarán con la tasa, se mantuvo firme en que el objetivo de la reunión era explicar la aplicación de la fórmula para el cálculo de la tasa. La misma que no es más que una multiplicación de un porcentaje según el régimen, la fase de actividad y el número de hectáreas.
Ningún misterio si uno tiene claro cuáles son las características de sus concesiones, es decir, en qué régimen se encuentran registradas: general, pequeña, mediana o gran minería; en qué fase de actividad: exploración inicial, avanzada, factibilidad económica o explotación; y cuántas hectáreas abarcan.
Por ejemplo, según la Ley de Minería de Ecuador, el proyecto minero Curipamba-El Domo, que la última semana tuvo que afrontar con la ayuda de la Policía Nacional protestas de población que se opone a su realización en la parroquia Las Naves, sector La Unión, se encuentra en la etapa de explotación.
La construcción de la mina comenzó en enero de 2025, tras haber superado la etapa de evaluación económica y haber obtenido la licencia ambiental en enero de 2024. La Ley establece que, una vez concluida la exploración avanzada y la evaluación económica (que determina la viabilidad del proyecto), se pasa a la fase de explotación, que incluye la construcción y operación de la mina. Por lo tanto, las actividades actuales de construcción de Curipamba-El Domo corresponden a la etapa de explotación.
Según la información disponible y la Ley de Minería de Ecuador, el proyecto minero Warintza, operado por Solaris Resources en la provincia de Morona Santiago, se encuentra en la etapa de exploración avanzada.
La Ley de Minería de Ecuador establece que la etapa de exploración avanzada implica actividades detalladas de perforación y estudios geológicos para definir con mayor precisión los recursos minerales, mientras que la evaluación económica es una fase posterior que analiza la viabilidad económica del proyecto antes de pasar a la explotación.
Reportes recientes, como los del Banco Central del Ecuador y otras fuentes, indican que Warintza está realizando perforaciones de relleno y estudios geológicos, actividades propias de la exploración avanzada, y no ha iniciado aún la evaluación económica formal, sin embargo, la empresa ha manifestado su compromiso con el adelanto de la prefactibilidad para mediados de este año, por lo cual no falta mucho para que salga.
No obstante, el cálculo de la tasa se aplicará en la fase en la que se encuentra formalmente, es decir, exploración avanzada, un 75% de una remuneración básica unificada (RBU) multiplicada por el número de hectáreas de todas sus concesiones sumadas, dividido para doce y multiplicado por siete, que son los meses que estará vigente la tasa en el año 2025.
Al finalizar la jornada del miércoles 25, los gremios mineros, representantes de algunas compañías y asociaciones de profesionales se autoconvocaron en las oficinas de Curimining en Quito, para tratar de organizar estrategias frente a la tasa de fiscalización minera, es decir, coordinar acciones gremiales, legales y comunicacionales frente a la nueva tasa establecida por Arcom.
Fe de erratas:
En nuestra nota del 15 de junio: Aurania tendría que pagar por la tasa minera US$ 48 millones hasta el 31 de enero de 2026 / Mineros en Ecuador cuestionan la imposición de tasas de inspección https://www.viaminera.com/recientes.html/#Mineros%20en%20Ecuador%20cuestionan%20la%20imposici%C3%B3n%20de%20tasas%20de%20inspecci%C3%B3n dijimos que Aurania tendrá que pagar 24 millones de dólares hasta el 31 de julio de 2025. Todo se debió a una pésima lectura de la resolución ministerial de nuestra parte. En realidad, lo que Aurania tendrá que pagar será un aproximado de US$ 2 millones por el mes de junio de 2025, hasta el 31 de julio, y US$ 12 millones, correspondientes al segundo semestre de 2025, hasta el 31 de enero de 2026.
Además, en nuestra nota del 22 de junio, Gobierno firme con la ´tasa antiminera´, pese a las incongruencias, https://www.viaminera.com/recientes.html/#Gobierno%20firme%20con%20la%20%C2%B4tasa%20antiminera%C2%B4, dijimos que Curipamba-El Domo tiene 21 500 hectáreas pero, en realidad, de fuentes oficiales tenemos que el área total es de 30 372 has que incluye todas las concesiones del proyecto en las provincias de Bolívar y Los Ríos. El dato de 1458 has es el Ministerio de Energía y Minas, estimamos que solo se refiere a la concesión en la que efectivamente será la explotación. El resto de hectáreas se encontrarían en exploración, inicial y/o avanzada, por el momento no incluimos los datos.
Gobierno firme con la ´tasa antiminera´
