Medio centenar de figuras y personalidades del sector minero se reunieron el pasado martes 12 de enero, convocados por ese promotor incansable que es Hassan J. Becdach, para dar respuesta a lo que se considera el golpe mortal a la minería metálica en Ecuador: el proyecto de reforma a la ley de recursos hídricos que está listo para el segundo debate en la Asamblea Nacional.
Decididos a tomar al toro por las astas, actores directos e indirectos, nacionales y extranjeros, grandes o pequeños pero todos ellos relacionados con el sector minero, conformaron el Frente de Defensa de la Minería Responsable e intercambiaron criterios que a las pocas horas quedaron plasmados en el primer pronunciamiento del frente, que reproducimos en esta edición.
En la reunión, realizada en formato virtual, no estaban (excepto una, INV Metals) las empresas que tienen a su cargo el desarrollo de los proyectos de la mediana y gran minería. Se supo que el directorio de la Cámara de Minería de Ecuador se reunía a esa misma hora en otro local para analizar el mismo tema y que emitiría un comunicado al respecto. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, dicho documento no se había hecho público.
Los que estaban en la reunión virtual eran representantes de diversos sectores involucrados con la actividad minera. Dirigentes y afiliados a la Cámara Nacional de Minería, a la Cámara de Minería del Azuay, a la organización femenina Women en Mining y a la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador; así como a la Comisión Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales, entre algunas instituciones, compartían opiniones con empresarios proveedores y profesionales, asesores de empresas o ex autoridades, en torno a la situación del sector.
Desde su perspectiva, la minería está enfrentando una campaña mal intencionada llevada a cabo por parte de grupos antimineros, que la están convirtiendo en un tema político con información distorsionada y errada respecto de sus impactos y pretendiendo bajo cualquier acción u acto de autoridad dejarla vedada o totalmente limitada.
Coincidieron en señalar que las empresas mineras, en observancia de la normativa nacional vigente, así como en cumplimiento de los estándares y buenas prácticas requeridos por la industria minera responsable, desarrollan proyectos mineros con los más altos estándares ambientales y sociales.
Dichos proyectos, afirmaron, están generando beneficios económicos al Ecuador que están siendo registrador por el Banco Central que, en sus estadísticas, confirma que la minería ha contribuido como unos de los tres sectores de mayor aporte al erario nacional durante el año 2020.
“Nos encontramos frente a un Informe para Segundo Debate de la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales que pretende reformar cuerpos legales importantes como la Ley de Minería y Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, bajo criterios y propuestas que a toda luz y análisis legal formal constituyen acciones discriminatorias, inconstitucionales e ilegales”, enfatizaron.
Dijeron que el proyecto, presentado por el asambleísta Luis Pachala, de CREO, introduce elementos que no forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano ni doctrinario y tampoco cuentan con criterios y aportes técnicos del ministerio rector, de los organismos colegiados, de las cámaras ni de ninguno de los actores principales del del sector minero,
Dicha situación, explicaron, torna ilegal toda pretensión de reforma contenida en el proyecto.
A continuación, el manifiesto:
Manifiesto por la defensa de una minería responsable
de aporte al desarrollo productivo del Ecuador
Quito, 12 de enero de 2021
Considerando la situación que afronta la minería en el Ecuador actualmente, todos los actores directos e indirectos nacionales y extranjeros relacionados con el sector minero así como sus adherentes, convocados voluntariamente para conformar un Frente de Defensa de la Minería Responsable, a través del presente Manifiesto hacemos conocer a la opinión pública del Ecuador, a la Asamblea Nacional, al Gobierno Nacional, y a la comunidad en general nuestro punto de vista:
1. Los actores mineros en observancia de la normativa nacional vigente, así como en cumplimiento de los estándares y buenas prácticas requeridos por la industria minera responsable, desarrollamos proyectos mineros con los más altos estándares ambientales y sociales, que como se ha demostrado, están generando beneficios económicos al Ecuador y que según el Banco Central, ha contribuido como unos de los tres sectores de mayor aporte al erario nacional durante el año 2020, año de grandes desafíos ante la pandemia.
2. Estamos ahora enfrentando, a un escenario donde la minería, de forma mal intencionada por parte de grupos “antimineros”, la están convirtiendo en un tema político con información distorsionada y errada respecto de sus impactos y pretendiendo bajo cualquier acción u acto de autoridad dejarla vedada o totalmente limitada. Así entonces nos encontramos frente a un Informe para Segundo Debate de la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales que pretende reformar cuerpos legales importantes como la Ley de Minería y Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, bajo criterios y propuestas que a toda luz y análisis legal formal constituyen acciones discriminatorias, inconstitucionales e ilegales introduciendo elementos que no forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano ni doctrinario, y sin contar con criterios y aportes técnicos tanto del Ministerio rector, como de los organismo colegiados, Cámaras y actores del sector minero, lo que torna ilegal toda pretensión de reforma.
3. Exhortamos al Presidente de la Asamblea Nacional a gestionar la revisión del procedimiento aplicado por la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales en el tratamiento de las propuestas de Reforma a la Ley de Minería y Reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, así como la legalidad de los contenidos recomendados para segundo debate, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones en el sector minero, mediante la eliminación de los artículos que afectan directamente a la actividad minera.
4. Exhortamos al Gobierno Nacional, en especial al Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, rector del sector minero, a ejercer sus facultades constitucionales y legales así como, a accionar de manera emergente en defensa del sector y garantizar las inversiones, trabajo, empleo generado en ejercicio de una actividad legalmente reconocida y regulada técnica, económica y ambientalmente, bajo un compromiso social, con énfasis en los siguientes aspectos emergentes y fundamentales para el sector minero:
Gestionar las acciones inmediatas ante la Asamblea Nacional y su Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales para que no se pretenda reformar la Ley de Minería y Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua con propuestas discriminatorias, inconstitucionales y contrarias a las normas vigentes en la República del Ecuador.
Fortalecer el liderazgo en la ejecución de la Política Pública Minera 2019-‐2030 para lograr el acceso y distribución de los ingresos del aprovechamiento de los minerales y garantizar el desarrollo sostenible de los proyectos en beneficio de las comunidades y pueblos del Ecuador.
Apoyar las iniciativas del sector privado, gremios, sociedad civil y academia para el desarrollo de una agenda productiva de la minería que permita: seguridad jurídica, entendida esta como la capacidad de dotar de solidez jurídica a los proyectos mineros en exploración y explotación bajo su permanencia en el tiempo y cumplimientos legales y contractuales, y la sostenibilidad de la inversión en exploración y explotación, propendiendo al desarrollo económico y social del Ecuador.
Garantizar una Administración de Justicia con actuaciones objetivas, que perduren en el tiempo, coherentes con el marco regulatorio, enfocadas al interés general y que propenda al análisis y soluciones tendientes a la coexistencia de derechos en la diversidad y no limitativa de las facultades estatales.
Promover la transparencia de doble vía, Estado y empresa, bajo los principios que están encaminados a promover una industria responsable justa y sostenible y la implementación de Estrategias de Sostenibilidad Corporativa bajo estándares EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) que promueve la gestión abierta y responsable de los recursos extractivos.
Desarrollar e implementar una estrategia comunicacional conjunta con el sector privado sobre minería en territorio, para un mejor acompañamiento a las acciones de las empresas mineras que respalde los beneficios y los esfuerzos de sostenibilidad de minería.
Fortalecer y consolidar la capacidad institucional, el sector minero debe contar con un ministerio altamente técnico especializado, un Ministerio de Minería.
Construir un modelo de gestión interinstitucional que permita la coordinación, celeridad y eficiencia en los procesos de otorgamiento de permisos necesarios para las actividades mineras en cumplimiento con la Política Pública Minera.
Fortalecer el control sobre la minería legal e ilegal.
Promover y liderar el diálogo, los consensos para un entendimiento en el desarrollo de las actividades mineras productivas.
5. Ante este escenario, dejamos en claro que nuestro accionar y gestiones estarán dirigidas a la defensa del sector minero y los derechos legítimamente otorgados por el Estado ecuatoriano y al cumplimiento de los compromisos con las necesidades de las comunidades para un crecimiento conjunto, sin embargo, es imperativo y necesario para el sector la consolidación de la Política Pública Minera 2019-‐2030 que permita al sector continuar invirtiendo para el crecimiento y fortalecimiento de la productividad minera, hacia el cumplimiento de su rol primordial de aporte a la dinamización de la economía ecuatoriana.
6. Finalmente, trabajaremos incansablemente para contribuir en la construcción de un mejor país, somos actores y autores en el cambio imperante que la industria minera proporciona para el desarrollo económico, recuperación económica y progreso clave para el Ecuador. Estamos vigilantes con el Estado, para que garantice nuestras inversiones y observe la planificación para el desarrollo del país, estaremos atentos a responder y defender nuestros derechos y nos comprometemos con nuestras comunidades y zonas de influencia una vez más, nada nos detendrá. Bajo ningún aspecto permitiremos que la minería se convierta en un tema de contienda o intereses políticos, pues constituye un sector productivo que debe ser visto y discutido desde los estamentos técnicos con el conocimiento necesario y la información especializada.
Vienen firmas, en primer lugar, la del ingeniero Hassan J. Becdach
