Los datos de las importaciones de explosivos son incuestionables: en el año 2025 los precios de importación no justifican los incrementos de costos de todos los productos que forman parte de los explosivos. Los mineros legales están desprotegidos del abuso y la especulación, fomentados en un contexto de alarmante incremento de la minería criminal y del tráfico de explosivos.
A la cada día más alarmante y escandalosa ampliación del control criminal de minas operativas y de espacios con potencial de explotación aluvial, los explosivos son un eje importante de la actividad del tráfico ilegal y la especulación.
La explicación razonable del incremento de precios, para los mineros que nos han denunciado con documentos de aduanas, es que se ha creado un acuerdo del oligopolio de los importadores para abusar del sector minero.
Lo que se observa mirando en detalle los archivos de enero a septiembre del año en curso es que, en realidad, todos los productos están repartidos entre los cuatro únicos importadores autorizados.
Ellos son Rómulo Enrique Salazar Sánchez; Tecnovoladuras, que pertenece a una familia; Comercializadora e Importadora Nacional de Explosivos y Accesorios, Cominexpa S.A. perteneciente a dos accionistas; y la empresa Explocen C.A. que tiene un 40% de capital accionario de Estados Unidos, en la participación de Austin International INC. y el resto corresponde al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Issfa.
Los datos publicados corresponden a los precios unitarios de todas las importaciones realizadas en 2025 hasta el mes de septiembre, obtenidas de fuentes oficiales pero reservadas.
El archivo completo contiene además, la descripción, el producto, el país de origen, la marca, el embarcador, los valores de cálculo de aranceles (advalorem), los precios fob del total, las cantidades, los valores del flete y el seguro. Finalmente, el dato que recogimos para publicar, es el valor unitario fob de cada producto y su descripción.
Un caso claro, aunque hay muchos, es la importación de fulminante en febrero que para septiembre apenas se incrementa en 0,07 centavos de dólar. El incremento al consumidor local, en este primer ejemplo, fue de 55 centavos por unidad, el fulminante subió de precio de US$ 0,45 a US$ 1.
Así se han filtrado los datos por importador, producto, marca y mes de importación y se observan los insignificantes incrementos de precios de importación.
Situación ante la cual los mineros dicen: ¡nos están liquidando!
Casi todos los explosivos son importados
La única fábrica operativa que produce explosivos industriales en el país pertenece a Explocen C.A., se ubica en Latacunga, provincia de Cotopaxi, y fabrica dinamitas, pentolitas, emulsiones y agentes de voladura para usos en minería, construcción, obras civiles y exploración sísmica, según su publicidad.
Pero su producción solo cubre alrededor del 8% de la demanda nacional en sectores como minería, construcción e hidrocarburos, de acuerdo a Mundominero.com.ec
La ley y la instalación de fábricas de explosivos
Establecer fábricas de explosivos está estrictamente regulado por la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, publicada en el Registro Oficial No. 680 el 11 de noviembre de 2024.
Pueden solicitar la autorización solo personas jurídicas de naturaleza pública, privada o de economía mixta pueden solicitarlo.
El Ministerio de Defensa Nacional otorga la autorización, previa opinión favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La Dirección de Control de Armas del Comando realiza inspecciones.
Los requisitos son un informe técnico del Comando, el cumplimiento de normas de seguridad, trazabilidad y marcación de productos; instalaciones en zonas no pobladas, con perímetros de seguridad, personal especializado y medidas contra riesgos (ej. no en propiedades indígenas o comunitarias) y destino exclusivo a usos autorizados.
Es obligatorio destruir los materiales caducados y obligatorio reportar cualquier incidencia. Y además, en el manejo de explosivos existen sanciones por incumplimiento como multas que van hasta el 100% del salario básico unificado, suspensiones, incautaciones o cancelación de permisos, además de responsabilidades penales.
En Dominicana, la única mina
de larimar del mundo sin seguridad
