En el 2015, el Panel de Alto Nivel Africano publicó en un reporte acerca de Flujos Financieros Ilícitos que África perdió cerca de US$ 1 trillón en flujos financieros ilícitos en los últimos 50 años. En el 2020, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo reveló que el África pierde US$ 89 billones anualmente en flujos financieros ilícitos, viniendo dos tercios – US$ 40 billones – del sector extractivo únicamente.
África, continente de gran riqueza en recursos, pierde US$ 730 millones al año solo en elusión fiscal corporativa. Su minería a gran escala, está en manos de multinacionales con sede general lejos del continente y depende de inversión extranjera directa canalizada desde varios subsidiarios en jurisdicciones con baja o nula tributación. Esta estructura erosiona la base tributaria africana, pagando las compañías menos impuestos donde se extraen los minerales.
En la década entrante, el mundo migrará fuera de los combustibles fósiles, y las industrias extractivas del África también deberán hacerlo, pesar de haber contribuido poco a la crisis climática. El viraje hacia la minería abre nuevas oportunidades, pero sin cambios estructurales a lo largo de la cadena de valor hechos doméstica, regional e internacionalmente, el modelo extractivista que ha caracterizado a la minería por un siglo podría permanecer.
Estimados indican pérdidas y daños tan altos como US$ 290 – 580 billones anuales para el 2030 en los países de menor ingreso, y concluyen en que se necesita una reforma de la arquitectura tributaria global para abordar los legados históricos de la colonización y los daños ecológicos.
Desde 1990 los países de menor ingreso invocan a los de mayor ingreso a asumir la responsabilidad por el pasado y actual daño medioambiental con financiamiento, a lo que se han resistido por las implicancias legales que tendría esto para las emisiones pasadas y presentes.
Las iniciativas que aplican un impuesto al carbono para abordar la justicia climática nos acercan más su precio al verdadero costo social e influencian comportamientos de compra que alinean el mercado a los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, como se señala en el informativo del Foro de Administración Tributaria Africano, Tributación de Carbono en África, la eliminación de subsidios en combustibles fósiles y la introducción de impuestos al carbono deben hacerse gradualmente considerando las consecuencias sociales y económicas.
Existe el riesgo de que estas herramientas de retasación tributaria regional y nacional serán utilizados en detrimento de otros países. Por ejemplo, la Unión Europea ha entrado a un acuerdo provisional sobre el Mecanismo de Ajuste de la Frontera de Carbono, que establece una tarifa en productos importados intensivos en carbono.
La Fundación Climática Africana y el Instituto Firoz Lalji en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres afirman que este mecanismo podría crear dificultades a las administraciones africanas, aumentando el costo de las exportaciones, exacerbando inequidades y perpetuando desbalances comerciales.
En noviembre del 2022, representando al Grupo de África, Nigeria emitió una resolución en la ONU para empezar discusiones intergubernamentales sobre tributación internacional y establecer un cuerpo tributario intergubernamental dentro de ella. Esta fue aceptada por consenso, marcando un viraje tras 60 años de reglas establecidas por la OCDE.
A mediados del 2023, el secretario general de la ONU publicó un reporte con recomendaciones para incluir un “proceso intergubernamental de la ONU que balancee fortalezas existentes y aborde brechas y debilidades en los actuales esfuerzos de cooperación tributaria internacionales”.
La cooperación Pan-Africana debe apoyarse con otros bloques regionales que velen por un desarrollo nacional, como el primer Encuentro de Latinoamérica y el Caribe para un Orden Tributario Global Equitativo, Sostenible e Inclusivo que tuvo lugar recientemente en Colombia.
Sin una transformación estructural, el sistema económico solo consolidará más inequidades. Los gobiernos deben ser proactivos en cerrar vacíos en sus regímenes fiscales que perjudiquen la movilización de ingreso doméstico y en que sus comunidades se beneficien; deben tomar o mejorar medidas políticas para reducir prácticas abusivas de traslado de ingresos, incluyendo el intercambio automático de información financiera entre países, registros de propiedad beneficiosos, reportes país por país para las compañías multinacionales y tributación unitaria del ingreso con una tasa mínima global.
