Por: Rómulo Mucho*.
Tras 5 días de deliberaciones, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ha determinado que el Contrato-Ley 406 entre el Estado panameño y la canadiense First Quantum Minerals para operar la mina Cobre Panamá por 20 años, prorrogable para otros 20 años más, es inconstitucional. Esto es un fallo histórico que marca un hecho sin precedentes sobre el que sin duda habrá repercusiones legales y políticas, destacando la compleja relación entre las corporaciones internacionales con la soberanía nacional. Además, con este fallo, se cierra todas las puertas a la minería metálica en momentos que el mundo necesitará más metales para hacer frente al cambio climático.
Intentaremos hacer un análisis desapasionado y objetivo. En este marco, no se puede separar la decisión de la Corte Suprema de Panamá del elevado nivel de protestas por varias semanas en contra de la operación minera. Negar que la presión ciudadana ha influenciado sobre la decisión de la Corte Suprema, sería faltar a la verdad. Esto no quita la posibilidad de alguna irregularidad que se pudiese haber presentado en el manejo de los aspectos contractuales cuando era proyecto minero. La Corte identificó que la mencionada ley violaba 25 artículos de la Constitución de la República de Panamá. Con un adecuado nivel de diálogo entre las partes y comunicación asertiva con la población la situación se hubiese podido resolver dentro de lo estipulado por la ley.
El problema radica en la falta de comunicación o una mala comunicación desde el Estado y desde la empresa hacia la población. Sin una buena comunicación entre las partes la protesta se incrementa como cuando se va formando una bola de nieve. El conflicto social es parte de la naturaleza humana. Un conflicto en sí mismo no es malo, lo malo es no saber gestionar y resolver el conflicto. En América Latina, muchos sectores aun no conciben a la minería como la respuesta a una necesidad global de brindar mejores condiciones de vida a la población mundial. Por poner sólo algunos ejemplos, la rapidez de comunicación inalámbrica, las bondades de los modernos equipos médicos, el transporte marítimo, terrestre y aéreo, etc. no serían posibles sin la minería.
El cobre está siendo considerado como uno de los metales críticos en el proceso de descarbonización de la industria y en general, de la economía global. Panamá tiene cobre, pero la falta de una comunicación objetiva hacia la población, ha generado una protesta masiva sin precedentes por varias semanas, sustentada en la justa preocupación por el cuidado del ambiente con énfasis en el recurso hídrico. Se está llegando a una situación a la que nunca se debió llegar. Nadie niega que se ha optado por una salida basada en la jurisprudencia panameña y a la que se llegó porque no se atendió oportunamente las inquietudes de la población.
Es importante tener en cuenta que no se trata de un proyecto minero, se trata ya de una operación minera. La mina empezó a operar en 2019 y su construcción inicial se estimó en US$ 6300 millones, la empresa informa que ha invertido US$ 10 000 millones. La lección que va dejando el caso de Cobre Panamá es bastante clara: por más beneficioso y necesario que sea el desarrollo de una actividad minera para un país, si no se muestran las ventajas de manera objetiva a la población, jamás se tendrá la total seguridad de su continuidad. La minería moderna -como la que informa viene desarrollando Cobre Panamá- está obligada a cumplir elevados estándares de cuidado ambiental. Existen normas propuestas por el propio sector empresarial minero global como es el caso del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés), la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la iniciativa de reporte global (GRI) y recientemente enfoque orientado al cuidado del ambiente, al desempeño social y al buen gobierno corporativo de las empresas mineras (ESG), entre otros esfuerzos por desarrollar una minería que forme parte de todo un proceso de desarrollo sostenible. La minería es quizá la actividad industrial más regulada y supervisada en el mundo.
La mina Cobre Panamá es la única operación de gran minería en toda Centroamérica, representa aproximadamente el 1.5% de la producción mundial de cobre y contribuye con un 4.8% del PBI de Panamá, genera empleo directo para 7300 personas e indirecto para unas 40 000 personas y constituye el 75% de las exportaciones de bienes de Panamá. Aportaba US$ 375 millones anuales como impuesto al fisco. La suspensión de esta operación minera tendrá un impacto negativo considerable tanto en la economía local como en el bienestar de los trabajadores y las comunidades.
Ante la orden de cierre de la mina tras el fallo de inconstitucionalidad, la minera canadiense ha estado buscando una solución en el ámbito internacional. Pero al no encontrar respuesta, al parecer ha iniciado el proceso de arbitraje internacional para buscar soluciones ante tribunales internacionales ya que se encuentra en medio de un tratado de libre comercio y protección de inversiones. Este caso podría sentar un precedente importante en el ámbito de las disputas entre corporaciones multinacionales y estados soberanos.
Esperemos la gestión de este conflicto lleve al pueblo panameño a buen puerto. Cada vez cobra mayor vigencia el pensamiento del profesor de la universidad de Harvard, Michael Porter, cuando nos dice: “Empresas y sociedad deben unir sus esfuerzos para obtener un beneficio común”. Humildemente considero que es ese beneficio común, el que no se ha sabido comunicar adecuadamente.
* Ingeniero, ex Congresista de la República y Ex Viceministro de Minas de Perú.
