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En la definición de las nuevas amenazas a la Seguridad Nacional del Ecuador y América Latina figuran, entre otras el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, el deterioro al medioambiente (minería ilegal); pero estos flagelos no están separados, no son excluyentes, están íntimamente relacionados.
El Ecuador hoy por hoy sufre los efectos de todas estas amenazas juntas; pero las autoridades no las están combatiendo de manera integral sino focalizada, aunque las autoridades saben que están relacionadas; el director del CIES, Fausto Cobo por ejemplo, en declaraciones a la prensa en febrero de este señaló que están relacionados los operativos contra minería ilegal con la inseguridad; hay una relación de esta problemática con la criminalidad y la inseguridad en Ecuador dijo Cobo y afirmó que el narcotráfico ha financiado campañas políticas.
“Hay que decirle al país que esta amenaza que es por diferentes vectores en líneas convergentes contra la república,“ dijo Fausto Cobo.
Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico copa, en este momento, todos los esfuerzos de la fuerza pública (Policía Nacional y FF.AA) que se manifiestan con amotinamientos y matanzas entre internos en las cárceles del país; y en los últimos días con atentados explosivos dirigidos contra la policía y la sociedad civil; solo entre el martes 1 y el jueves 3 de noviembre se registraron más de una docena de atentados con explosivos en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Mientras tanto, hay evidencias detectadas por los propios miembros de fuerzas armadas y policía nacional, que custodian el sector de Buenos Aires en la provincia de Imbabura, de que la actividad minera ilegal ha vuelto al sector.
El pasado 28 de agosto de este año, un nuevo hallazgo de material minero fue identificado en un sector de Buenos Aires. Un posible campamento ilegal con insumos y materiales para la extracción de minerales con 64 sacos de material aurífero y 50 sacos más de material aurífero triturado. Incluso, se halló una piscina de sedimentación y fueron confiscadas palas, picos, barras y combos. Cuatro taladros y dos motores de generación eléctrica también fueron decomisados, reseña diario El Comercio el 28 de agosto (Redes de minería ilegal continúan operando en Buenos Aires de Imbabura – El Comercio.)
Los ataques con explosivos de mafias narco delictivas cada vez aumentan en el país. Según las estadísticas oficiales, en el Ecuador durante 2022, se han reportado ya más de 200 atentados con artefactos explosivos, cuya gran mayoría proviene de la actividad minera ilegal, que requiere de explosivos.
Es por ello que Luis Córdova-Alarcón, Coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, sostiene en un artículo publicado a mediados de septiembre de este año, en el portal electrónico Plan V, que “Mientras la narrativa de la narcoviolencia coloniza la opinión pública, la gobernanza criminal se consolida alrededor de la minería. Las autoridades no parecen alarmadas por este fenómeno, pues muy poco se ha hecho al respecto. Por el contrario, han optado por una simplificación banal: «la minería ilegal está relacionada con el narcotráfico».
La gobernanza criminal en la minería es un punto ciego para el Gobierno. Ni siquiera se la menciona en los discursos públicos de los principales voceros del sector seguridad, peor aún en los documentos oficiales, sostiene en su artículo y explica que “La gobernanza criminal es un fenómeno sociopolítico que guarda una relación simbiótica con la gobernanza estatal. Ocurre cuando los grupos criminales controlan gobiernos locales, poblaciones y territorios, pero sin sustituir al aparato estatal; más bien aprovechándose de sus recursos, de sus funcionarios e instituciones para imponer sus propias reglas”.
De allí que mientras el Estado lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal gana terreno en el Ecuador, con la complicidad y participación directa de autoridades locales en las zonas donde se evidenciado este fenómeno.
