Escribe: Carlos Cabrera.
En medio de la crisis provocada por la caída de los precios de la cocaína en Colombia, particularmente en la conflictiva región de Nariño, donde al menos 2 carteles mexicanos, el Frente 30, el Frente Oliver Sinisterra y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), compiten por el control de diferentes economías ilícitas, se ha observado un preocupante cambio en las cadenas de valor de estas actividades delictivas: están migrando del narcotráfico hacia la minería ilegal.
En los últimos años, se ha evidenciado una transformación en las estrategias de los grupos criminales, quienes buscan nuevas oportunidades económicas para mantener sus operaciones y asegurar su rentabilidad. La minería ilegal ha surgido como una alternativa atractiva, ya que ofrece mayores beneficios en términos de ganancias y poco riesgo debido a la incapacidad estatal para entender las lógicas de estos mercados ilegales.
Esta tendencia de migración de economías delictivas, se ha expandido a la zona de frontera norte del Ecuador. Según un informe de 2022 de la Organización de Estados Americanos, las regiones a lo largo de la frontera norte con Colombia y en sus cercanías, como Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo y Sucumbíos, son focos de minería ilegal en Ecuador. La intensificación de la minería ilegal se da sobre todo en Buenos Aires, específicamente en el cantón San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura. A partir de 2017, se descubrieron grandes yacimientos de oro en la zona, lo que atrajo a más de 10.000 mineros ilegales, muchos de ellos provenientes de otras partes de Ecuador, Brasil, Perú y Colombia. Esta migración de mineros ilegales coincidió con la llegada de bandas criminales de Colombia y otros lugares, que buscaban aprovechar el oro descubierto.
En medio de la pandemia, la presencia de estas bandas criminales se expandió y provocó un aumento de la violencia, los homicidios y otras actividades delictivas como la trata de personas, las extorsiones y el contrabando transfronterizo de gasolina y explosivos. Según informes de seguridad de Fuerzas Armadas solo en 2022, se extrajeron ilegalmente más de 11 mil sacos de material aurífero de las de la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Adicionalmente, desde septiembre de 2022 la banda de ‘Los Lobos’ tomó el control de la zona cobrando un impuesto del 10% de todos los minerales extraídos. Según el centro de pensamiento ‘InSight Crime’, ‘Los Lobos’ también han establecido el control de gran parte del sector de la minería ilegal en Ecuador, convirtiéndolo en un firme pilar de sus ingresos criminales y especializándose en este crimen, tras la crisis de la coca en Colombia.
Como podemos ver, lo que estamos encontrando es un establecimiento de redes estructuradas con la capacidad de gobernanza criminal en la zona de Buenos Aires, configuradas dada la alta rentabilidad que genera la minería ilegal. Cuando la institucionalidad estatal es débil, no solo entendida como la capacidad de ejercer la ley, sino también como la capacidad de generar mediante políticas públicas, salud, educación, empleo; son las organizaciones criminales las que van a comenzar a generar un orden social paralelo. Entonces el crimen organizado transnacional está empezando a generar servicios conexos, o sea cadenas de valor que dan como resultado rentabilidad social. Esto con el costo final de extorsiones, violencias varias, prostitución, muerte y pasivos ambientales que nadie remediará.
Los noticieros todos los días nos inundan de noticias sobre narcotráfico e incautación de drogas. Los políticos hablan de narco y de como ‘enfrentarlo’. Ni los medios, ni los políticos se han puesto a pensar sobre cómo funciona el crimen organizado transnacional. No hablan de enclaves productivos, cadenas de valor, mercados ilegales emergentes, ni gobernanzas criminales. Juegan a la retórica, sin saber de qué están hablando.
Es hora de hablar del elefante en la sala, la minería ilegal. Es necesario plantear entonces, una discusión seria sobre la seguridad del país, más allá del cliché del narco y sobre todo la seguridad de provincias como Imbabura, donde la tasa de pobreza es de 29,4%. Es prioridad buscar estrategias que permitan desmantelar la gobernanza criminal dentro de la provincia que se halla articulada a la extracción ilegal de oro, como un enclave productivo. Sino la capacidad del crimen organizado seguirá creciendo y la amenaza será cada vez más difícil de contrarrestar.
