Más de un centenar de organizaciones, académicos, abogados y activistas solicitaron a la empresa canadiense DPM Metals (TSX, ASX: DPM), el cierre definitivo de su proyecto minero Loma Larga, antes Quimsacocha, en Ecuador y que «cumpla la ley». La minera ha respondido que analizará la misiva y, paralelamente, enjuició penalmente a un grupo de dirigentes sociales por “daño a propiedad privada”.
En una carta enviada al presidente y consejero delegado de la compañía, David Rae, 26 organizaciones civiles de Canadá, así como otras 80 de 18 países de todo el mundo, señalaron que pese a las decisiones judiciales en contra del proyecto y la revocación de su licencia medioambiental, DPM parece tener la intención de «continuar sus operaciones».
«El historial de DPM Metals de incumplir la ley, junto con la forma violenta e irregular en que la empresa obtuvo su licencia ambiental, no ha hecho más que avivar el malestar y el descontento en la región y en el país», señaló la misiva.
La carta, cuyo contenido fue conocido el 20 de noviembre, también ha sido enviada al embajador de Canadá en Ecuador, Craig Kowalik, el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, y varios políticos canadienses.
El controvertido proyecto minero de Loma Larga, a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, tiene una inversión prevista de hasta 500 millones de dólares estadounidenses para extraer reservas aproximadas de 925 000 onzas de oro así como plata y cobre.
Desde su inicio, el proyecto de DPM Metals ha causado un fuerte rechazo de la población ecuatoriana y organizaciones de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.
En septiembre, decenas de miles de personas se manifestaron en Cuenca para expresar su rechazo al proyecto, que según líderes indígenas había obtenido su licencia ambiental de forma fraudulenta en junio de este año.
Poco después, el Gobierno ecuatoriano inició el proceso para suspender la licencia ambiental por poner en riesgo el complejo de lagunas de Quimsacocha, que se encuentran cerca de Cuenca y que abastecen de agua a varias localidades cercanas.
El pasado 6 de octubre, DPM Metals señaló en un comunicado que estaba valorando sus «opciones» tras recibir la notificación de que la licencia había sido revocada por las autoridades ecuatorianas.
«A la luz de este desarrollo, estamos valorando todas las opciones disponibles para preservar el valor y mantener la flexibilidad para nuestros accionistas», afirmó la minera canadiense.
En esta ocasión, la presión a la minera para abandonar su estancado proyecto de oro y cobre fue reseñada en el renombrado medio de la industria internacional Mining.com. “Un centenar de organizaciones de la sociedad civil y 48 académicos, líderes indígenas y activistas instaron a la empresa en una carta abierta el jueves a cerrar permanentemente la mina y a respetar las sentencias judiciales y los referendos locales”, dijo la nota en su apertura el 24 de noviembre.
“DPM está comprometida con altos estándares ambientales y transparencia, y cumplimos estrictamente con las leyes de los países donde operamos”, declaró la portavoz Jennifer Cameron a The Northern Miner, publicación hermana de Mning.com, en respuesta a preguntas por correo electrónico. “La empresa está revisando la carta abierta”, añadió, de acuerdo a lo publicado.
“El conflicto sobre Loma Larga se ha convertido en una prueba para los derechos constitucionales de la naturaleza en Ecuador, el peso de los plebiscitos locales sobre la política minera nacional y la forma en que los mineros canadienses gestionan el riesgo legal y social en jurisdicciones políticamente sensibles”, afirma la nota firmada por Henry Lazenby.
“La carta surge tras una queja ante la Comisión de Valores de Ontario, en la que se alega que DPM no ha revelado completamente las amenazas legales que plantea la suspensión del proyecto”, agrega.
Los lugareños exigen una Kimsakocha (cuenca o cabecera) sin minería, instando a la empresa a retirarse en lugar de poner a prueba la constitución ecuatoriana y a sus comunidades en tribunales internacionales, señala el reporte, y se refiere a la prohibición constitucional de aceptar arbitrajes internacionales en los negocios del Estado, que usualmente no es respetada.
Varios líderes de juntas locales de agua, organizaciones campesinas e indígenas que ayudaron a organizar la marcha del 16 de septiembre enfrentan ahora cargos penales y el bloqueo de cuentas bancarias, lo que los firmantes describen como parte de un patrón más amplio de criminalización de los defensores del medio ambiente.
Los firmantes argumentan que los referendos municipales vinculantes celebrados en 2019 y 2021 -en Girón y Cuenca- extinguieron cualquier derecho a avanzar con el proyecto en un humedal de gran altitud que abastece los sistemas hídricos de cientos de miles de personas río abajo.
En el aspecto técnico, la carta menciona un estudio de 2022 realizado por la Corporación Geoambiental Terrae de Ecuador y un informe de 2024 de la empresa municipal de agua y servicios básicos de Cuenca, Etapa.
Estos estudios detectaron altos niveles de arsénico y advirtieron que las estrechas conexiones hidráulicas entre las obras subterráneas planificadas, los humedales y las aguas subterráneas podrían poner en riesgo el suministro de agua potable regional si la infraestructura de la mina o la planta de relaves fallaban.
Concluyeron que el proyecto no justificaba el riesgo ambiental.
DPM rechazó esa evaluación. La gestión responsable del agua y el sensible ecosistema que rodea Loma Larga son fundamentales para el diseño de la mina, afirmó la portavoz Cameron.
Las medidas de protección ambiental cumplen o superan los estándares ecuatorianos, añadió, esta postura cuenta con el respaldo de expertos independientes y organismos reguladores.
En junio, el Ministerio del Ambiente de Ecuador emitió una licencia para la etapa minera de Loma Larga, tras lo que la empresa describió en su momento como una rigurosa revisión gubernamental. Sin embargo, en octubre, el ministerio revocó la licencia, tras meses de protestas locales y cuestionamientos de las comunidades indígenas sobre la legitimidad de los procesos de consulta. Con información de EFE y Mining.com
