Al cierre de esta edición, la Procuraduría General del Estado aún no había convocado a las partes involucradas en procurar la solución amistosa que marque el inicio de las conversaciones orientadas a atender el pedido de Codelco a Enami: que se forme la empresa que haga posible la explotación de Llurimagua.
La semana que pasó el precio del cobre llegó a niveles no vistos hace casi una década. Un vicepresidente de una de las mineras más grandes del mundo dijo que se requería incrementar la producción de cobre para atender las necesidades de la industria, no sólo la de fabricación de autos eléctricos sino en general.
En ese contexto estaría iniciándose la negociación planteada por la estatal chilena debido a la parálisis que atacó a la iniciativa estatal ecuatoriana durante nueve meses, durante los cuales estuvo sin mover un dedo para materializar Llurimagua Copper.
Para completar el trabajo hay aún muchos temas pendientes. Uno es el compromiso fijado en el Pacto de Accionistas del año 2015 en virtud del cual Codelco, que tuvo a su cargo los trabajos exploratorios, debe pasar a Enami toda la información geológica obtenida después de perforar 100 mil metros en la concesión.
Al respecto, lo que es público porque Codelco lo incluyó en una de sus memorias, es la existencia estimada de 3,8 mil millones de toneladas de mineral de cobre con una ley de 0,45%.
Falta saber también si las autoridades de Enami aceptarán la valorización que haga la estatal chilena o decidirán hacer lo que hacen las empresas en estos casos: contratar a un tercero independiente para que realice una nueva valorización que tenga en cuenta todos los “aspectos modificantes” del negocio.
Falta además el pronunciamiento del Ministerio del Ambiente para la continuación de los trabajos y, tal vez lo más importante, los acuerdos comerciales que aseguren el cumplimiento del Artículo 408 de la Constitución, una vez que los estudios de pre factibilidad y factibilidad que demuestren la viabilidad de la operación.
Codelco inicia proceso para que Enami EP cumpla acuerdos respecto a Llurimagua
Noviembre 29 de2020.- El pasado 23 la Corporación Nacional del Cobre (de Chile), más conocida como Codelco, envió una carta a la Procuraduría General del Estado notificando al Estado su pedido para iniciar “conversaciones amistosas” para el cumplimiento a los acuerdos suscritos con Enami EP respecto del proyecto minero Llurimagua.
La cosa está clara. Codelco tiene en sus manos la sartén y al amparo del convenio firmado entre los gobiernos de Chile y Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones; principalmente, así como con la ratificación del pacto de accionistas que se acordó hace un año, busca impulsar el cumplimiento de los acuerdos.
Codelco es la principal productora de cobre de mina del mundo, líder en reservas del mineral a nivel planetario. Sabe mucho de este negocio, pero no está en su mejor momento.
En Chile la investigan y la minera lava su imagen en Ecuador. La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, organismo encargado de fiscalizar a las mineras estatales de ese país, la tiene bajo la lupa por varios contratos firmados bajo sospecha.
Son por lo menos cinco nuevos procesos, donde se sindican decisiones sin sustento, impacto económico y responsabilidades administrativas y del directorio de Codelco.
En este mes que acaba, se hicieron públicas dos auditorías que ya pasaron al Ministerio Público, organismo que está abriendo una nueva línea investigativa por la demanda contra el ex presidente de Codelco, Nelson Pizarro, y donde dos exejecutivos de la minera fueron a declarar en calidad de imputados.
Una de las auditorías tiene que ver con contratos adjudicados a Trepsa Cerro Alto y Vecchiola, en la licitación por movimiento de tierra que, según los investigadores, nació con un error de cálculo en el plan minero respecto del mineral que se debía trasladar.
La otra ha encontrado irregularidades en el contrato San Antonio Baja Escala, irónicamente conocida como SABE, por la forma en que se adjudicó y porque uno de los que firmó era socio del hijo de Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco entre septiembre de 2014 y el mismo mes de 2019.
La información está siendo analizada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía chilena, donde se lleva un proceso contra Pizarro, luego de una demanda que fue presentada por Codelco en diciembre del año pasado por tráfico de influencias.
Pero no es sólo eso. Hay además un requerimiento por cohecho, por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentado en abril de este año.
Es en esas circunstancias en que Codelco presenta su requerimiento para que Enami cumpla con formar una sociedad para la explotación de Llurimagua.
Cierto que, si los términos del contrato son adecuados, el proyecto de cobre Llurimagua traería varios beneficios al país en términos económicos y de desarrollo. Como toda mina, en la etapa de construcción se generarían miles de puestos de trabajo directos; además, se contribuiría con proyectos de infraestructura y salud en las comunidades de la zona de influencia en la provincia de Imbabura.
Asimismo, la puesta en marcha de Llurimagua traería al país una inversión extranjera directa de varios miles de millones de dólares; y una vez esté operando, el Estado ecuatoriano recibiría la mayoría de los beneficios del proyecto en pagos de regalías, tributos e impuestos.
Por ello mismo hay que analizar bien el momento y las condiciones en que la estatal ecuatoriana tendría que sentarse a negociar.
Prescindiendo del momento político prelectoral que vive el país y limitando el análisis a los conocimientos técnicos que se requieren para empezar la negociación de un contrato minero de gran envergadura, no hay cómo empezar a negociar.
Con el nivel de información geológica que tiene Enami, negociar un contrato es como ir a un partido de fútbol con las piernas amarradas.
Cuando Kluane Drilling empezó la perforación a fines del 2015, los medios dijeron que los chilenos empezaban un programa de perforación de cuatro años en los cuales adquirirían información de 64 mil metros del subsuelo ecuatoriano.
En información que fue entregada con gotero a Enami EP se supo de algunos resultados parciales. Oficialmente, la minera estatal ecuatoriana no tiene una sola cifra importante ni siquiera en la categoría de recursos inferidos.
Estaría negociando la venta de algo que no conoce y cualquier minero sabe que para vender una concesión, lo primero que tiene que hacer es valorizarla y eso no ha hecho el Ecuador.
Hay además otras consideraciones. Diversos acuerdos suscritos reconocen a Codelco una participación del 49 por ciento sin que Enami, de manera oficial, haya informado a cuánto es el cien por ciento del activo.
Otro problema es la autorización de la Procuraduría General del Estado (PGE) que dispone la constitución de una sociedad anónima que asegure que el Ecuador mantendrá siempre una participación mayoritaria, es decir, del 51 por ciento en la sociedad.
Si como se dice actualmente, las autoridades están pensando vender la participación del Estado, estarían yéndose en contra de la resolución de la PGE.
Cualquier empresario minero sabe que si tiene que vender una concesión, primero hay que minimizar los riesgos relacionados con la incertidumbre del proyecto.
Hace pocos días la doctora María Rosa Guerra, del estudio Pérez, Bustamante y Ponce, ofreció un curso elemental sobre el modelo minero ecuatoriano. Lo hizo en una conferencia magistral de Expominas Virtual 2020.
Ella es una de las abogadas más experimentadas en temas tributarios y contables, con más de 30 años asesorando a empresas privadas en negociaciones y reconocida como la experta ideal en contabilidad para los procesos de due dilligence.
Ella explicó que mejorar la información del proyecto es fundamental para bajar el riesgo; que para transformar los recursos en reservas se necesita datos y tener certeza sobre el activo que se va a desarrollar.
Remarcó que se requiere un mapa fundamental hecho a partir de la información que dan los pozos y para que el prospecto empiece a delimitarse como un activo minero hay que definir el contorno geológico.
Dijo además que el asunto no se limita a cuestiones mineras, de procesamiento o de naturaleza metalúrgicas, sino que deben tomarse en cuenta una serie de aspectos modificantes como la infraestructura, las condiciones económicas, de mercado, legales, ambientales y sociales.
Fue enfática al decir que se requieren tres estudios: el de evaluación económica preliminar, el de prefactibilidad y el de factibilidad para determinar el nivel de confianza en el conocimiento geológico, así como los costos de capital y otros que se requieren para explotar el depósito.
Nada de eso existe y esos estudios no se realizan de un momento a otro. La ley ecuatoriana concede a las empresas mineras hasta cuatro años para su realización.
A los técnicos de Enami se les puede preguntar por los supuestos básicos para un acuerdo minero y no están en condiciones de responder cuál es la ley de corte que tendría el contrato con Codelco.
Desde hace muchos años que las empresas grandes incluyen en sus negociaciones el llamado Net Smelter Return, NSR, un acuerdo pactado entre ellas que permanece fuera de la mirada del Estado y le otorga a la primera dueña de la concesión, de por vida, una participación en las ganancias que genere la explotación del yacimiento.
Enami requiere del NSR tal como requiere saber, por ejemplo, cuáles serían los costos del tratamiento y refinación de los minerales que esconde Llurimagua. La definición de los costos operativos, de capital, de apreciación y amortización, el costo del cierre y los impuestos aplicables al proyecto no se pueden adivinar y no se hacen en menos de dos años.
Hay también otros aspectos que se derivan del acuerdo de accionistas que Vía Minera los analizará en su próximo número, probablemente el último de este 2020.
Iglesia solidaria con víctimas de la minería en San Lorenzo
oviembre 22 de 2020.- El obispo de Esmeraldas, Monseñor Eugenio Arellano, junto a los representantes de Cáritas y de la Red Nacional de Pastoral Ecológica (Renape), emitieron un comunicado público en el que expresan su dolor y solidaridad con las familias que perdieron un familiar o tienen un herido a consecuencia del derrumbe de una mina en dicha región el pasado 18 de noviembre.
«Ante la trágica muerte de cinco personas, entre ellas menores de edad, por el deslizamiento de tierra en uno de los 52 frentes mineros en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, la Renape manifiesta su dolor y solidaridad con las familias afectadas y pide a las autoridades competentes velar por la salud de los heridos y una investigación exhaustiva para determinar la causa de estas lamentables muertes ocasionadas por la irresponsable actividad minería».
En el comunicado, los líderes religiosos explican que «la actividad minera que se desarrolla en la zona norte de Esmeraldas, es completamente ilegal, inclusive de empresas mineras que poseen permisos de operación otorgados y avalados por la Arcom y el Ministerio de Minería”.
Según la Iglesia, existen medidas cautelares vigentes que protegen el derecho al acceso al agua de calidad, el derecho al acceso a la salud, el derecho a vivir en un ambiente sano, y el derecho a la alimentación de 90 comunidades de la zona norte de Esmeraldas, dictadas por el juzgado multicompetente de San Lorenzo en el año 2011 y que fueron ampliadas en el año 2018 y que prohíben la realización de toda actividad minera en la zona norte, hasta que no se remedie y se repare todo el daño ocasionado al ambiente y a los pobladores.
La Red Iglesias y Minería, que forma parte de Renape, se unió al llamado de justicia y de sanción a quienes resulten responsables de tan lamentable tragedia.
Arc desmanteló el campamento
Después de los hechos del 18 de noviembre, técnicos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), junto a efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, realizaron una inspección en el área en la cual ocurrió el deslizamiento.
En el sitio, se observó una reciente explotación minera ilícita de tipo aluvial, por lo cual la ARC colocó sellos de prohibición para realizar estas actividades e inhabilitó una retroexcavadora, un motor eléctrico, una clasificadora tipo Z, una bomba de agua, así como una planta generadora de luz, canecas de combustible, mangueras y otros equipos.
El campamento utilizado para estas acciones informarles también fue desmantelado.
