Alta rotación de funcionarios de alto rango en minería
La abogada Silvia Estefanía Ayón Oscuez, ahora ex subsecretaria de Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE), salió del cargo debido a su discrepancia jurídica y literal amenaza de involucrar a la Contraloría General del Estado, sobre la suspensión del otorgamiento de concesiones con la desgraficación en el sistema integral de gestión minera, de las áreas solicitadas. Las solicitudes iniciaron en junio con la reapertura del catastro.
Funcionarios del jerárquico superior de los ministerios temen que su firma en procedimientos con dudoso respaldo legal, posteriormente no cuente con el apoyo político de las autoridades, como ocurrió con el ex viceministro de Electricidad, Fabián Calero, que está prófugo de la Justicia, tras haber ejecutado los contratos de compra de equipos de generación sin los mínimos requisitos.
Cosa similar ocurrió con el coronel Luis Bonilla, ex director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, que de repente renunció luego de que se impuso la tasa de fiscalización minera con un informe de planificación de gastos antes de que se apruebe en el Directorio. Pudimos verificar, sin embargo, que renunció porque estuvo en desacuerdo con la decisión de la ministra Inés Manzano, de desconocer los derechos sobre el área de Cumbaratza a la empresa con el mismo nombre, en beneficio del interés de la empresa Sultana de Cóndor (Sulcomi) de invertir en ese polígono en disputa judicial desde hace 40 años.
Otro caso que llamó la atención recientemente, fue el cambio de gerente general de la Empresa Nacional Minera, Enami EP, Eduardo Chang, cuyos problemas no se hicieron públicos, excepto que no reunía los requisitos para dejar de ser subrogante y pasar a la titularidad. Pero la semana pasada fue reemplazado por otro abogado joven, Galo García Medina, quien tampoco los reúne y por esa razón también asumió la Gerencia General como subrogante.
Los temas jurídicos en el Ministerio de Ambiente y Energía, MAE, atraviesan todas las decisiones y generan una rotación de funcionarios y asesores. Por ejemplo, las dos hermanas Limongi Izaguirre, abogadas y amigas de la ministra Manzano, que también es abogada, ambas provenientes del estudio Pérez y Coronel, liderado por Hernán Pérez Loose, representante de Sultana del Cóndor.
Ellas ocuparon el cargo de asesora, María Emilia, y María Daniela, después de haber sido directora zonal 5 del ex Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, estuvo a cargo del Viceministerio de Ambiente. Luego de que la empresa Cumbaratza denunció ampliamente a través de medios de información, que María Emilia había representado a Sultana del Cóndor, ya no se encuentran en la nómina institucional.
¿Qué dijo la ex subsecretaria de la MAPE Ayón Oscuez?
Transcribimos la parte pertinente del oficio MAE-SMAPM-2025-0503-OFE del 6 de octubre, dirigido al viceministro de Minas, Javier Subía, y al director de Arcom, Pablo Izurieta, con copia a la ministra Inés Manzano:
“En virtud de lo expuesto, y en función de la norma descrita, se puede concluir que la norma que es clara, previa y pública; y, a fin de brindar seguridad jurídica a las partes prevé los momentos procesales (…) en el cuerpo normativo, no establece la figura de desgraficación por disposición de la autoridad viceministerial, dando como consecuencia una transgresión inminente a la norma, en este sentido, se sugiere que se dé continuidad a los trámites ingresados en virtud de la disposición ministerial de apertura progresiva del catastro minero nacional, puesto que, su suspensión temporal dispuesta mediante Memorando No. MAE-VM-2025-0302-ME, carece de eficacia jurídica (…)”
“(…) adicionalmente, se sugiere poner en conocimiento de la Contraloría General del Estado, el contenido del citado memorando, con el objetivo de alertar sobre las disposiciones que pretenden hacer incurrir en error y/u omisión de las competencias y atribuciones legítimamente establecidas a las distintas Unidades Administrativas que forma parte de estos procesos”.
