El Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social fue emitido por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo N° 191, sin que el Gobierno haya presentado todavía algún hecho que justifique la aprobación de dicha ley, en términos de antecedentes de involucramiento de alguna ong, fundación, asociación civil u organización social, que se haya visto involucrada en delitos como uso indebido de fondos públicos o privados, narcotráfico, lavado de activos, minería no autorizada u otros delitos.
La ley y su reglamento buscan “promover la transparencia en las organizaciones sociales sin fines de lucro, como fundaciones y asociaciones, con énfasis en prevenir el lavado de activos, el financiamiento de delitos y el uso indebido de recursos”.
Se aplica a todas las asociaciones, organizaciones y fundaciones constituidas o autorizadas en Ecuador, clasificándolas por niveles de riesgo (bajo, medio, alto) basados en factores como volumen de recursos, origen de fondos y alcance territorial.
Desde una perspectiva de prevención, este marco normativo se enmarca en obligaciones internacionales de Ecuador como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Promueve principios como la legalidad, la proporcionalidad y la no discriminación, pero ha generado críticas por posibles vulneraciones a derechos fundamentales, como las libertades de asociación y expresión. Organizaciones como las Naciones Unidas (ONU), Civicus y la ecuatoriana Fundamedios han alertado sobre riesgos de control excesivo sobre la sociedad civil.
Obligación de denunciar la “minería ilegal”
Las asociaciones y fundaciones tienen la obligación de denunciar o reportar “inmediatamente” ante las autoridades la minería ilegal, “cualquier indicio o posibles irregularidades”, y la omisión de esta obligación será considerada falta grave, según el artículo 46 del Reglamento General.
Además, deben realizar “debida diligencia” a los donantes, beneficiarios y socios, supervisada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ejercerá vigilancia ampliada, incluyendo inspecciones in situ y «controles previos». Puede suspender o disolver una organización por incumplimientos, actividades ilícitas o falta de transparencia.
La SEPS puede suspender la personería jurídica de la organización por hasta cuatro años, o incluso disolverla de oficio si se detectan actividades ilícitas relacionadas.
La suspensión aplica específicamente por “obstaculizar minería legal”, y se extiende a otras faltas como “no reportar minería ilegal”. Esto forma parte del Título V del reglamento, sobre «Transparencia, Integridad y Prevención».
Obstaculizar minería es un delito
Entre las sanciones y las causas de disolución, el reglamento incluye multas administrativas, suspensión de personería jurídica hasta por cuatro años por obstaculizar minería legal.
Mientras que hay incentivos para cumplimiento, como certificaciones de la Secretaría General de Integridad.
El decreto con el reglamento, contiene disposiciones complementarias y reformatorias que impactan el sector minero. Estas se enmarcan en las «dos disposiciones reformatorias» del decreto, que amplían el control estatal sobre las organizaciones sociales sin fines de lucro (Ossfl) en relación con actividades mineras.
Se considera uso indebido de fondos interferir en proyectos mineros legales.
Introduce obligaciones y sanciones específicas para las organizaciones que interactúen con temas mineros. Tienen la prohibición de intervenir en proyectos mineros legales, “autorizados legalmente”, directa o indirectamente, con actividades que obstaculicen o interfieran con esos. Esto incluye el uso de fondos nacionales o internacionales para promover paralizaciones, protestas o acciones que afecten la operación de minas legales.
Esta disposición protege los intereses de empresas mineras legales, considerando los proyectos extractivos como estratégicos para el desarrollo económico.
Entre las disposiciones complementarias se incluyen reformas a la ley minera y a leyes tributarias (como la retención del 100% en impuestos a dividendos y pagos anticipados sobre utilidades no distribuidas).
Las sanciones actúan como una reforma indirecta a la normativa minera, al fortalecer la supervisión estatal en el sector, potencialmente criminalizando el financiamiento de protestas sociales contra proyectos mineros.
Aunque no modifican explícitamente la Ley de Minería, extienden su aplicación práctica al regular cómo las organizaciones pueden interactuar con el sector, lo que ha generado críticas por posibles restricciones al activismo ambiental y social.
Análisis desde la perspectiva de los derechos humanos
El reglamento genera preocupaciones por posibles vulneraciones, evaluadas a la luz de estándares internacionales como los de la Relatoría Especial de la ONU sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica.
En relación a la libertad de asociación (artículo 22 del Pidcp y artículo 16 de la Convención Americana): Las obligaciones estrictas de registro, debida diligencia y actualización constante pueden actuar como barreras para la formación y operación de asociaciones civiles, especialmente en contextos rurales o indígenas.
Críticos, incluyendo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, y más de 40 fundaciones, argumentan que esto debilita estructuras sociales y podría usarse para disolver organizaciones críticas al gobierno, como aquellas defensoras de derechos ambientales o indígenas.
La ONU ha alertado que controles desproporcionados generan un «impacto negativo» en la sociedad civil, similar a leyes restrictivas en otros países.
Libertad de expresión (artículo 19 del Pidcp): El poder de la SEPS para inspecciones in situ y disoluciones por «falta de transparencia» podría intimidar a organizaciones y fundaciones que aborden temas sensibles como, por ejemplo, corrupción gubernamental. Organizaciones como Fundamedios ven riesgos de autocensura, ya que la norma podría limitar financiamiento internacional para proyectos de derechos humanos.
Derecho a la privacidad (artículo 17 del Pidcp): La exigencia de revelar datos detallados de donantes, beneficiarios y financieros en el Suios podría exponer información sensible, sin garantías suficientes contra amenazas. Aunque se distingue entre datos públicos y restringidos, el acceso amplio a autoridades plantea riesgos de vigilancia estatal.
No discriminación y debido proceso (artículos 2 y 14 del Pidcp): La clasificación por riesgo y sanciones, como la suspensión por cuatro años, podrían aplicarse selectivamente contra grupos vulnerables, como pueblos indígenas o defensores ambientales. Críticas destacan la falta de mecanismos independientes de apelación, y demandas de inconstitucionalidad ya se anuncian por posibles violaciones a la unidad de materia constitucional.
Reformas tributarias, como las retenciones en dividendos, podrían afectar la sostenibilidad de las asociaciones civiles, limitando fondos para programas de derechos humanos, lo que indirectamente vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) como, por ejemplo, el derecho al trabajo en su artículo 6.
En síntesis, desde una perspectiva de derechos humanos, prevalece el riesgo de sobre-regulación que podría erosionar el espacio cívico en Ecuador. Aunque incorpora salvaguardas como la proporcionalidad, las críticas de organismos internacionales y locales sugieren que podría usarse para control político, contrario a compromisos de Ecuador con la OEA y ONU.
En última instancia, su impacto dependerá de la aplicación, pero ya genera demandas judiciales que podrían definir su constitucionalidad.
Fuentes: asambleanacional.gob.ec, pbplaw.com, expedientes.ec, infobae.com, lanaranjaec.com, fundamedios.org.ec, telesurtv.net, elcomercio.com, udlachannel.com, ambienteyenergia.gob.ec, primicias.ec, @CONAIE_Ecuador
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