En los últimos meses se realizaron varios operativos militares en puntos críticos donde se desarrolla la minería criminal, pero la pregunta que surge es si esto será suficiente para acabar con este fenómeno que azota al país y tiene múltiples aristas tanto o más complejas que el narcotráfico.
En 2024, las Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control Minero realizaron operativos contra la minería criminal en 11 de las 24 provincias del Ecuador procediendo a incursionar en 656 campamentos y sitios de extracción clandestinos, a destruir 295 bocaminas, a dinamitar 128 excavadoras (valoradas en 100 y 150 mil dólares) y a apresar a 56 personas para ser procesadas legalmente, de acuerdo a un informe del periodista Paul Romero de Ecuavisa.
Los principales puntos críticos intervenidos, según Ecuavisa, están ubicados a lo largo y ancho del pais: San Lorenzo (provincia de Esmeraldas), el Chilcal (Carchi), Urcuquí (Imbabura), Pallatanga (Chimborazo), Chillanes (Bolívar), Pijili, Shumiral, Ponce Enríquez (Azuay), Macará (Loja), Zaruma, Portovelo y Piñas (El Oro), Puerto Napo, Talag, Yutzupino, Carlos Julio Arosemena (Napo), San José de Guayusa y Punino (Orellana), Tagual, Podocarpus, Dos Camas Alto (Morona Santiago).
La intervención militar en el sector minero está amparada en el decreto 435 expedido por el presidente, Daniel Noboa Azín, el 23 de octubre de 2024 en el que, además de disponer la actualización del catastro en un plazo de 6 meses, se crea el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim).
Este Comité está presidido por el titular o el delegado de la Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia de la República y de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Interior, Defensa Nacional, Gobierno y Transporte y Obras Públicas, además del Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero Económico.
En el decreto 535 se dispone que las instituciones estatales identifiquen las actividades ilícitas de recursos mineros en todo el territorio nacional y que se decomisen , incauten , inmovilicen, destruyan e inutilicen bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilícitas de recursos mineros o no autorizados. Los bienes o infraestructura pertenecientes o utilizados por grupos armados organizados son declarados objetivos militares, y a la «minería ilegal» se la categoriza como una “amenaza a la seguridad del Estado”.
Con este y otros decretos, el presidente Noboa militariza el sector minero otorgándole una nueva responsabilidad a las Fuerzas Armadas que, por disposición presidencial, también tienen el control de las cárceles y de las calles. En enero de 2024, Noboa declaró “el conflicto armado interno” e identificó a 22 grupos terroristas como responsables de la violencia y la inseguridad que alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023, uno de los más altos de la región, en tanto que en el año 2016 fue de 6 de cada 100 000 habitantes. En 2024, los asesinatos descendieron en aproximadamente en un 20% respecto a 2023, llegando a 38 por cada cien mil habitantes, pero en cambio se dispararon los delitos como la extorsión y el secuestro, y las “bandas rivales lanzaron una serie de ataques brutales en zonas de minería ilegal de las provincias de Azuay y El Oro”, según señaló Insightcrime. (Gavin Voss, GameChangers 2024: Ecuador no logra la victoria en la ‘guerra contra las bandas’ , 27-12-2024)
Los militares y policías intervienen son solo en el caso de la minería criminal sino también en la minería legal, como ha pasado en Palo Quemado y las Pampas, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, en el marco del proceso de la consulta ambiental y de la oposición de comunidades campesinas e indígenas a las actividades de la minera La Plata, subsidiaria de la canadiense Atico Mining. Caso similar se presentó en Victoria del Portete, Azuay, con el proyecto Loma Larga, operado por Dundee Precious Metals.
Otro punto crítico de la intervención de las Fuerzas Armadas en la minería es que algunos militares, al igual que policías, funcionarios y autoridades electas, se han visto involucrados en casos de corrupción, ya sea dando protección, trasportando material aurífero o avisando a los grupos criminales de los operativos que ejecutan las autoridades.
La minería irregular no es nueva en el Ecuador. En la década los 90 del siglo pasado ya hubo el caso de la mina aurífera de Nambija, provincia de Zamora Chinchipe, donde cientos de campesinos y pobladores pobres concurrieron por cientos buscando el codiciado metal. Allí se combinaron daños ambientales y contaminación del agua -por el uso intensivo del mercurio-, delincuencia, desempleo y necesidad, prostitución y accidentes fatales, como el asentamiento del terreno del 9 de mayo de 1993 que se cobró la vida de cientos de mineros.
Desde entonces, este tipo de minería ha crecido en forma exponencial. A comienzos de febrero de 2023, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernn) calculaba que en 17 de las 24 provincias de la Costa, Sierra y Amazonía había campamentos de minería ilegal. La ministra de Ambiente y encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, señala que está presente en 20 de las 24 provincias, lo que quiere decir que solo Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar y Guayas están libres del fenómeno.
La minería tiene un peso cada vez mayor en la economía criminal pues diversos estudios señalan que en este sector se lava el dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. Una reciente investigación periodística indica que la minería ilegal exportó oro por el valor de 1.385 millones de dólares en los últimos 3 años. Los 56 vendedores de oro (17 empresas y 39 personas naturales) “registran pagos mínimos de impuesto a la renta, declaración en cero o no han presentado sus declaraciones”, señala la investigación. (Plan V – CLIP – Convoca.pe , 56 exportadores sin rastros vendieron oro por más de 1.300 millones desde Ecuador, 20-01-2025, https://planv.com.ec/investigacion/oro-sin-rastro-x-mas-1300millones-ecuador/ )
La práctica de la minería criminal está dejando muchas áreas devastadas, ríos contaminados con mercurio y metales pesados, erosión de los suelos, deforestación y pérdida de bosques nativos. Incluso se está afectando las áreas naturales protegidas de la Amazonia como señala un reciente estudio realizado por Conservación Amazónica. Los parques nacionales Podocarpus y Sumaco Napo-Galeras, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza se encuentran amenazados por esta minería que “tiene la habilidad de operar en zonas alejadas y de difícil acceso, como áreas naturales protegidas” ( MAAP #221: Minería ilegal en áreas naturales protegidas de la Amazonía ecuatoriana, https://www.maapprogram.org/es/mineria-areas-protegidas-ecuador/ 11-10-2024 )
Los grupos de delincuencia organizada, relacionados principalmente con el narcotráfico, han extendido sus tentáculos a la minería en donde han encontrado un nicho para diversificar sus actividades criminales y acumular capital. En primer lugar, aquí encontraron la posibilidad de lavar el dinero producto del narcotráfico y de otras actividades ilícitas lo que se ve reflejado en los altos montos que se mueven en torno alrededor de esa actividad (se calcula que en 2022 la minería criminal movía entre 800 y 1000 millones de dólares). En segundo lugar, dada la debilidad, la corrupción y la escasez de recursos del Estado, en la minería hay menos posibilidad de ser atrapados respecto al tráfico internacional de drogas, según señala un artículo de InSight Crime. (Anastasia Austin, Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro, https://insightcrime.org/es/noticias/mientras-aumenta-presion-gobierno-las-pandillas-ecuatorianas-buscan-oro/ , 23-07-2024)
Luego de Nambija, un foco de confluencia de la minería criminal de grandes proporciones fue el de la parroquia La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, en donde en 2017 se descubrió en forma casual una gran veta de oro que rápidamente atrajo a miles de personas no solo de Ecuador, sino de Colombia, Perú y Venezuela. La empresa Hanrine Exploration & Mining S.A. (parte de la australiana Hancock Prospecting) informó a las autoridaddes de la presencia de explotación ilegal en sus concesiones que abarcan La Merced de Buenos Aires. En el improvisado campamento, gente armada extorsionaba y controlaba el área, por lo que se hacía difícil un desalojo, pero, recién en enero de 2019 se produjo un gran operativo militar y policial en el que se incautó armas de fuego, municiones y explosivos y 31 toneladas de material aurífero, y se apresó a 22 personas.
Tras los acontecimientos de Buenos Aires, los mineros se desplazaron a las provincias del El Oro y Azuay, así como a las provincias amazónicas de Napo, Orellana y Sucumbíos. Y junto a ellos también lo hicieron los grupos de delincuencia organizada, quienes en varias zonas han impuesto su gobernanza criminal mediante la violencia y el terror. InSight Crime pone como ejemplo el caso de la banda de Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay , donde comenzaron extorsionando o cobrando vacunas a cambio de protección armada, posteriormente exigían porcentajes de la producción diaria de los mineros irregulares y terminaron apoderándose de las concesiones mineras legales existentes, sus operaciones y equipos y expulsando a los propietarios mientras se quedan con las ganancias. (Anastasia Austin, Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro, https://insightcrime.org/es/noticias/mientras-aumenta-presion-gobierno-las-pandillas-ecuatorianas-buscan-oro/ , 23-07-2024)
Aunque los operativos contra la minería criminal deben continuar, hace falta impulsar una estrategia que permita capturar y procesar legalmente a los cabecillas de las bandas, adoptar medidas para acabar con el lavado del dinero sucio, combatir la corrupción a todo nivel y establecer planes de remediación social y ambiental en las zonas devastadas por este tipo de delito.
