Cuando parecía que se iban a arreglar los problemas con Codelco y, en consecuencia, suspenderse el procedimiento de arbitraje planteado por la estatal chilena ante el Ciadi, un juez de Ibarra revocó la licencia ambiental que tenía el proyecto Llurimagua desde el año 2014.
El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo del Banco Mundial que a fines del año 2021 admitió la demanda de arbitraje propuesta por Codelco y sus filiales en contra del Estado ecuatoriano.
El arbitraje ha sido suspendido hasta en seis ocasiones porque las partes en disputa empezaron un proceso de conversaciones para evitar el juicio. Según comentó el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, el tema del arbitraje fue abordado por él y los ejecutivos de Codelco y autoridades chilenas que asistieron a la última convención del PDAC, en Toronto, Canadá.
Para Codelco, representado por sus filiales Inversiones Copperfield y Exploraciones Mineras Andinas S.A., el caso es importante pues Llurimagua era visto como el primer paso dado por la estatal chilena en su intención de internacionalizar sus actividades.
Llurimagua, informó el ministro Santos, es considerado uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo. Para explotarlo se unieron las estatales de Chile y Ecuador, Codelco y la Empresa Nacional Minera, Enami EP; pero desde el inicio se encontraron con la resistencia de las comunidades que habitan en el proyecto.
De otro lado, Codelco y Enami EP debían haber creado una empresa que se hiciera cargo de la explotación y allí empezaron los problemas porque la Constitución ecuatoriana señala que en ningún caso el Estado recibirá menos que la empresa concesionaria y esa figura no era aceptada por la parte chilena.
Codelco planteó primero el arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Después lo hizo ante el Ciadi y el proceso fue suspendido en repetidas oportunidades.
Ahora el juzgado de Ibarra ha dado la razón a los pobladores de la zona y revocado la licencia concedida por el Ministerio del Ambiente y ordenado a Enami que presente un nuevo estudio de impacto ambiental y un plan de gestión para la exploración avanzada como condición previa para renovar las obras.
El nuevo estudio debe realizarse después de haber consultado a las poblaciones que podrían ser afectadas, algo que por ahora no se puede hacer porque no existe la normativa.
