Lo que parecía ser un escenario temido e incierto acaba de concretarse el pasado domingo 7 de febrero luego de conocer los primeros resultados de la consulta en el cantón Cuenca.
El sector minero ha puesto sus ojos en las posibles interpretaciones legales y las consecuencias sociales y económicas que pueden surgir a partir de dicho referendo sobre la actividad minera. Y no es para menos, ya que las cinco preguntas formuladas a la población estuvieron orientadas a determinar si es viable o no la explotación minera en las zonas de recarga de cinco ríos (Yanuncay, Tarqui, Tomebamba, Machángara y Norcay, todos ubicados en el mencionado cantón).
Con el resultado negativo puesto, pues más del 80% de los electores habilitados resolvieron la prohibición de la actividad, se abre una gran interrogante en torno al provenir de las inversiones privadas realizadas a la fecha. No son pocos los intereses en juego pues cerca de 43 concesiones podrían paralizarse en la provincia.
El temor es que este tipo de consultas puedan trasladarse hacia otras jurisdicciones, restando seguridad jurídica a un sector que requiere estabilidad a largo plazo para la maduración de sus proyectos.
Por parte del sector minero se considera que la consulta no tendrá efecto retroactivo sobre las concesiones otorgadas por el Estado, por lo que solo podrían afectarse las nuevas concesiones. Se aduce que la consulta popular no puede invalidar las actividades anteriores a su realización porque los recursos minerales son de propiedad del Estado, y este decide su mejor empleo o uso.
Además se argumenta que se privaría al país de los recursos económicos generados por la minería en momentos que Ecuador atraviesa por una gran crisis fiscal.
En el caso de los opositores a las actividades extractivas se considera –las catorce organizaciones sociales y campesinas que convocaron la consulta en Cabildo por el Agua de Cuenca, ONGs, activistas, académicos, etc.- que “la consulta propone prohibir la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de Cuenca. Por tanto, las concesiones otorgadas no podrán pasar a la fase de explotación” . De esa manera responden a la principal postura del sector minero, ya que este alega que los resultados de la consulta no tienen efecto retroactivo alguno.
Sin embargo, sin ánimos de determinar quién tiene la razón o no, las organizaciones defensoras del ambiente podrían tener un punto a su favor en tanto las empresas mineras no acrediten derechos de explotación vigentes anteriores a la realización de la consulta popular.
En otras palabras, en virtud a la teoría de derechos adquiridos, reconocida en el sistema jurídico europeo y latinoamericano, si las empresas en cuestión cuentan o poseen títulos que reconocen su derecho a explotar los yacimientos ubicados dentro del área de sus concesiones, estos se mantendrían plenamente vigentes y no les alcanzaría el efecto vinculante de la consulta.
De modo que, el titular de una concesión minera tendría derecho a explotarla si cuenta con los permisos o autorizaciones que le habiliten a ello. Conviene aclarar que la explotación de recursos naturales, sean del suelo o subsuelo, no proviene exclusivamente del hecho de poseer simplemente una concesión, sino de un conjunto de certificados y títulos que confiere el Estado al solicitante.
De ahí que para tener el derecho a explotar la empresa debe acreditar otros títulos siempre que no hayan vencido o caducado en el tiempo. Estos pueden ser, entre otros, un EIA aprobado, contar con permiso para uso de explosivos, licencias de uso de agua, de transporte, etc.
En ese sentido, si los permisos conferidos se encuentran vigentes, existe el derecho a explotar. Por tanto, este no nace únicamente con el otorgamiento de la concesión, ya que se encuentra sujeto al cumplimiento de otros requisitos que exigen las autoridades competentes. Así las cosas, las empresas que solo cuenten con permisos para explorar pero no para explotar -una etapa distinta en el desarrollo minero- pueden ver truncadas sus expectativas de desarrollar sus proyectos.
En este escenario, cabe preguntarse ¿qué podrían hacer las empresas mineras al respecto? En principio consideramos que algunas podrían demandar al Estado por el perjuicio económico causado, ya que en su momento invirtieron fuertes cantidades y esperaban recuperar su inversión luego de explotar los recursos encontrados.
Adicionalmente podrían exigir el pago de lucro cesante por los ingresos dejados de percibir fruto de sus frustradas operaciones. Esto podría realizarse legalmente sobre la base de los tratados de protección de inversiones que existen con países donde tienen sede la mayoría de empresas mineras de capital extranjero y que operan en Ecuador por medio de subsidiarias.
Ahora bien, dado que varias mineras no se conformarían con el pago de indemnizaciones y más bien buscarían el desarrollo de los proyectos que tienen en la zona, el panorama para ellas luce bastante complicado ya que estos carecerían de viabilidad social, variable que determina la aceptación de la población local con respecto a la ejecución de un proyecto extractivo.
Entonces, al no contar con dicha variable es poco probable que las empresas puedan avanzar lo suficiente en el desarrollo de sus proyectos, al menos a corto o mediano plazo.
Dado que el rechazo ha sido categórico, es esperable que las organizaciones que convocaron la consulta se sientan ampliamente legitimadas o respaldadas, y posiblemente movilicen a importantes sectores de la población en contra cualquier iniciativa de las empresas que busque la continuidad de los proyectos (en la zona se encuentran los proyectos Loma Larga (1), Ruta del Cobre y Río Blanco, este último suspendido por una disposición judicial).
Aclarada un poco la situación legal, sobre la cuestión de fondo subyace si la minería y otras actividades extractivas pueden desarrollarse o coexistir en entornos ecológicos valiosos y aparentemente frágiles. Es decir, si son capaces de operar con el menor riesgo o impacto en zonas que presentan gran biodiversidad y fuentes de agua naturales de las que se sirven o dependen distintos ecosistemas y la población en general, tanto para satisfacer necesidades de consumo humano directo como de producción agrícola.
La clave parece residir en gran parte en el diseño sostenible de los proyectos y su socialización desde el inicio, esto es, en la comunicación, diálogo y relacionamiento intercultural, y la generación paulatina de confianza, buena fe y transparencia que permitan el acercamiento de las partes interesadas (grupos de interés externo de las compañías) a fin de aclarar sus dudas y asegurar beneficios o un mejor futuro para todos. Esto forma parte del arduo trabajo de aprendizaje continuo que las empresas deben o debieron ejecutar sobre el terreno.
En una situación como la actual esto parece muy difícil de lograr, aunque no del todo imposible pues las cuestiones sociales finalmente cambian. Pero ello dependerá de mejores estrategias de relacionamiento y de los sucesivos esfuerzos desplegados.
Por tal motivo, para despejar las inquietudes naturales y válidas de la población, las empresas deben garantizar -en primer lugar- la disponibilidad y calidad de las fuentes de agua, vale decir, su suministro regular o permanente libre de contaminación. Además deben consensuar -con las organizaciones sociales residentes- las medidas de protección contra inundaciones o aumentos de caudales a lo largo del tiempo. Esto con el propósito de disminuir los riesgos que podrían entrañar los proyectos. Otra medida podría consistir en elaborar de manera conjunta los EIA con la población –aunque tome más tiempo- para que conozcan su contenido paso a paso y los proyectos ganen mayor legitimidad social.
Un aspecto muy importante es determinar los beneficios presentes y futuros que generarían los proyectos para que las personas aprecien ciertas mejoras en la calidad de vida. Las iniciativas privadas de gran envergadura deben producir beneficios socioeconómicos significativos o relevantes para que sean respaldadas por la población, de otro modo pueden recibir rechazos, sobre todo si son capaces de afectar el medioambiente. Estas iniciativas no solo deben traducirse en empleos directos o indirectos y de empresas comunales (proveedoras), sino en el desarrollo integral de la población, esto es, en mejor salud, educación, capital humano, etc.
Pese a que los resultados de la consulta son negativos, las empresas aún pueden realizar algunos correctivos aunque ello implique empezar socialmente desde cero -en algunos casos- para revertir la imagen que poseen en la mayoría de habitantes.
Las cartas no están totalmente echadas porque siempre se puede hacer algo más en el campo social para enderezar el rumbo, pero esto pasa, necesariamente, por el diseño de una estrategia coordinada entre el gremio minero y las distintas empresas concesionarias u operadoras, ya que ni una sola ni unas cuantas podrán revertir esta complicada situación.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado. Correo: cesarreyna78@gmail.com
1. De acuerdo con Expreso (Ecuador) “en Loma Larga se espera que su producción comience en 2023 y que la inversión alcance los $ 400 millones. Durante la vida útil de la mina, de 2023 a 2034, se calcula que deje al fisco unos $ 600 millones, por impuestos y regalías. El proyecto Loma Larga está ubicado en las parroquias de San Gerardo, Chumblín, Baños y Victoria del Portete, en el cantón Cuenca (Azuay) y fue concesionado a la empresa INV Minerales Ecuador S.A., subsidiaria de INV Metals INC”. En Mineras ponen sus ojos en la consulta popular de Cuenca, del 31.01.2021. Disponible en: https://www.expreso.ec/actualidad/economia/mineras-ponen-ojos-consulta-popular-cuenca-98007.html
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