Un tanque de pensamiento internacional que se dedica a asesorar gobiernos para regular y normar la minería con arreglo a propósitos como el desarrollo sustentable, con el apoyo de países mineros como el Canadá, advirtió hace años al país sobre situaciones que no han hecho sino empeorar y hoy representan para la minería desafíos cada vez más profundos como la inseguridad, violencia, el contrabando y la conflictividad social en sus entornos.
Durante la semana anterior, la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, mantuvo una reunión con representantes del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minería, Metales y Desarrollo Sustentable (IGF, por sus siglas en ingles), con el fin de abordar temas enfocados en la promoción de prácticas mineras responsables y sostenibles con el ambiente.
Además, se trazaron nuevos compromisos para el 2025, encaminados al establecimiento de un trabajo conjunto entre varias entidades para la asistencia técnica y revisión de reglamentos y normativas que permitirán el fortalecimiento del sector minero ecuatoriano.
Hace pocos años, el IFG realizó por pedido del Ecuador un estudio titulado Evaluación del Marco de Políticas Mineras: Ecuador, un informe de 72 páginas entregado al Gobierno y al entonces Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables en enero de 2018 y actualizado a 2019, debido a varios cambios en la legislación y jurisprudencia nacional.
Ese informe presentó la evaluación de Ecuador, como pensada con el propósito de ayudar al gobierno a enfocar sus esfuerzos en la implementación del Marco de Políticas Mineras (MPM) del IGF, apoyar los esfuerzos de capacitación y permitir el monitoreo del progreso en el tiempo.
El personal de la Secretaría del IGF realizó la evaluación entre septiembre de 2017 y enero de 2018, con trabajo adicional a fines del 2018. El proceso incluyó una revisión exhaustiva de documentación, entre leyes y políticas nacionales e internacionales clave, así como una visita de campo de siete días al país, durante la cual el equipo del proyecto se reunió con una amplia gama de partes interesadas del gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales y el sector privado.
Al parecer el documento fue refundido en alguna gaveta, o sus conclusiones no fueron suficientes o simplemente no se le puso interés: cuando Vía Minera preguntó a un viceministro de Minas cómo se va a proceder para poner en práctica las recomendaciones del mismo, aquella autoridad nos respondió ¿cuál informe?
Y si llegó hasta acá le vamos a contar algo más, como para ilustrarle: en el capítulo de Recomendaciones, como primera prioridad, el documento reza:
“Con un enfoque especial en la consulta previa, es necesario un ejercicio de profundización para lograr acuerdos con las comunidades indígenas y un proceso de consulta previa que sea efectivo y a la misma vez, aceptado por los principales actores sociales. Las prácticas actuales del gobierno no satisfacen los requerimientos de participación de parte de la comunidad, ni las mejores prácticas sobre cómo realizar una consulta previa efectiva, ni los requisitos de la jurisprudencia internacional, y dado que la minería a gran escala se encuentra en sus etapas iniciales, resulta urgente que el gobierno aborde la cuestión a fin de evitar el escalamiento del descontento comunitario”.
Puede ver también cómo advertía desde entonces los graves problemas que se debían enfrentar de la minería ilegal y el contrabando, en los últimos cinco años convertidos en un pozo sin fondo: “Parte de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en Ecuador se encuentra relacionada con actividades ilícitas como narcotráfico, trabajo infantil y contrabando.
«El Viceministerio de Minas es consciente de los problemas y ha actuado para prohibirla y controlarla pero no ha resultado. Se realizan acciones de control por parte del CECMI (Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, ndlr) en zonas particulares, pero no se prevé todavía una solución o programa a largo plazo que presente posibilidades del éxito.
«Existen tres grupos en el subsector de la MAPE: los formalizados, los que no se han formalizado por falta de información o incentivos y los que pertenecen a organizaciones ilícitas. Distinguir entre la segunda y la tercera de estas categorías es un desafío. El gobierno considera “minería ilegal” tanto a aquellos que conocen las posibilidades de la formalización pero no están en proceso, como a aquellos realizando actividades ilícitas como trabajo infantil, conectados con el narcotráfico o contrabando.
«Esto afecta al desarrollo de políticas para combatir dos problemas diferentes.
«El contrabando es un problema grave. El comparativo de números de exportación de oro de la MAPE y del oro declarado ante el Banco Central de Ecuador o ARCOM en el período de 2010 a 2014 revela que 70% de las exportaciones de oro fueron de origen ilícito al no haber sido declarado y su origen ser desconocido (Irvin, 2017). Además, el número de exportaciones fue creciendo rápidamente año a año durante estos años.
«Asimismo, se presenta un sistema de lavado de oro con el fin de entrar a los mercados internacionales a través de exportadores y otros actores de la cadena de valor. Con los controles de Perú en la última década, el oro peruano ha encontrado una vía de exportación ilegal a través de Ecuador (Irvin, 2017). Ecuador carece de trazabilidad de su oro ilegal de la MAPE. La exportación de oro de Ecuador parece más grande que la producción”.
Nuestros deseos de que la buena voluntad se sume a la buena fe y voluntad política de algún gobierno.
