El sector industrial y multinacional minero sigue sin despertar de su asombro por la imposición de la tasa de fiscalización anual por el gobierno ecuatoriano, y, en el terreno, grupos de mineros locales promueven reuniones para acercarse al régimen con propuestas conciliadoras y pedidos de regularización o para analizar acciones legales.
De precaución fue la reacción inicial de la Cámara de Minería del Ecuador (CME) ante la imposición, desde un gobierno de empresarios y a un sector estratégico, de una tasa que hace a las matrices corporativas revisar los presupuestos de inversiones que deberán levantar si deciden continuar su trabajo en Ecuador para los próximos años.
En la semana pasada, todavía no pasado el susto, la CME emitió un segundo comunicado, un poco más acusativo, reclamando una promesa de alguna autoridad del sector sobre montar mesas técnicas para negociar la tasa. Los argumentos de siempre: la tasa propicia la imagen de inseguridad jurídica del país y ninguna empresa internacional va a venir a invertir cuando el catastro minero esté abierto para la gran minería porque es el país más caro de la región para la exploración minera.
Un ejemplo con el que podemos ilustrar el efecto que tendrá sobre los inversionistas es el caso de la alianza Silvercorp-Salazar Resources, en donde Silvercorp tiene la operación, que tendrán que cubrir la tasa por las áreas concesionadas para un proyecto que recién inició la construcción de la mina de mediana escala: El Domo-Curipamba. Según es público, este proyecto tiene 21 500 hectáreas en concesión y de acuerdo a la aplicación “Calcula tu tasa minera” creada por el portal El Mono Minero, tendrán que pagar US$ 4 042 000 por la tasa que corresponde al 2025, es decir la mitad hasta el 31 de julio y la otra mitad hasta el 31 de enero del 2026. Mientras que, Silvercorp tenía previsto invertir en su año fiscal 2026, que inició en 2025, US$ 29,2 millones, de acuerdo al calendario de gastos de construcción que hizo público en abril.
El viernes 20, la ministra Inés Manzano y el embajador de Canadá, Stephen Potter (izq) con los representantes de la CME, Rodrigo Darquea, (centro), María Amparo Albán (der) y Fredy Salazar Jr. (der)
Otro caso que ha causado revuelo es el de Aurania, también empresa canadiense junior de exploración presente en la frontera con Perú que tiene 208 mil hectáreas que incluyen a su proyecto emblema Ciudades Perdidas, y tendrá que pagar 48 millones de dólares hasta enero del 2026, cuando estaba invirtiendo alrededor de 5 a 7 millones por año hasta el 2024.
Las expresiones de descontento de los profesionales afectados han sido ilustrativas del ambiente que impera en el sector, incertidumbre e indignación. Un miembro del grupo de chat Ecuador Mining News afirmó que “ni en los mejores sueños de los antimineros se hubieran imaginado esta tasa que paralizará al sector de exploración”. Un representante de una empresa de logística industrial, Gustavo Delgado, dijo: “en el índice Fraser sobre la imagen de los países para atraer los negocios mineros, de marzo del próximo año, el Ecuador estará en el penúltimo, si no en el último lugar”.
El embajador de Canadá, Stephen Potter, ha tenido que hacer de lazarillo entre las autoridades y la Cámara, que no ha logrado reunirse con el Primer Mandatario, como acostumbraba en gobiernos anteriores. Por fin, el viernes se produjo una reunión de varios representantes gremiales además de la CME, con la ministra del ramo, Inés Manzano, sin que se hayan hecho públicos los resultados todavía.
El sábado 21, el Viceministro de Minería participó junto a las demás autoridades de esta cartera de Estado en una reunión con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos, «para brindar detalles sobre el portafolio de proyectos y oportunidades de inversión en el área minera, así como, el potencial desarrollo, con capitales extranjeros, de infraestructura de generación eléctrica renovable (Foto)».
Las otras incongruencias
COMPROMISOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS EN PROYECTOS MINEROS Cifras presentadas en presencia de la ministra Inés Manzano (sentada), noviembre de 2024 en ENAEP 2024, Quito.
Una serie de hechos ilustrativos de la situación inmediatamente previa a la imposición de la tasa son necesarios de anotar: la renuncia imprevista de la viceministra de Minería, Rebeca Illescas, y el nombramiento de Julio José Neira como delegado del Presidente ante la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), siendo ya presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero, Comin.
La ex Viceministra manejó cifras sobre la inversión realizada por las empresas con compromisos de inversión, radicalmente distintas a las que ahora ha hecho públicas el actual viceministro, Javier Subía. En gira de medios con el tema de la tasa, Subía afirmó que hubo compromisos por US$ 4800 millones que no se cumplieron, mientras que Illescas junto a la propia ministra Manzano, habían hecho público que los compromisos desde 2017 ascendían a US$ 1200 millones y se habían incumplido en el 75%.
Por otro lado, con el anuncio oficial de la tasa, se publicaron cifras sobre el número de concesiones de todos los regímenes, menos el de áridos y pétreos, que tampoco coinciden con las cifras que manejaba la ex Viceministra. Las cifras utilizadas por la Arcom para el cálculo de los recursos que se obtendrán con la tasa de fiscalización, muestran 3000 concesiones menos a nivel nacional, sin contar con los áridos y pétreos que sumaban alrededor de 700, en las cifras antes manejadas por el Viceministerio.
Neira es un hombre fuerte de extrema confianza del Presidente de la República, al frente de nueve cargos relacionados con la lucha anticorrupción.
Entretanto, después de la asamblea minera realizada en Zamora Chinchipe el 10 de junio, una nueva reunión de concesionarios mineros de pequeña escala se convocó, esta vez de la provincia de El Oro, para este viernes 27 de mayo en la ciudad de Machala, con la finalidad de hacer un análisis de la aplicación de la tasa y de la posibilidad de interponer un recurso de acción de protección para impedir su vigencia.
