En los últimos meses se han publicado opiniones de profesionales, que realizan aportes que sin duda alguna ayudarían a que las auditorías mineras sean transparentes y que empiecen a beneficiar al país. Sin embargo, quiero referirme a aspectos que en la práctica caracterizan al sistema de control minero.
En este artículo, señalaré las principales irregularidades, los daños que provocan, que incluyen un perjuicio económico al país, y una propuesta de cambios en la normativa que ayudaría a que exista una verdadera transparencia y un ejercicio ético y sólido de la labor de auditoría minera.
La base legal y la calificación de los auditores.
En el artículo 38 de la ley minera vigente, se dispone: sobre la “…presentación de informes de exploración.- Hasta el 31 de marzo de cada año y durante toda la vigencia de la etapa de exploración de la concesión minera, el concesionario deberá presentar al Ministerio Sectorial un informe anual de actividades e inversiones en exploración realizadas en el área de la concesión minera durante el año anterior y un plan de inversiones para el año en curso. Estos informes deberán presentarse debidamente auditados por un profesional certificado por la Agencia de Control y Regulación en los términos del Reglamento de Calificación de Recursos y Reservas Mineras…”
El artículo 42 de la ley minera, establece: sobre el “…informe semestral de producción.- A partir de la explotación del yacimiento, los titulares de las concesiones mineras deberán presentar al Ministerio Sectorial de manera semestral con anterioridad al 15 de enero y al 15 de julio de cada año, informes auditados respecto de su producción en el semestre calendario anterior, de acuerdo con las guías técnicas que prepare la Agencia de Regulación y Control Minero…”.
El artículo 112 de la misma ley, menciona: sobre la “…caducidad por no presentación de informes de producción.- Caducará la concesión minera cuyos titulares no acompañen dentro del plazo establecido en el artículo 42 de la presente ley, los informes auditados respecto de su producción…”
El Colegio de Auditores Técnicos Mineros del Ecuador, Autecmin, del cual soy parte, fue creado y reconocido ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM), bajo acuerdo MEM-VM-2023-004-AM, el 4 de septiembre del 2023. A partir de esa fecha se han mantenido cuatro reuniones con las autoridades de entidades del estado relacionadas con el tema del presente artículo, que son el mismo Ministerio y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
Lastimosamente, en cada reunión realizada no se obtiene ningún resultado, pues la problemática en cuanto al tema de auditorías no es algo reciente, ni tampoco algo oculto. Las autoridades a cargo del MEM y de la Arcom saben de esta problemática desde hace mucho tiempo antes de la creación de Autecmin o de la publicación de cualquier artículo referente al tema, pero hasta ahora no se ha realizado ninguna acción efectiva para regularizar este ámbito.
¿Cuál es la problemática que existe actualmente en el tema de las auditorías mineras?
Sobre el Registro de Auditores Técnicos Mineros.
Partamos del listado de auditores mineros registrados y autorizados por la Arcom.
El «Instructivo para la Calificación y Registro de Auditores Técnicos Mineros a Nivel Nacional», establece como requisitos, en su artículo 5, literal a) Declaración Juramentada de no encontrarse inmerso en las inhabilidades para ser auditor técnico minero, conforme lo dispone el artículo 77 del Reglamento General a la Ley de Minería.
El artículo 77 Inhabilidades, en su literal c) determina que no podrán ser auditores “…Quienes estén relacionados dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad respecto a los administradores, empleados, socios o accionistas, condóminos, comuneros, asociados, miembros de directorios, funcionarios y ex funcionarios del concesionario, y del Ministerio Sectorial…” (el resaltado es mío).
Es decir, que un ex funcionario del ministerio sectorial no puede registrase como auditor técnico minero. Y en el artículo 11, literal a) de este instructivo, se establece como plazo para esta inhabilidad, “hasta que haya transcurrido como mínino un año de haber cesado en sus funciones…”
Es importante recalcar que el artículo 75 del reglamento a la ley minera en su literal e) como requisito para calificarse como auditor, establece que: “…Para el caso de personas naturales, se deberá acreditar una experiencia no menor a cinco años…”
Ahora bien, no existe la certeza de que, para calificar a una persona como auditor técnico minero, se haya revisado de manera exhaustiva que cumpla con todos los requisitos, especialmente el que no haya sido parte del ministerio sectorial. Tampoco de que, siendo ex funcionario del ministerio sectorial haya realizado auditorías cumpliendo lo establecido en el artículo 11 del Instructivo para la calificación y registro de auditores técnicos mineros a nivel nacional.
Por otra parte, el requisito de 5 años de experiencia no establece que esta se haya adquirido dentro de la industria minera o etapas de un proyecto minero, para que el aspirante a auditor tenga los conocimientos a fondo sobre el trabajo que conlleva realizar una auditoría. Esto lleva a la conclusión de que en el listado actual de auditores existen profesionales que no tienen experiencia en la industria minera y aun así han sido calificados y registrados como auditores técnicos mineros.
Finalmente, cabe una pregunta, ¿Por qué dentro del Instructivo existe un grupo de auditores que deben renovar el permiso cada tres años y otro grupo no tiene que hacer dicha renovación? Si el objetivo de esto es una constante capacitación, con más razón la renovación debe ser para todos los auditores vigentes.
Vínculo directo entre titular minero y auditor técnico minero.
Hoy por hoy, la normativa permite que exista el vínculo directo entre concesionario y auditor minero, lo que no permite realizar una verdadera auditoría, emitiendo conclusiones, recomendaciones, observaciones y no conformidades.
Este vínculo imposibilita al auditor, en su función de servicio al Estado, dar a conocer en su auditoría no conformidades o irregularidades encontradas en los informes de producción o exploración, puesto que la auditoría cuenta actualmente, en primera instancia, con la aprobación del titular minero.
Si dichas no conformidades o irregularidades son incluidas y conllevan multas o sanciones, el titular minero no aprueba la auditoría, la misma no será presentada y aquel auditor nunca más auditará esta área e incluso el titular correrá la voz a su círculo social minero, para que no vuelva a ser contratado. El auditor será catalogado como “un mal auditor”.
Sin embargo, aquel auditor que haga caso omiso a las no conformidades, sean mayores o menores, y oculte las irregularidades encontradas, incluyendo el volumen real explotado de mineral, será denominado por el titular minero como “un buen auditor”.
Dentro de las omisiones de las auditorías controladas por los titulares mineros se encuentra el valor del volumen real anual de mineral explotado y hoy las autoridades se preguntan, ¿por qué tanta diferencia entre el volumen de oro producido reportado a las autoridades y el exportado? Personalmente, considero que la respuesta es muy obvia y la diferencia no se la puede atribuir en un cien por ciento a la minería ilegal o al contrabando, sino al volumen que no reportan las concesiones legalmente inscritas y registradas.
Mientras no se rompa este vínculo el mayor afectado es el país y somos los ecuatorianos.
Competencia desleal.
Hasta el año 2019 existía una concentración de las auditorías mineras en manos de un grupo de auditores, una especie de monopolio. A partir de ese año, el número de auditores registrados se incrementó pero no encontraron trabajo o una remuneración acorde a sus calificaciones, habiendo sido el monopolio el que incidió, devaluando año por año los precios de las auditorías mineras a fin de cerrar el mercado a nuevos auditores y mantener el monopolio.
En los casos en los que los titulares mineros son entidades del sector público, el Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, les exhorta a hacer el uso de la plataforma de compras públicas para solicitar proformas y realizar un estudio de mercado. Sin embargo, es sorprendente como al utilizar este sistema, en los términos de referencia (TDR) los procesos están totalmente dirigidos, estableciendo un perfil o requisitos determinados, a fin de que el proceso esté acorde al perfil de un consultor específico.
También se realizan procesos unificados para la elaboración de informes de producción y auditorías. Todo en un solo proceso. ¿Cómo alguien puede ser juez y parte?
Es lamentable saber que existen casos en donde los mismos técnicos de entidades públicas y privadas son quienes realizan las auditorías, y se comunican con ciertos auditores para comprar su firma.
Manejo de instituciones públicas afines a la industria minera.
A ciencia cierta sabemos que el potencial minero de nuestro país es verdaderamente prometedor pero está siendo gestionado sin el talento humano indicado para que genere los mayores beneficios para la nación.
Estoy convencido de que mientras el viceministerio, gerencias, direcciones ejecutivas y coordinaciones de empresas públicas ligadas a la industria minera, no estén a cargo de profesionales formados en las áreas de geología y minas, este es el principal factor que no permite desarrollar la minería en nuestro país.
La empresa nacional minera, Enami EP, cumplió 15 años de su creación, tiempo en el cual, con las ventajas jurídicas y grandes proyectos a su cargo, debió ser ya una empresa autosustentable. Sin embargo, hasta la fecha sigue siendo una empresa dependiente.
Fui parte del equipo de exploración de esta empresa y se demostró el potencial aurífero del proyecto Río Santiago, como prueba un mini lingote de oro debería reposar en la Enami EP. Sin embargo, este proyecto mediante la cesión y transferencia de derechos fue cedido a una empresa de mineros locales, quienes no pudieron sostenerlo y en la actualidad estas concesiones se encuentran borradas del catastro minero, caducas posiblemente por el no cumplimiento de las obligaciones legales. Hoy me pregunto, ¿qué pasó con las excavadoras que la Enami EP adquirió para desarrollar ese proyecto?
Soluciones a la problemática.
La solución de esta problemática, va más allá de crear o reformar instructivos, va más allá de categorizar auditores mineros, mientras las entidades públicas sean manejadas por profesionales no afines a la geología y minería nuestro país no podrá desarrollarse en el ámbito minero.
Por otro lado, mientras no se designen auditores mediante un sistema informático, no se romperá el vínculo titular–auditor, las autorías seguirán siendo un documento de cumplimiento nada más, y no cumplirán su objetivo que es verificar el verdadero volumen explotado, emitir observaciones y no conformidades para conocimiento del Estado. Esta designación automatizada debe incluir a los libres aprovechamientos.
Si bien es cierto, al cambiar de auditor debido a una designación imparcial de un sistema informático, existe una cierta preocupación sobre la posibilidad de divulgación de los datos redactados en los diferentes informes de producción por parte de los titulares. Cabe recalcar que dichos informes pasan también por diferentes funcionarios del MEM y de la Arcom, por lo que debería existir un acuerdo de confidencialidad anterior a la elaboración de cualquier auditoría.
Otro cambio necesario es que se debe establecer un precio mínimo a las auditorías mineras, lo que permitirá romper el monopolio existente, realizar auditorías con un equipo multidisciplinario, y con ello tampoco se permitirá que técnicos de empresas públicas y privadas sean quienes realicen auditorías comprando firmas para la presentación de las mismas.
Además, se debe depurar la lista de auditores mineros que no cumplen o han incumplido con los requisitos que establece el «Instructivo para la Calificación y Registro de Auditores Técnicos Mineros a Nivel Nacional».
Se debe exigir a los titulares mineros la presentación de informes auditados de manera semestral al iniciar actividades de explotación, tal y como establece la ley minera.
Hago un llamado a todos los auditores y auditoras, a realizar auditorías basadas en la ética y profesionalismo, valorar el trabajo que se realiza y no devaluar más el precio de las auditorías, así como tampoco vender sus firmas. Estoy seguro que si el Estado toma en cuenta estas propuestas de soluciones que no son recientes, el mayor beneficiario será nuestro país.
