Se acumulan síntomas de crisis de gestión en el sector, de acuerdo a la imagen que proyecta el gobierno nacional en la comunicación de la política pública minera.
Con el presidente de la República, Daniel Noboa, al frente del Directorio de la Empresa Nacional Minera (Enami EP) desde hace dos meses, hasta el momento hay cero información sobre su incidencia. Entretanto, tres acuerdos comerciales esperan el otorgamiento de concesiones solicitadas por la estatal, para viabilizar los acuerdos específicos correspondientes. Y no es el único tema en la carpeta de la Enami EP, los casos Muyuyacu, Cumbaratza, el procesamiento de minerales incautados que en 2021 arrojó fuertes sospechas de robo, son solo algunos trascendentales por la cantidad de mineros y recursos implicados.
La ministra Inés Manzano, por su lado, espera que la Corte Constitucional resuelva las seis demandas de inconstitucionalidad de la Tasa de Fiscalización interpuestas por actores del sector, y también que la empresa Dundee Precious Metals publique en un portal de Internet en formatos comprensibles para el común el estudio de impacto ambiental del proyecto Loma larga. No hay plazos para ninguno de los dos asuntos.
Mientras tanto se suelta en temas como que la minería ilegal controla la zona de Molleturo, parroquia rural de Cuenca, sin explicar por qué no se hace presente ahí el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero, Comin, o la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, que a diario muestra operativos en los que cuenta con el apoyo de las fuerzas del orden.
El flamante director ejecutivo de la Agencia, Pablo Izurieta, involucrado en un escandaloso abuso de recursos públicos para llegar a su participación en una competencia deportiva entre Guayaquil y Manta el fin de semana antepasado. Pablo es hermano del asesor de Comunicación de la Presidencia de la república, Roberto Izurieta. No responde a consultas de este medio sobre la cuantía lograda en la primera recolección de la tasa “antiminera” que concluyó en julio.
El viceministro de Minería, Javier Subía Guayasamín, hace lo que puede, como en una entrevista reciente conducida por la productora de videos de la Cámara de Minería de Ecuador.
Allí habló de los acuerdos comerciales. Básicamente nada nuevo, lo que en los últimos dos años la estatal venía haciendo. Sin ningún detalle, al igual que hace un mes se anunció la firma de un memorando de entendimiento con Barrick Mining Co para que inicie actividades de exploración en dos concesiones de un grupo de once (sic).
En Quito, en noviembre de 2024, cuando la ministra Inés Manzano promocionó el acuerdo comercial firmado entre Enami EP y Barrick, firmado en septiembre de 2023. Foto: Seminarium.org.
De izq. a der.: Eduardo Chang, gerente general de Enami EP, Javier Subía, viceministro (e) de Minería y Marcelo Álvarez, en agosto de 2025.
¿El valor agregado? El acuerdo comercial con Barrick lo firmó Enami EP en septiembre de 2023 y los detalles del avance de los acuerdos específicos se siguen sin conocer. Se desconoce incluso si Enami EP ha enviado a consulta a Procuraduría General del Estado la fórmula de cálculo de las participaciones accionarias para la cesión y transferencia de concesiones cuando los acuerdos cumplan los hitos negociados.
Enami EP es la titular de las concesiones, por su derecho preferente a acceder a áreas con el catastro cerrado, pero después de eso hay toda una normativa que cumplir para que pueda hacer efectivo ese derecho y más aún para que esté en capacidad de transferirlas sin que se configure un peculado con recursos que son patrimonio del estado.
Así también, en la entrevista Subía omite que para entrar en negociaciones de la gestión de sus áreas, la Enami EP está obligada por la normativa a convocar a concurso internacional a compañías interesadas, con exigentes condiciones de capacidad técnica y financiera que cumplir, entre otras.
Habló además de Llurimagua, de que se comenzará de nuevo a hacer exploración de valoración del yacimiento. Después de 15 años perdidos con el fallido acuerdo con la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco. ¿Eso es todo? ¿Borra y va de nuevo?
Pase que no hable de la “repetición” para los responsables de una antitécnica negociación.
Pero, para este depósito de cobre y oro considerado uno de los más grandes del mundo, a los ecuatorianos los gobiernos nos deben un equipo de negociación internacional técnico y multidisciplinario y sobre todo de expertos, que represente cabalmente los intereses del país y no permita las presiones diplomáticas o políticas y los lobbys empresariales para los que abundan comedidos improvisados.
Hay que hacer muchas precisiones, 25 millones tiene que pagar a Codelco el estado ecuatoriano, luego de que la gigante chilena perforó alrededor de 100 000 metros de pozos, lo que a groso modo significa alrededor de unos 60 millones de dólares. ¿Cuánto le va a costar al Ecuador ese acuerdo por Llurimagua con uno de los tres actores que a decir del Viceministro han presentado interés?
Hay mucho que aclarar. La responsabilidad de buscar al mejor cirujano para poder extraer ese cobre entre las empresas que son potencias mundiales, las que tienen tecnología y experiencia es una tarea bastante dura. ¿Cómo encontrarlos? ¿Guiados por quién?
La mayoría de asesores del Ministerio son abogados. De la Enami EP se alejó a los pocos expertos con algo de experiencia que tiene el país, como el ingeniero y “persona competente o QP” Hernán Guasumba, quien lideraba el análisis del proceso de negociación, valoración y transferencia de los acuerdos comerciales. No en vano fue quien, por delegación del anterior gerente de la Enami EP, explicó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la fórmula de cálculo aplicada para una eventual transferencia a Hanrine Ecuadorian de concesiones a coadministrar.
Con todo respeto, no hay gente capacitada en el Ministerio. De planta no la hay. El subsecretario de Minería Industrial, ingeniero Guillermo Flores, puede ser un excelente docente, pero no tiene experiencia en ninguna mina ni nada parecido. El Viceministro es el séptimo en el cargo desde que asumió Noboa, viene de la ingeniería mecánica y el marketin estratégico.
Y otro tema topado en la entrevista: seguir abriendo el catastro minero, el nudo gordiano de la gestión estatal. Tres aspectos importantes que hay que considerar. El primero es que había que completar la depuración del catastro. El segundo es el tema del software que tiene que ser superseguro para que no le metan mano como autoridades afirmaron que se hacía, sin mostrar pruebas ni ejemplo alguno. Ni si hubo «estudio del BID» alguno.
Y el tercero es que hay que reformar la normativa para, justamente, controlar que las inversiones que se comprometen a hacer a través del proceso de subasta y remate que indica la ley, se ejecuten, y la información geológica sea efectivamente trasladada al propietario de la riqueza del subsuelo que es el país. Entonces, si no se cumplen esas tres condiciones ¿se podría abrir el catastro minero a la pequeña, mediana y gran minería metálicas?
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