Entre los tres casos de supuesto manejo inadecuado de concesiones de la Empresa Nacional Minera Enami EP, que constan en el informe de fiscalización elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, consta la eventual cesión y transferencia de las concesiones Coronas.
Es el primer caso, y el más importante del informe por tratarse del mecanismo abierto de atracción de inversión extranjera exhibido por las autoridades mineras, es el acuerdo comercial por el proyecto Coronas con la empresa australiana Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, que envuelve 28 276 hectáreas en las parroquias García Moreno y Peñaherrera, del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.
La firma de este acuerdo comercial significó un pago de 1 millón 200 mil dólares, equivalente al 1% de la inversión total de 120 millones de dólares comprometida para el proyecto. Pero además, se negoció por 701 360 dólares por la “promesa irrevocable de cesión y transferencia” del 25,1% del conjunto de concesiones ahorra llamadas: Dulce, Carolina, Maritza, Guadalupe, Silvia y Ana María.
A criterio de la comisión legislativa, el gerente general de la Enami EP ha transferido el 25,1% de las concesiones que componen el proyecto, que ni siquiera son todavía de la Enami EP, por un valor aproximado de 700 mil dólares, usando un método de valoración de las concesiones que no está reconocido por la legislación minera nacional vigente.
“En este proceso, el Estado ecuatoriano ha perdido el control sobre dichas concesiones, sin evaluar debidamente el posible impacto económico negativo que esto podría acarrear”, acota y para más complicación, señala el informe que la Contraloría General del Estado indicó que estas concesiones se hallan sujetas a una valoración “previa la exploración del área”.
En su comparecencia a la Comisión, Delaune explicó que en la fórmula de cálculo se incluyó el factor “Fraser” del Instituto Fraser de Canadá, que mide qué tan atractiva es una jurisdicción para la inversión minera. “Este modelo se parece a lo que se hace a nivel internacional entre entes privados, que es un modelo farming que, básicamente, con base en el cumplimiento de ciertas condiciones se entrega una cotitularidad de la concesión. Al ser una empresa pública, no podemos hacer ese tipo de negociaciones sin tener el sustento como la fórmula del equilibrio económico”, afirmó.
Informó también que el ingeniero Hernán Guasumba, gerente de Exploración, realizó la valoración usando la metodología Kilburn + Ingemmet, que corresponde a una de las metodologías de valoración de activos mineros relacionada con el enfoque de costos. Además, señaló que no existen condiciones óptimas para el desarrollo del proyecto ya que existe conflictividad social, minería ilegal cerca y un proceso de arbitraje internacional en la concesión vecina (Codelco vs. Estado ecuatoriano por el proyecto Llurimagua).
Al respecto, aduce la Comisión que “El método que ha usado Enami EP, es el método geo científico que no tiene en cuenta el impacto del desarrollo del proyecto y su producción, pues es una metodología que solo se enfoca en los costos del proyecto”.
El proyecto Coronas es contiguo al proyecto Llurimagua, por lo que la Comisión afirma que en ese contexto, “del proyecto Llurimagua, el cual ha sido valorado en aproximadamente 30 mil millones de dólares (sic), es cuestionable la base de este cálculo y la falta de responsabilidad del actual Gerente General de Enami EP y su Gerente de Exploración quién valorizó el proyecto denominado Coronas, al transferir la titularidad de áreas mineras sin una evaluación objetiva y establecida de sus valores”.
Por otro lado, apunta: “En ninguna sección del Reglamento de Acuerdos Comerciales (de la Enami EP, ndlr) se contempla la posibilidad de ceder o transferir la titularidad al iniciar la firma del acuerdo comercial a través de la concesión de una parte o porcentaje de las mismas, como el 25,1% en este caso. Por lo tanto, dicha transferencia y cesión del acuerdo resultarían inapropiadas tanto en los aspectos formales como sustantivos del mismo”.
Cabe señalar, aclara el informe, que “el gerente general de Enami EP, en su comparecencia a esta Comisión, hizo una distinción entre la transferencia del paquete accionario y la titularidad de la concesión, lo que para efectos prácticos esta Comisión ha observado que el bajo el término titularidad de la concesión se quiere eludir la prohibición constitucional sobre la obligatoriedad que el paquete accionario en los proyectos de minería pertenezca mayoritariamente al Estado Ecuatoriano”.
En el informe se concluye: “El acuerdo celebrado con Hanrine usa figuras legales cuestionables que atan al Estado ecuatoriano para una cesión futura e irremediable del proyecto, eludiendo los procesos contractuales establecidos en la Ley de Minería y por ende comprometen la explotación futura de los recursos naturales del Estado causando un perjuicio al Ecuador”.
