Después de que la policía peruana destruyera maquinaria minera ilegal en la sierra de la parte norte de su país, los ministros de Ambiente de Ecuador, Gustavo Manrique, y de Perú, Albina Ruiz, conversaron y coincidieron en unificar sus actividades para enfrentar a las actividades extractivas que se realizan al margen de la ley en la zona fronteriza.
Manrique indicó el martes pasado que dialogó con su homóloga peruana y que coordinarían trabajos conjuntos para combatir la minería ilegal.
Como es público, hace unos días el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anotó en un comunicado que «se constató que la destrucción de maquinaria que habría sido utilizada para trabajos de minería ilegal en el sector de Anchalay (Perú) se realizó por parte de las autoridades peruanas competentes en contra de la minería ilegal en su territorio».
Después de la acción que terminó con la voladura de la maquinaria ilegal, el alcalde de Macará, Alfredo Suquilanda, manifestó su preocupación por el hecho que, en su opinión, debió haber sido conversado «para que no haya malentendidos que puedan ocasionar problemas ulteriores que rompan la paz que reina en la frontera».
El operativo había sido llevado a cabo cumpliendo una sentencia de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Perú, con el apoyo de la Policía Nacional, y dejó siete detenidos entre peruanos y ecuatorianos, que fueron sorprendidos en flagrancia mientras realizaban trabajos de minería ilegal en la ribera peruana del río Calvas.
El ministro Manrique comentó que el Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) de Ecuador declaró este año a la minería ilegal como una «amenaza», lo que eleva el nivel de acción, permite incorporar capacidades de manera más rápida para combatirla, destraba presupuestos y facilita políticas públicas.
