Cuando parecía que el sector minero caía arrastrado por la crisis que genera la inseguridad y la falta de un proyecto político que nos permita avanzar hacia una sociedad democrática y socialmente más justa, las estrellas se alinean y ofrecen una nueva oportunidad -tal vez la última-, de hacer de la minería una herramienta para el bienestar nacional.
Imposible de aspirar a tener certezas en esta época de grandes incertidumbres. Los obstáculos tienen una dinámica que complica la batalla por ganar la mente y el corazón de los ecuatorianos que buscan un sistema mejor que dé oportunidades a las futuras generaciones, pero no cabe duda que una vez que se supere lo peor de la problemática nacional y mundial, incluídos El Niño, las nuevas elecciones, el poder del narcotráfico y la recesión mundial, vendrá una demanda inmensa de metales que debe ser entendida como una nueva oportunidad.
Es una oportunidad también para las mujeres. En un sector donde hasta ahora las diferencias se han solucionado a través de vías tradicionalmente masculinas, la grandeza emocional y superioridad intelectual tienen por delante una encrucijada en la que el fracaso no es una opción.
Dicho de otro modo, la minería puede ser el motor de la economía pero está en el centro de toda la discusión política.
Desde el sector estatal, no se han generado mensajes claros y desde el sector empresarial, hay inexperiencia, nerviosismo y falta de seriedad para evitar que los conflictos sociales paralicen al sector. Faltan también recursos para poner en valor el potencial geológico y he ahí una nueva oportunidad para encontrar los mecanismos que permitan transformar los casi cien proyectos mineros en operaciones que multipliquen su valor en la economía y la sociedad ecuatoriana.
Hay también confianza en la gestión que pueda hacer la señora Andrea Arrobo. Sin eludir los problemas, los líderes del sector nos dan sus opiniones sobre lo que se espera de ella y su equipo.
“Confiamos plenamente en que la gestión del presidente Daniel Noboa y su equipo estará guiada por el compromiso con el bienestar de nuestra nación y de cada ecuatoriano”, dice de entrada la presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, Carolina Orozco.
“Como parte de la industria minera, queremos reafirmar nuestro compromiso con el país y ofrecer nuestra colaboración. Reconocemos que la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible del entorno y las comunidades son objetivos compartidos, y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente para avanzar en esta dirección”, agrega.
Desde su visión, son cinco los ejes prioritarios que demandan atención inmediata. En primer lugar, afirma, abogamos por una política minera integral que permee en todo el territorio ecuatoriano y a todo nivel de gobierno, que considere no solo los aspectos económicos sino también los ambientales y sociales, asegurando un desarrollo equilibrado. El diálogo abierto con todos los actores involucrados del Ejecutivo es crucial para alcanzar consensos y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo, así como la lucha conjunta contra la extracción ilegal de minerales.
«La necesidad inmediata de una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada es un vacío que urge abordar. Necesitamos un marco legal que garantice la participación consciente de las comunidades en decisiones que puedan afectar su entorno. La seguridad física en los territorios mineros es un tema primordial que exige medidas para salvaguardar la integridad de todos», indica.
«La implementación de la consulta ambiental es otra urgencia inmediata. Es imperativo que tras el último fallo de la CC a este respecto, que retome la entrega de Licencias y Registros ambientales hasta que la Asamblea expida la Ley Orgánica, resolver estos impasses significa reactivar la economía y generar empleo digno. La agilización de los procesos de consulta es esencial para desbloquear proyectos que benefician a la sociedad. El Ministerio del Ambiente debe disponer el reinicio inmediato de procesos suspendidos y colaborar con la Asamblea Nacional para la aprobación de la Ley Orgánica de esta materia.
La seguridad jurídica es un pilar esencial para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico. Solicitamos al Gobierno un marco legal claro y propicio para nuestras actividades. La certeza legal no solo beneficia a la industria, sino al progreso del país», remarca.
La presidenta de la CME confía en que el Ministerio de Energía y Minas así como el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica trabajarán para lograr un equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental, promoviendo las actividades legales como parte de la lucha contra la minería ilegal, regularizando los proyectos para que puedan generar empleo e inversión al país, generando políticas que coloquen al Ecuador nuevamente como primera opción de los principales inversionistas internacionales y de empresas mineras con los mejores estándares.
“Estamos dispuestos a contribuir activamente a este esfuerzo conjunto por un Ecuador más próspero y sostenible. Además, subrayamos la importancia de considerar la apertura del catastro minero como eje fundamental en esta labor. Depositamos nuestra confianza en que el presidente Noboa y su equipo impulsarán mensajes positivos sobre el avance de la industria minera responsable, como lo han venido haciendo, propiciando el desarrollo de esta industria”, afirma Carolina Orozco.
Y concluye destacando que «Ecuador alberga el potencial de posicionarse como el próximo destino minero a nivel mundial, y es esencial trabajar de manera colaborativa para alcanzar un equilibrio armonioso entre el progreso económico, la conservación del medio ambiente y el desarrollo de nuestras comunidades.”
Mauricio Núñez, vicepresidente de Ecuacorriente, operadora de la mina Mirador, la primera operación de cobre a gran escala del país, sugiere lo siguiente: “Primero: Control permanente y efectivo en contra de la minería ilegal, que son quienes en realidad provocan serios daños al medio ambiente, a la naturaleza y a las comunidades.
Segundo: Fortalecer en número y capacidades al personal del Ministerio de Energía y Minas, pues la carga de trabajo y su complejidad sobrepasa al personal actual, no es suficiente.
Tercero: Agilitar todos los trámites y procedimientos pendientes, hay trámites represados desde hace un año.
Cuarto: Poner especial atención a los proyectos de primera y segunda generación, pues mientras más pronto entren en funcionamiento más pronto generarán beneficios para el Estado.
Quinto: Gestionar una reforma legal para la eliminación del informe de sostenibilidad fiscal que debe emitir el Ministerio de Finanzas que para los proyectos se demora mínimo ocho meses y retrasan la firma de contratos con el Estado.
Y sexto: Gestionar la Ley de Consulta Previa y de Consulta Ambiental.
En modo más reflexivo por los años que lleva caminando por todos los depósitos mineros del país, el ex viceministro de Minas, Reinaldo Reyes, considera que la industria minera atraviesa por una crisis de inversión y de seguridad a nivel de Latinoamérica, pues países muy atractivos para la inversión como Panamá, Argentina, Perú y Chile son ejemplos de la complejidad de los nuevos problemas que debe encarar el sector.
“Es aquí que el nuevo Gobierno de Daniel Noboa debe cambiar la perspectiva de Ecuador. A nivel local, la falta de institucionalidad y liderazgo de los administradores de la política minera, han llevado al país a caer en una grave crisis de resentimiento social por desinformación, falta de seguridad física en donde la minería ilegal se ha convertido en un gran negocio para grupos irregulares, la falta de insumos y el contrabando de explosivos está matando a la pequeña minería y frenando a la gran minería, entre otros factores”, enfatiza.
“La falta de la Ley de Consulta Ambiental y Consulta Previa Libre e Informada tienen amordazada a la industria y a los nuevos proyectos listos para producir”, continúa.
Reyes cree que es tiempo de rescatar proyectos listos para minar como Llurimagua, Río Blanco y San Carlos Panantza para incrementar las reservas mineras a exportar.
“El sector minero espera del gobierno por lo menos, que aceleren los permisos dentro de los ministerios implicados, a través de declarar a los proyectos mineros de Interés Público, como lo está haciendo Europa, para lograrlo hay que reinstalar las mesas de trabajo con vigilancia del Ejecutivo para evitar desvíos ideológicos y ambientalistas que entorpecen la toma de decisiones en los funcionarios de gobierno”, opina.
Y recomienda que contar con un ministerio de Minas, que pueda supervisar la Agencia de Regulación y Control para que realice una efectivo control de la fuga de exportaciones mineras a todo nivel, es una de las estrategias para incrementar las exportaciones, mejorar los sistemas de transporte de mineral con sistemas modernos y de embarque en buques al granel en los puertos. Es urgente, opina, construir la infraestructura vial y de puertos que se requieran vía concesión e incentivar la seguridad energética a través de la autogeneración eléctrica.
Casi en el mismo sentido, el ingeniero Santiago Yépez, reconocido consultor minero, detalla tres acciones que considera de vital importancia para el resurgimiento de la actividad minera industrial en el país:
En primer lugar, hay que gestionar el reinicio y conclusión de los procesos de obtención de las licencias ambientales de los proyectos próximos a construcción, lo cual dará certeza al inversionista minero de que es posible desarrollar proyectos de largo plazo en el Ecuador. Esto también viabilizará una importante inversión extranjera que se ha estancado por la falta de seguridad jurídica y falta de certeza dentro del proceso de consulta ambiental y posterior obtención de las licencias correspondientes.
Hay que gestionar la elaboración y aprobación pronta de un correcto proyecto de ley de consulta ambiental, que se encuentre acorde a los requerimientos de la industria y que al mismo tiempo cumpla con lo solicitado por la Corte Constitucional en su mandato respecto a la inconstitucionalidad del decreto 754. Este proyecto de ley deberá ser aprobado en el corto plazo, y así poder otorgar certeza a varias industrias, no solamente a la minera, que requieren avanzar con sus procesos de licenciamiento ambiental.
Y en tercer lugar, afirma Yépez, hay que presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de consulta previa, el cual debe encontrarse acorde a la normativa internacional y el convenio 169 de la OIT, lo cual permitirá dar claridad tanto a las empresas del sector minero, como a las autoridades de la función judicial y constitucional, con lo cual se eliminará la discrecionalidad y posterior detenimiento de proyectos fundamentado en la falta de cumplimiento de esta obligación que le corresponde al Estado.
“Estas tres actividades esenciales deberán contar con el apoyo y gestión de las máximas autoridades, a fin de que su cumplimiento resulte óptimo y oportuno. El permanente control a la actividad minera ilegal, es sin duda de trascendental importancia dentro de las actividades del Ministerio del ramo,” remarca.
Carlos Moncayo
Dos profesionales de la geología, tienen su propio listado de prioridades. El geólogo Edgar Salazar puntualiza como urgente la solución del conflicto Enami-Codelco, sobre el proyecto “Llurimagua; el desbloqueo del procedimiento para las Consultas Ambientales en la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la apertura del Catastro Minero.
“Sin esbozar por ahora un criterio más explícito y detallado, si el señor presidente Noboa logra una solución a estos tres puntos, será suficiente logro para la industria minera formal, legal,” expresa.
Por su parte el geólogo y MBA Carlos Moncayo, como parte integrante del gremio de profesionales dedicados a la exploración geológica y explotación minera, esboza de manera general sus recomendaciones de lo que se debería tomar en cuenta por la nueva autoridad.
“El tiempo de acción de este gobierno y autoridades del ramo es en verdad efímero pero lo importante es empezar, dar el primer paso, trazar la ruta y delinear el largo tramo y tiempo que significará alcanzar este objetivo que en pocas palabras se traduce como el logro de una minería responsable, circular, transparente generadora de riqueza y trabajo y responsable con el medio ambiente”, sostiene, antes de enumerar sus recomendaciones:
Para empezar, debe lograrse que las instituciones que tienen que ver con la generación, control, desarrollo, promoción y ejecución de programas y planes de desarrollo y actividad geológico minera en el Ecuador estén dirigidas por profesionales del ramo de la geología/minería que tengan la experiencia requerida en la empresa privada en los temas de diseño, planificación, supervisión, desarrollo e inversión de proyectos mineros. Y que, además, se tome en consideración el pensamiento y experiencia de entes vinculados a la actividad como lo son la cámara de minería, colegios de ingenieros, y empresa privada -que actualmente genera réditos al estado ecuatoriano- en cuanto a la creación leyes, reglamentos, normativas, procedimientos, acuerdos, modelos económicos de participación minera estado – empresa privada, estrategias de desarrollo minero, etc.
Es preciso que se transparente el proceso de reapertura del catastro minero para que se despierte y retorne la confianza e interés de la inversión privada externa y una vez saneado este tema se pueda dinamizar la inversión y desarrollo de la actividad de exploración / explotación geológico minera en el Ecuador.
También que el gobierno garantice, avale, proteja los derechos adquiridos como titulares mineros y exija también el cumplimiento de las obligaciones de los mismos.
Es necesario que el estado ecuatoriano y su andamiaje legal administrativo actúe de manera radical y ejemplarizadora contra la minería ilegal sea esta tanto al interior de concesiones mineras legalmente entregadas, así como en zonas protegidas o en áreas de sensibilidad ambiental definidas / reconocidas.
Finalmente, considera el ingeniero Moncayo, es bueno que aquellos proyectos mineros que se consideren como estratégicos para el desarrollo de la economía nacional que actualmente se encuentren en fases de exploración avanzada, estudios de pre y factibilidad económica reciban del estado ecuatoriano la atención, protección y motivación necesaria para su desarrollo y que se precautele al máximo los intereses del estado en cuanto a temas de participación económica, tributación, cuidado y protección ambiental.”
Respecto a los requerimientos del sector al nuevo gobierno, el ingeniero Paul Briones, de HP Drillingservices, una de las empresas que más metros ha perforado en busca de las riquezas que esconde el subsuelo ecuatoriano, resalta que es necesario, en primer lugar, seguridad para poder trasladarnos y trabajar con tranquilidad tanto en los viajes como en las zonas mismas de los proyectos, donde por varias ocasiones hemos sido presa de activistas antimineros y sufrido ataques sin que exista ninguna acción en defensa por parte del estado para quienes hacemos minería responsable y generamos trabajo.
Un segundo tema a abordarse por las autoridades es el de la agilidad y celeridad en los trámites y emisiones de licencias/permisos y concesiones “ya que por la tardanza de estas hemos visto marcharse del país a importantes empresas internacionales que cumplen con los más altos estándares de seguridad y cuidado del ambiente, además de ser generadoras de desarrollo, lo cual ha afectado a la economía de muchos hogares y a dado espacio para que los grupos en contra de la minería legal y con otros interese ocultos se fortalezcan”, precisa.
“Para un avance en el Ecuador de una Minería responsable en términos del cuidado con el medio ambiente, la seguridad para sus trabajadores y el desarrollo de las operaciones mineras, deben determinarse políticas públicas modernas con estándares internacionales y buenas prácticas industriales, que permitan a las empresas mineras de pequeña y mediana escala, subir en su tecnificación acorde a métodos actuales del cuidado al ambiente, Sistemas de explotación y Sistemas de Fortificación minera, que les permita una mayor seguridad y productividad en las operaciones mineras”, nos confía un ejecutivo de Ideal Alambrec, una de las firmas proveedoras más importantes del sector.
El doctor Stevie Gamboa Valladares, abogado de recursos naturales y parte del elenco estable de comentaristas en casi todos los eventos mineros, enarbola la esperanza como principio de conducta.
“Un nuevo Gobierno representa una nueva oportunidad para fortalecer al sector minero. La gestión saliente no logró plasmar sus iniciativas en el territorio por varias razones, probablemente la falta de institucionalidad por no contar con un ministerio propio y la falta de especialidad en la Agencia de Control, fueron parte de los motivos. Pero también existieron factores externos a la gestión del Ministerio de Energía y Minas, tales como la actividad prejuiciosa de la Corte Constitucional con múltiples sentencias contradictorias, así como la agenda propia del Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, que en varias ocasiones utilizó la creación de áreas de protección hídricas -entre otras- para restringir las zonas que pudieran ser susceptibles al otorgamiento de concesiones para actividades exploratorias”, afirma.
Considera que la ministra Arrobo, se enfrentará en el sector minero a tres desafíos principales durante su administración: Uno, combatir la minería ilegal mediante una estrategia integral, eso debe incluir la activación permanente de la Cecmi para contar con inteligencia militar y policial, que permita defender los frentes de pequeña minería que se encuentran permanentemente invadidos en diferentes distritos mineros. Así como implementar herramientas tecnológicas para impedir la exportación de oro mediante certificados de origen emitidos por la Agencia de Control mediante funcionarios vinculados a la corrupción.
Dos: Implementar una defensa eficiente en todos los procesos legales ante las instancias judiciales y ante la Corte Constitucional, para lo que se deberá fortalecer al área legal del Ministerio con suficientes recursos humanos, económicos y administrativos, para impedir la proliferación de sentencias irregulares -de esas creativas acciones de protección- que se logran por activistas políticos en diferentes territorios como parte de su agenda anti-desarrollo.
Y tres: Promover un control técnico ágil y permanente, a través de una Agencia competente y moderna. No es posible que la revisión de los informes de exploración, inversión y/o producción se continúe realizando con años de retraso por insuficiencia de funcionarios. Así como tampoco es aceptable que los registros de derechos mineros, informes para contratos de operación y demás gestiones se demoren varios meses -incluso años- para unos usuarios y apenas unos pocos días para otros “afortunados”.
“He dejado por fuera la reactivación del catastro minero, pues aquello requiere de una agenda independiente que permita contar con procesos transparentes, a través de mecanismos soportados en el uso de tecnología que permita contar con una catastro seguro, accesible, actualizado y que cumpla con proporcionar toda la información que le exige la Ley de Minería. Algo que bajo la sombra de ciertos exfuncionarios nefastos no será posible lograr.
Si bien es cierto que estas soluciones requieren de la asignación de recursos económicos, algo que nos han indicado no hay disponible, es imperativo recordar que el sector minero aporta cientos de millones de dólares en pagos de tributos, atrae miles de millones en inversión extrajera y aporta exportaciones que superan casi a todos los exportables del Ecuador,” expresa.
LEONARDO BENAVIDES, director de CIMA, UPTL.
El directivo de la entidad de capacitación esboza sus propuestas en tres niveles.
“Intervenciones de carácter prioritario:
1.Fortalecer la capacidad institucional: Mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de regular y supervisar el sector minero, asegurando que cuenten con los recursos y la experiencia necesarios para desempeñar su labor de manera efectiva.
En este punto, destaco, volver a crear el ministerio de minas y su agencia de control y regulación exclusiva para minería, con los fondos, capacidades, recursos, tecnología y personal que permitan implementar las políticas públicas mineras y realizar un control y regulación efectivos del sector.
2.Aperturar el catastro minero para promover la exploración minera en el país, y con ello la inversión nacional y extranjera, con transparencia, insumos tecnológicos, y seguridad técnico jurídica.
Intervenciones de carácter urgente:
1.Los proyectos mineros y la actividad o industria minera, requieren de una resolución favorable de la Corte Constitucional para continuar con otorgamiento de licencias ambientales; grandes cantidades en inversión nacional y extranjera y miles de nuevos empleos dependen de esto. La demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 754, contiene o retrasa la emisión de licencias ambientales y, con ello, más de 176 proyectos de distintos sectores.
2.El control de la minería ilegal en diversos sectores del país.
3.Apertura del catastro minero.
Intervenciones de fondo:
1.La poca, nula o inexistente distribución de los beneficios de la minería en los territorios, genera un prejuicio hacia la actividad. Se debe gestionar otro modelo de distribución de los recursos para que las regalías mineras se inviertan efectivamente de acuerdo a la ley en un 60% en las comunidades de la zona de influencia, tal vez un modelo parecido al peruano, donde los gobiernos locales son los que reciben directamente los beneficios sea la respuesta y solución.
2.Solucionar la falta de respuesta del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ante cientos de estudios ambientales, auditorías, informes vinculantes, informes administrativos, etc., en definitiva, no existe capacidad ni especialidad en ese ente para enfrentar, revisar y responder a la actividad minera en todas sus fases y regímenes.
3.Es necesario impulsar procesos de fortalecimiento y ordenamiento de la pequeña y mediana minería, brindando apoyo técnico, capacitación y acceso a financiamiento. Esto contribuirá a mejorar las condiciones laborales, desarrollo económico local, encadenamiento productivo, empleo y evitar la minería ilegal.
4.Inclusión de la minería como parte del contenido de las materias en las escuelas o principalmente en los colegios, es importante crear una conciencia minera junto con una conciencia ambiental y social. La actividad minera debe verse como cualquier otra actividad generadora de empleo, oportunidades y desarrollo.
5.Implementar como en otros países un fondo de apoyo al desarrollo minero mediante la capacitación, entrenamiento y asistencia técnica especializada.
