Escribe: Percy García, director de Fortalece Consultants Inc.
Noviembre 21 del 2021.- Desarrollo Económico Local (DEL) es tal vez la herramienta más efectiva que puedan implementar las organizaciones privadas y entidades de gobierno para impulsar, si está bien diseñado, el desarrollo de una organización, de un municipio, de una región, y de un país. Sin embargo, si se ha implementado de manera improvisada y sin considerar todos los elementos del contexto local, puede incluso, causar el deterioro de la imagen de la organización o de las entidades.
DEL es hasta cierto modo, una de las herramientas que une las actividades minero energéticos con las actividades agropecuarias, considerando que hace mucho tiempo se viene conversando sobre si ambas actividades puedan coexistir paralelamente. No solo pueden coexistir, sino que el contexto mundial donde se habla de sostenibilidad, de innovación, inclusión social, de género, hace que ambas actividades caminen de la mano.
Muchos conflictos sociales antes y durante el proceso de implementación de proyectos minero-energéticos se producen por que no se ha logrado comunicar, de manera eficiente, los aportes al desarrollo las actividades minero-energéticas. Las comunidades, a veces lideradas sin información completa, desconocen de los aportes hecho por las empresas al gobierno. Por otro lado, las empresas implementan proyectos a corto plazo, sin planificación y sin el asesoramiento adecuado proyectos DEL que, en vez de ayudarlas a tener mejores relaciones con las comunidades, las deterioran.
El rango de proyectos DEL que se pueden implementar varía dependiendo del país, y pueden ir desde proyectos agropecuarios hasta la creación de empresas de servicios. Sea cual sea la escala del proyecto, si los beneficiarios no han sido bien capacitados y acompañados en el proceso de administrar la actividad económica creada con el apoyo del sector privado, el proyecto tiene una alta probabilidad de fracasar una vez que se le quite la asistencia, y eso es lo que usualmente sucede en la mayoría de los proyectos DEL, lo cual crea una mala imagen.
La pregunta que deben hacerse los ejecutivos del sector privado es si los beneficiaros, que por lo general son personas con poca preparación académica y casi cero conocimientos en administrar una empresa, la pueden dirigir y hacer competir de manera legal (i.e. pagando impuestos y cumpliendo todas las normas que piden los gobiernos en diferentes niveles) con otras empresas del mismo rubro.
La experiencia demuestra que sí se pueden implementar estas iniciativas y lograr no solo la aceptación de las actividades minero-energéticas, sino también el apoyo favorable de las comunidades a las mismas. Estos proyectos, sin embargo, son de largo plazo y, al término de los mismos, los beneficiarios terminan autogestionando sus emprendimientos y creciendo de manera sostenible, sin depender de las actividades minero-energéticas. A ello se le llamaría, finalmente, proyectos sostenibles.
Para terminar esta breve descripción de proyectos DEL, es importante mencionar que los recursos a invertirse en estos proyectos no tienen que salir en su totalidad de las empresas privadas, existen mecanismos nacionales e internacionales que ayudan a estos fines, y si la empresa los gestiona adecuadamente, puede acceder a ellos y tener un impacto positivo en las comunidades o en su área de influencia, como se suele llamar, mucho mayor a lo esperado.
Fortalecer los liderazgos locales y los espacios
multiactores para la gobernanza (Modelo I)
Por: Carlos Grey Figueroa (*)
Resolver las asimetrías existentes entre las comunidades y la minería es un gran reto para tener una gobernanza local fuerte.
Al respecto, Fortalece Consultants Inc. ha desarrollado varios modelos para afrontar estos retos, uno de los cuales se presenta a continuación y contribuye a que las actividades mineras apoyen el crecimiento económico sostenible e inclusivo y el apoyo a las poblaciones vulnerables.
La idea principal es fortalecer los liderazgos locales y los espacios multiactores para la gobernanza y la gestión del territorio sobre la base de sus potencialidades económicas y productivas con una visión común del desarrollo de largo plazo que garanticen mayores niveles de equidad e inclusión de las comunidades del entorno minero.
Destacamos el enfoque de Valor Compartido, que está orientada a generar beneficios económicos y sociales a todos los actores dentro de su territorio. Este enfoque es compatible con la gestión social que promueve la actividad privada en especial las empresas mineras e incorpora a todos los actores del territorio con sus respectivos intereses en el desarrollo.
Los principales componentes identificados en este proceso son:
1. Desarrollo de Capacidades orientado a fortalecer los liderazgos locales, de las organizaciones de base, de las autoridades y funcionarios municipales y regionales, para la construcción de una Gobernanza y la gestión del territorio de manera concertada y participativa.
2. Gobernanza Inclusiva, para promover el desarrollo territorial, a través de espacios multiactor, conjuntamente con las municipalidades con los socios y/o aliados del desarrollo territorial, como la sociedad civil, los empresarios y los gremios e instituciones del estado que están en cada región y en cada municipio. Generando una cultura de diálogo, planificación territorial y el acercamiento e inversión del gobierno central y privado en los territorios locales.
3. Fortalecimiento de la Gestión municipal, con el enfoque de buen gobierno, que gestione adecuadamente los recursos de la actividad minera y del gobierno central para el desarrollo de su territorio y mejore la calidad de vida de los pobladores y sea eficiente y transparente en la ejecución de su presupuesto.
4. Reactivación y Diversificación Económica, en el contexto de pandemia y depresión económica, promoviendo cadenas de valor económicas y productivas. Generando Desarrollo empresarial y empleo, adaptando los modelos de negocios a las nuevas exigencias de los mercados, así como a la digitalización y la incorporación del sector informal a la formalidad y la digitalización.
5. Incidencia publica y comunicaciones, tiene como finalidad incidir en las empresas mineras para implementar un modelo de Gestión de Responsabilidad Social de la minería con valor compartido capaz de generar beneficios económicos y sociales a todos los actores dentro de su territorio.
En este enfoque la empresa minera se convierte en un actor del desarrollo junto con otros actores, contribuye desde sus objetivos y coparticipa, interactúa y dialoga con otras agencias e instituciones en los planes y proyectos de desarrollo, a través del espacio/mesa multiactor. La aplicación de este modelo ha dado buenos resultados en los Andes Peruanos. La interacción e interrelación entre los diferentes componentes se puede graficar de la manera ilustrada en el gráfico.
(*) Country Manager Peru de Fortalece Consultants Inc.
cgrey@fortalece.ca
Algo huele a podrido…
La cosa es que muchas de las figuras de la minería local no han podido dormir ni podrán aprovechar el feriado de cinco días después de que Plan V reveló la batalla por una docena de concesiones.
El tema da para muchas entregas y puede terminar, como muchas peleas callejeras, con tiros, heridos y hasta muertos porque lo que está en juego es mucho y nada a la vez. Mucho porque cientos de millones de dólares están de por medio y nada porque a los que han empezado esta batalla que puede ser campal; y a sus asesores, no les interesa nada.
El asunto empezó después del mediodía del domingo seis de diciembre del 2020 cuando el director de Patrocinio Legal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, César Oswaldo Zanafria, firmó la resolución No. MERNNR DPL 2020 007.
Firmó el seis y el lunes siete renunció a tan alto cargo.
Dicha resolución disponía se adjudiquen a la filial ecuatoriana de la estatal chilena, Codelco, doce áreas que en mayor o menor hectareaje, están superpuestas sobre aproximadamente 30 concesiones otorgadas, con todas las de la ley, a empresas que figuran en los lugares más altos de todos los rankings mundiales de las compañías mineras.
A BHP, por ejemplo, operadora de Mina La Escondida, la que más cobre produce en el mundo, le recortaban dos concesiones.
BHP es líder mundial en cobre y Chile es el país primer productor de cobre en el mundo. Dos figuras protagónicas de la industria que aparecen juntos en todos los eventos de la minería mundial y que en Ecuador tienen a su servicio al mismo estudio de abogados.
Ese estudio es Pérez Bustamante & Ponce. Hace poco, con motivo de la presentación de Amicus curiae ante la Corte Constitucional, tanto los escritos de Benjamín Mace, gerente general de BHP como los de Santiago Bustamante Sáenz, gerente general de Codelco, eran firmados por el estudio Pérez Bustamante y Ponce.
Benjamín Mace y Santiago Bustamante compartieron también la mesa del directorio de la Cámara de Minería de Ecuador, CME; ahora liderada por un joven dirigente empresarial que seguramente deberá sentarse al medio de ambos para evitar una confrontación.
Eso no debe ser complicado porque el gremio minero representa al sector en sus diálogos con las autoridades del gobierno y en fueros internacionales en los que algunas veces se solicita la presencia del empresariado ecuatoriano.
Pero los abogados… ¿será que pueden defender al mismo tiempo a dos clientes que entre ellos disputan la misma concesión? ¿Y será que uno de ellos es tan ingenuo como para no saber que su abogado trabaja también para la parte contraria?
¿Sabrá la matriz de Codelco en Chile lo que su filial y sus abogados vienen haciendo en Ecuador?
Eso lo sabremos pronto, con seguridad.
Codelco, que en Ecuador se llama también Emsaec SA, es decir, Exploraciones Mineras Andinas Ecuador S.A., tiene concesiones por todo el país pero, en el caso que nos ocupa, quiere tener más.
Además de las que les sustraería a BHP pretende también las que han sido otorgadas a Anglo American, una minera que está por todo el mundo y extrae casi todos los metales conocidos.
Anglo American tiene a su cargo cuatro operaciones de cobre en Chile, produce concentrados, cátodos y los minerales que Dios puso en esas minas como molibdeno y plata. En Ecuador tiene varias concesiones, entre ellas, cinco de las Pegasus -que forman parte del proyecto del mismo nombre- y se extiende sobre las parroquias Moraspungo, El Corazón, Facundo Vela, Simiatug y Salinas de los cantones Pangua y Guaranda en las provincias Cotopaxi y Bolívar.
Codelco no pretende esas cinco concesiones de Anglo American sino seis. Anglo, que tiene en Ecuador como empresa escudo a Central Ecuador EC CT; no tiene como abogados a Pérez Bustamante y Ponce sino al estudio Bustamante & Bustamante.
Anglo American explora además, asociada a Luminex, el proyecto Quimi, ubicado ocho kilómetros al norte de la primera operación de la gran minería en el país: la mina de cobre y oro conocida como Mirador. Estas concesiones también son reclamadas por la minera chilena.
En asuntos de concesiones, Codelco tiene en sus manos la resolución que en el papel le otorga permisos sobre las áreas que vienen trabajando Fortescue, Hanrine y SolGold, entre otras. De eso hablaremos la próxima semana…
¿Se pueden otorgar nuevas concesiones?
Escribe: abogado Stevie Gamboa Valladares, director de Recursos Naturales en GSG Abogados.
Aparentemente la pregunta tendría una respuesta sencilla, mientras se mantenga vigente la resolución emitida por la extinta Agencia de Regulación y Control Minero, que en fecha 24 de enero del 2018 ordenó el “cierre temporal del catastro minero”, no sería posible. Pero antes de responder, me permito compartir algunos cuestionamientos que deberán hacerse las nuevas autoridades del sector minero ante este recurrente cuestionamiento por parte de algunos actores de la industria.
Han transcurrido casi cuatro años desde el cierre del catastro minero, su temporalidad y próxima apertura han sido parte del discurso de todos los viceministros de minas designados desde entonces. Con una breve revisión de noticias se puede apreciar que en repetidas ocasiones se informó que el proceso de “depuración” había superado el 75% luego el 90%, incluso se anunció con bombos y platillos haber accedido a un crédito internacional para terminar el trabajo iniciado cuarenta y cinco meses atrás. Por ahora, esa promesa no ha logrado materializarse y el catastro sigue cerrado para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras.
Se ha comentado durante las últimas semanas que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, estaría por -o habría- autorizado continuar con los procesos de petición que se iniciaron entre el 2015 y 2017 y que se quedaron pendientes desde el cierre del catastro, en los que se solicitaron concesiones mineras para gran, mediana y pequeña escala, así como permisos artesanales. Esto podría parecer una buena noticia para el sector minero, más allá de la coyuntura política que atraviesa el Ejecutivo en su relación con la Asamblea Nacional.
Sin embargo, esto podría representar una amenaza insuperable a la legitimidad de esas futuras concesiones, además incurrir en violaciones a los plazos definidos en procesos reglados y finalmente, una ventana –quizás una puerta– a la corrupción y tráfico de influencias, que tanto alegan los opositores a la actividad minera. ¿Por qué? Les cuento cinco razones:
1. Las peticiones no constituyen derechos.
La gestión y aprovechamiento de los recursos naturales es una competencia del Estado, en consecuencia, el otorgamiento de delegaciones a favor de la iniciativa privada en una potestad y no una obligación. Aquellas peticiones realizadas hace varios años atrás no constituyen derechos a favor de los solicitantes y, en consecuencia, solo obligan al Estado a emitir una contestación. En ninguna circunstancia se podría limitar el ejercicio de la administración estatal.
2. Se incumplirían los términos y plazos fijados en el Instructivo pertinente.
El Instructivo para el otorgamiento de concesiones para minerales metálicos fue expedido en el año 2016 y reformado en dos ocasiones posteriores. En su versión original contiene términos que van desde los 5 hasta los 30 días, en total no deberían superar un par de meses. Sin embargo, todas las peticiones pendientes han superado esos plazos por varios años, esto ha sido observado por la Contraloría General del Estado en varios exámenes especiales a los procesos.
3. Ya no existen excepciones al proceso de subasta.
La Ley de Minería ordena que todas las concesiones mineras metálicas serán otorgadas previa subasta pública, pero mantenía una excepción que beneficiaba a las empresas estatales extranjeras. En el caso de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, existen al menos 11 peticiones que equivalen a 42.000 hectáreas pendientes. Sin embargo, la Ley fue reformada en julio del 2020 y se derogó expresamente esa excepción, es decir, la base legal que permitía a Codelco y a varias empresas de origen chino, presentar aquellas peticiones sin someterse a una subasta –como todos los demás– simplemente ya no existe. Y si revisan la motivación de la reforma, es precisamente para evitar preferencias o desequilibrios entre esas peticiones y los compromisos de inversión constatados en las subastas públicas, que ascienden a varias decenas (a veces centenas) de millones.
4. No existe un registro real.
Los centenares de peticiones pendientes por años fueron presentados hace dos gobiernos atrás, han existido innumerables cambios de autoridades (dos presidentes, decenas de viceministros, coordinadores zonales y directores de la Agencia de Control), se fusionó el Ministerio de Minería con Hidrocarburos y Energía, lo mismo sucedió con la Agencia de Control y en resumen, no existe forma de comprobar que fecha de ingreso, prioridad, peticionario, graficación, anexos y demás documentos que permitan retomar esas peticiones con transparencia.
5. La situación de los peticionarios y concesionarios ha cambiado.
Sin perjuicio de la escala productiva (artesanal, pequeña, mediana o grande) las condiciones de muchos de los peticionarios han cambiado, ya sea por los efectos globales de la pandemia, variaciones de mercado, dificultades en la ejecución de compromisos previos, entre varios. Así también la evolución de los proyectos existentes ha generado valor y oportunidad a varios concesionarios, aquello podría verse afectado por peticionarios que pretendan especular con sus peticiones expiradas.
En resumen, ante la pregunta sobre el otorgamiento de nuevas concesiones, mi respuesta es, si y solo si, el Gobierno puede garantizar un proceso transparente, público y justo que priorice el interés del Estado ecuatoriano. Para aquello el Ministerio sectorial debería -debió hace mucho- resolver el archivo de todas las peticiones de concesiones pendientes y empezar nuevamente el proceso de otorgamiento de concesiones, con un catastro minero depurado, sin peticiones «fantasmas» y sin aplicar preferencias a peticionario alguno.
13 de octubre de 2021
7 de septiembre, día del trabajador minero…
