El presidente Guillermo Lasso expidió el Decreto Ejecutivo 754 que reforma el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente y regula el proceso de consulta ambiental que deben seguir los proyectos mineros y las obras o actividades de alto y mediano impacto del sector estratégico y no estratégico, previo a la obtención de la licencia ambiental.
“Este documento ha sido muy esperado, debido a que ha sido imposible obtener licencias ambientales, principalmente para importantes proyectos que están entrando a la fase de construcción y que han visto detenidas sus inversiones en el país por equivocadas interpretaciones, a mi criterio, de la Corte Constitucional, que han dejado en indefensión a importantes planes de crecimiento del sector, pero sobre todo, al generar incertidumbre en todos los proyectos ambientales que han obtenido licencias ambientales en el pasado”, opinó el dos veces presidente de la Cámara de Minería de Ecuador, Santiago Yépez.
Casi en el mismo sentido reaccionaron Adventus Mining y Salazar Resources, operadores de casi una docena de proyectos mineros, de los cuales el más conocido es Curipamba, que se ubica en la provincia de Bolívar.
“Para el Proyecto El Domo – Curipamba, este Decreto permite pasar al siguiente paso del proceso de licencia ambiental, que sigue a la aprobación técnica del EIAS otorgada por el Gobierno de Ecuador en mayo de 2022”, dijeron.
“La orientación actual del Gobierno de Ecuador es que se espera que el proceso de consulta requiera de cuatro a seis meses para la firma y emisión de la licencia ambiental para la construcción de El Domo. Esto sugiere que, por lo tanto, las actividades de construcción completas podrían comenzar ya en octubre de 2023”, sostienen las empresas.
“A fin de cuentas, tarde pero positivo. Esperemos que el proceso, ya en ejecución, traiga un verdadero diálogo y participación ciudadana, con el único propósito de tener proyectos sólidos en el país, más no sea un nuevo obstáculo que opositores y políticos usen para sus fines particulares”, agrega Yépez.
El decreto señala que en el caso de los proyectos mineros, antes del otorgamiento del registro ambiental se deberá realizar el proceso de consulta ambiental y que la negativa de la comunidad no será vinculante.
Dispone también que si se amplía el área de influencia física determinada en un permiso ambiental se debe realizar la consulta ambiental, que las actualizaciones de los planes de manejo ambiental no requerirán consulta ambiental, sino solamente de la difusión de la información de la actualización como parte del plan de manejo ambiental y que los permisos ambientales ya otorgados no requerirán consulta ambiental.
El decreto señala también, en una disposición transitoria, que todos los proyectos del sector minero que están en la fase de exploración inicial y que en cumplimiento de la sentencia No. 1149-19-JP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, fueron bloqueados en el Sistema Único de Información Ambiental, continuarán con su proceso de regularización ambiental debiendo realizar la consulta ambiental.
Respecto del proceso de consulta, se establece que tendrá dos fases: una informativa y la otra deliberativa. En la primera se pondrá a disposición de la comunidad la información del proyecto, obra o actividad, para que realicen las observaciones correspondientes. En la segunda se consultará a la comunidad si está de acuerdo o no con la expedición del permiso ambiental.
En el caso de que los sujetos consultados no ejerzan su derecho a participar en el proceso de consulta ambiental, o existan medidas de hecho tendientes a obstaculizar su realización, el proceso continuará; sin que esto, constituya causal de suspensión o nulidad, dispone el nuevo reglamento.
Establece que la consulta tomará al menos 100 días hábiles, cuáles son los materiales que se deberá entregar a las poblaciones y diversos mecanismos de consulta, tales
como asambleas, videos informativos, talleres, centros de información, entre otros.
En el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en el área de influencia del proyecto, los mecanismos de consulta que correspondan, deberán realizarse en los idiomas español y ancestrales, y se deberá contar con un traductor.
El Decreto Ejecutivo puede descargarse desde: https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
