La cámara de minería del Ecuador afirmó que por cinco semanas mantuvo la expectativa en dialogar con el gobierno sobre la imposición de la tasa de fiscalización minera a la que tildó de “inconsulta”. No les consultaron a las compañías extranjeras que representa ese gremio, ni a las mineras nacionales, sobre cómo financiar de una manera técnica y sustentada el combate a la minería criminal.
Como no obtuvieron respuesta favorable sino más bien la afirmación de la ministra de ramo, Inés Manzano, de que no había nada de que hablar y que la tasa está en firme y es para control de la minería “ilegal”, entonces presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hanrine Ecuadorian, subsidiaria de Hancock Prospecting de la señora más rica de Australia, Rina Reinhart, se les adelantó unos diez días, pero hasta el cierre de esta edición no obtiene respuesta sobre las medidas cautelares solicitadas.
Una de cal y otra de arena para los grandes mineros. Mientras los gremios mineros sin excepción se quejaban de la tasa minera, el 25 de junio, el gobierno entregó la licencia ambiental para la explotación del proyecto Loma Larga de Dundee Precious Metals (DPM), ubicado en el corazón de una zona de páramo y de recarga hídrica para la ciudad de Cuenca, por lo que soporta una masiva resistencia local.
En una asamblea ciudadana realizada en el teatro Sucre de la ciudad, el activista por los derechos del agua, Fernando Vega, manifestó que se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada en la comunidad ancestral porque “existió una suplantación de la Comunidad de Escaleras y falsedad de contenidos que induciría a error a autoridades administrativas y judiciales”.
DPM, por su parte dijo que actualizó su estudio de factibilidad al segundo trimestre de 2025 y que se prepara para las negociaciones formales del acuerdo para el contrato de explotación. La actualización refiere aspectos económicos del proyecto, que todavía no ha revelado, “para reflejar el entorno actual del precio del oro y la revisión de las estimaciones de costos de capital y operación”.
En el otro frente del desarrollo, la proyectada mina mediana de Salazar Resources y Silvercorp, El Domo-Curipamba, en donde el gobierno no ha negado la participación accionaria de la familia del Presidente Noboa, suenan ecos de intervenciones policiales y militares en contra del parte del pueblo de Las Naves, recinto La Unión, en la provincia de Bolívar. Los incidentes, que pretendían impedir el ingreso de maquinaria, dejaron dos heridos, una mujer con un disparo en el hombro y un joven con una contusión en la cabeza. El 26 de junio, comuneros denunciaron que policías UMO ingresaron en propiedad privada con lanzagranadas y escopetas de perdigones.
Asamblea ciudadana cuencana el 8 de julio, en contra del proyecto Loma Larga y su licencia ambiental, emitida por el Ministerio del Ambiente.
De estos temas sociales que han frenado los proyectos, durante la Rendición de Cuentas del Ministerio de Energía y Minas, que se realizó el 9 de julio, la ministra solo mencionó el proceso de “consulta previa” realizado en la Comunidad de Escaleras previo a la entrega de la licencia ambiental para Loma Larga. (Aquí puede ver la rendición de cuentas: https://www.youtube.com/live/3vYz8PjBxDs, aunque el audio no es apropiado para personas con déficit auditivo).
Consultada sobre si las empresas que no puedan pagar la tasa minera tendrían facilidades para devolver las concesiones dado que advierten que la tramitología les tomaría dos años, Manzano señaló que ninguna empresa lo ha solicitado todavía.
Y sobre las demandas en la Corte Constitucional afirmó, que “la presentó la empresa que no ha invertido un centavo”. (…) “Nos vemos en las leyes, yo no tengo ningún miedo”. De Hanrine Exploration, se esperaba una inversión de 230 millones en sus concesiones en Imbabura, según una fuente confiable de Vía Minera.
Mientras tanto, se preparaba una reunión que se hizo pública en la noche de ese día, entre la Ministra y representantes de la gigante internacional minera y metalúrgica, Río Tinto, con base en el Reino Unido, En el encuentro, «se analizó el potencial minero existente en el Ecuador y la exploración de oportunidades de inversión, por parte de la empresa internacional, para el desarrollo de proyectos y el fortalecimiento de la industria minera ecuatoriana», según el reporte oficial.
¿Comienza la reestructuración de la Arcom?
Además de Hanrine Ecuadorian, la cámara de minería del Ecuador, la compañía Linderos-Mining -subsidiaria de la australiana Titan Minerals-, y los abogados Diego Ocampo Lascano y Romina Espinel Acosta, completan las cuatro demandas de inconstitucionalidad y solicitan la suspensión de la tasa de fiscalización minera. Ellos aducen que la tasa es un impuesto y que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) no cumplió con los requisitos legales. Ocampo fue viceministro de Minería del 27 de abril al 26 de agosto de 2024 y presentó la demanda a título personal.
Pablo Leonardo Izurieta es el nuevo director de la Arcom, a donde supuestamente van a parar los 230 millones anuales que por la impugnada tasa de fiscalización minera piensa recuperar el Gobierno, y reemplaza a otro militar retirado, el coronel Patricio Bonilla.
Bonilla estuvo diez meses en el cargo y centró su gestión en la coordinación con las fuerzas del orden para los operativos de control de la minería criminal e irregular y la actualización de normativas con la finalidad de establecer la trazabilidad de los minerales hasta su exportación. Realizó su rendición de cuentas el 4 de julio, la misma que puede observarse aquí: https://www.facebook.com/ControlMinero/videos/625908239919930
Izurieta fue designado el viernes pasado por el directorio de la Arcom, presidido por el viceministro de Minas, Javier Subía, delegado por la ministra de Energía, Inés Manzano. Tiene 63 años, es técnico en administración de empresas y excapitán del Ejército.
En su hoja de vida indica que fue gerente de la empresa International Security Societyseg entre 1999 y 2023. Desde la década de los años 90 ha sido contratista y consultor de seguridad de varias empresas petroleras. Fue parte del equipo de seguridad del expresidente Jamil Mahuad. Entre 1992 y 1993 fue comandante de la Policía Metropolitana de Quito, durante la alcaldía de Mahuad. Además fue Observador Militar de las Naciones Unidas.
Es hermano de Roberto Izurieta, quien es director ejecutivo alterno por la Oficina de Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en representación del gobierno de Daniel Noboa, en el que también ocupó el cargo de Secretario de Comunicación, hasta abril de 2024.
