La Corte Constitucional del Ecuador declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza del bosque protector Los Cedros y, dejó sin efecto el registro ambiental y permisos de agua otorgados para las concesiones Río Magdalena 01 y 02.
Sobre ambas concesiones se extiende el proyecto conocido como Río Magdalena, el mismo que es parte sustantiva de la alianza conformada por Cornerstone Ecuador S.A. y la estatal Empresa Nacional Minera, Enami EP, para explorar diversas zonas del país.
La sentencia desarrolla jurisprudencia vinculante sobre los derechos de la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y a la consulta ambiental y, según se dijo durante el proceso, pone en riesgo la viabilidad de casi un cuarto de la superficie adjudicada a las empresas mineras.
La Corte Constitucional dispuso que Enami EP y sus empresas aliadas o asociadas deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad en el Bosque Protector Los Cedros.
También tendrán que retirar toda infraestructura que haya sido edificada con motivo de las concesiones Magdalena 01 y Magdalena 02, y permanezca dentro del bosque, si la hubiera y reforestar las zonas que hayan sido afectadas por dicha infraestructura y la apertura de senderos.
Además, dispone que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica adopte todas las medidas necesarias para preservar el respeto de los derechos de la naturaleza que le asisten al Bosque Protector Los Cedros.
“La presente sentencia, que se adopta de forma extraordinaria dentro de la facultad de revisión de la Corte Constitucional, es independiente, posterior a la decisión judicial bajo revisión; y debe prevalecer sobre todas las autorizaciones legales y reglamentarias otorgadas a la Enami EP y sus concesionarios”, dice la Corte.
Para adoptar la sentencia, señala la Corte, se constató a través de información científica, la biodiversidad del Bosque Protector Los Cedros y comprobó que dicho ecosistema, conforme la Constitución, es titular de los derechos a la existencia de las especies animales y vegetales, así como a mantener sus ciclos, estructura, funciones y proceso evolutivo.
La Corte dividió su análisis en los derechos de la naturaleza y el principio precautelatorio, el derecho al agua y a un ambiente sano y la consulta ambiental.
Determinó, en aplicación del principio precautorio, que las autorizaciones administrativas emitidas por la autoridad no contaron con estudios ni evidencia científica necesaria para evitar y mitigar daños graves e irreversibles para las especies y ecosistemas, y por tanto, a los derechos de la naturaleza, al agua y a un ambiente sano y equilibrado.
La Corte fue enfática en declarar que los derechos de la naturaleza, como todos los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana, tienen plena fuerza normativa y no constituyen únicamente ideales o declaraciones retóricas, sino mandatos jurídicos.
La Corte sostiene también que el principio precautorio es aplicable a la protección de los derechos de la naturaleza y profundizó en los elementos y las obligaciones que este principio constitucional conlleva para autoridades administrativas y judiciales.
En el caso concreto, concluye que dicho principio no fue observado al emitir los permisos ambientales para la actividad minera.
La Corte informó que analizó la aplicación de este principio en relación al derecho al agua, concluyendo que dada las características hídricas del ecosistema del Bosque Protector Los Cedros y el uso del agua para las comunidades aledañas, el Ministerio del Ambiente debió cumplir el principio precautorio y, consecuentemente, no permitir que se realice actividad minera en la zona.
Por otra parte, la Corte resolvió que la aplicación de la consulta ambiental debe observar los siguientes parámetros:
la determinación del sujeto consultado debe ser la más amplia y democrática posible,
la consulta es una obligación indelegable del Estado, que debe realizarse en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y las autoridades de los gobiernos locales. Las empresas públicas no pueden ser sujetos consultantes,
la consulta debe realizar al menos antes del otorgamiento del permiso ambiental y antes de la emisión de la licencia,
debe cumplir, en todo lo que le sea aplicable, con los parámetros de la consulta previa, libre e informada,
la falta de consulta ambiental deviene en la inejecutabilidad de la decisión o autorización estatal.
En su parte formal, la sentencia de la Corte Constitucional aceptó la acción de protección propuesta por el GAD Municipal de Cotacachi.
La Sala de Revisión para este caso estuvo conformada por la jueza Teresa Nuques Martínez y los jueces Agustín Grijalva Jiménez y Ramiro Ávila Santamaría. La decisión contó con los votos concurrentes de las juezas Karla Andrade Quevedo, Daniela Salazar Marín y de los jueces Enrique Herrería Bonnet y Alí Lozada Prado. La jueza constitucional Carmen Corral salvó su voto.
