La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por pobladores de Fierro Urco, en la provincia de Loja, para dejar sin efecto las resoluciones que otorgaron registros y/o licencias ambientales para una serie de proyectos mineros en la zona.
En lo formal, la acción de protección es en contra de la sentencia de la jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Loja, emitida el 10 de mayo de 2022; y en contra de la sentencia de apelación de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Loja, emitida el 19 de diciembre de 2022.
Esta última señalaba que no se ha probado que en Fierro Urco hay una importante biodiversidad ni la importancia sistémica de sus páramos. Decía también que no es cierto “que las concesiones mineras se encuentren dentro de un bosque protector, ni que esas zonas sean consideradas como de amortiguamiento de ninguna área protegida y debidamente declarada; ni que existan especies en peligro de extinción o endémicas”.
La sentencia, así redactada, validaba licencias ambientales para las fases de prospección, exploración inicial, exploración avanzada y exploración a las concesiones mineras “Santiago”, “Tioloma”, “Caña Brava” y el Proyecto Minero “El Cisne 2A”, a cargo del consorcio Adventus – Salazar y SolGold, principalmente.
La acción extraordinaria de protección tiene por objeto garantizar la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Fue presentada porque se considera que el otorgamiento de licencias/registros ambientales a concesiones mineras en Fierro Urco vulneraba los derechos de la población a la consulta ambiental, a la seguridad jurídica, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua; y a los derechos de la naturaleza de los páramos de Fierro Urco.
