La convocatoria a la consulta popular sobre el agua en el cantón Cuenca fue anunciada, oficialmente, el pasado 9 de diciembre por las autoridades locales del CNE, en un acto que provocó la inmediata reacción de quienes harán campaña por el sí y quienes apostarán por el no.
La consulta será en la primera vuelta de las elecciones generales, es decir, el próximo 7 de febrero del 2021, desde las 07:00 hasta las 17:00. La consulta se llevará a cabo en las 37 parroquias que integran el cantón Cuenca.
En las campañas por el sí o por el no, además de las organizaciones políticas inscritas para las elecciones generales, podrán participar las instituciones que se inscriban para participar en la consulta popular. Tratándose de quienes quieran ser observadores del proceso, deberán hacer lo propio una vez que se abran las inscripciones, en el próximo mes de enero.
De acuerdo con cierre del Registro Electoral para los comicios de 2021, aprobado por el Pleno del cuerpo colegiado, el cantón Cuenca de la provincia del Azuay cuenta con 435 963 electores que expresarán su voluntad en las urnas respondiendo Sí o No a cinco preguntas referentes a la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba, y a mediana escala en el Norcay, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP.
Para ello el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó ya el plan operativo, el calendario electoral y el presupuesto de la consulta, el mismo que asciende a más de 137 mil dólares.
De ese total, se entregarán US$ 13 078,89 a las organizaciones que promuevan el “sí” y otros tantos US$ 13 078,89 a las que promuevan el “no”.
¿En qué consiste la no retroactividad?
Para David Fajardo, coordinador del Cabildo Popular por el Agua, la sentencia de la Corte Constitucional es coherente con la política de los otros poderes del Estado y determina, claramente, que los resultados de la consulta alcanzan a los proyectos Río Blanco y Loma Larga, el primero en etapa de explotación y en etapa de exploración avanzada el segundo.
Señala, sin embargo, que el debate verdaderamente importante debe trascender el tema de las interpretaciones jurídicas para encarar, de cara a todo el país, el carácter del desarrollo que la población quiere para el Ecuador y, en ese contexto, definir una posición frente a las industrias extractivas.
Para Patricio Vargas, presidente de la Cámara Cantonal de Minería del Azuay y líder nacional en el sector minero, el carácter no retroactivo de la sentencia remite con claridad a la idea de que los resultados de la consulta no serán válidos para los dos proyectos ya mencionados.
Dice Vargas que la actividad minera es, en principio, una sola y que la clasificación en etapas responde a un acto administrativo que, en el caso de la consulta popular, no debe interpretarse como un impedimento para que Loma Larga y Río Blanco sigan adelante con sus actividades.
Para Lids, un “think thank” liderado por la doctora Elisa Morán, “el petitorio de Consulta Popular presentada por el GAD de Cuenca contiene 5 preguntas, las cuales a decir de la Corte Constitucional sí cumplen con las cargas de claridad y lealtad, garantizan la libertad de los electores, su derecho de participación» y refieren a “temas de relevancia pública y no respecto de la aprobación de textos normativos.”
Así mismo, la Corte Constitucional a fin de “garantizar” la seguridad jurídica, hace las siguientes “aclaraciones”: Que “al hablar de “explotación minera”, se incluye a toda la actividad minera en sus distintas fases” y que “las preguntas sometidas a conocimiento del elector, en caso de obtener un resultado positivo, sólo podrán tener efectos hacia el futuro”.
