Los incidentes en la zona que está concesionada a la empresa Hanrine en la provincia de Imbabura continuaron esta semana haciendo que la extracción racional de minerales en esa zona pareciera un sueño imposible si no se definen políticas públicas inteligentes.
El 19 de enero de este año el presidente de la República, Lenín Moreno, denunció que grupos mineros actúan respaldados por grupos de delincuencia organizada, por abogados y por políticos locales.
Esos mismos días, efectivos de la Brigada de Infantería 31 Andes de las Fuerzas Armadas reconocían en la zona y comprobaron que la concesión Imba 2, adjudicada a Hanrine, estaba invadida.
Hanrine es la subsidiaria en Ecuador de la minera australiana Hancock Prospecting. Sus concesiones están ocupadas hace cuatro años y hace año y medio fueron escenario de un operativo formidable combinado a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía que decomisaron miles de sacos con material mineralizado, equipos para minería artesanal, explosivos, taladros, machetes, carretillas, gasolina, motores, generadores, marihuana y unas botellas de güisqui, para el frío.
Hace año y medio las autoridades hicieron cálculos millonarios sobre el valor del material aurífero incautado. Ahora no se sabe cuál será ese valor porque hasta la fecha no se han hechos las pruebas en laboratorios idóneos.
Los incidentes de la semana que pasó han sido reseñados por la prensa local y se han viralizado en las redes sociales. Uno de ellos está relacionado con el ataque a un camión particular que trasladaba a empleados y provisiones de la empresa minera.
Los atacantes dijeron en los medios que se oponen tanto a la minería legal como a la minería ilegal.
Casi simultáneamente una patrulla militar facilitó la salida de 12 trabajadores de Hanrine que no podían abandonar la parroquia de Buenos Aires porque un grupo de pobladores se lo impedía.
La zona está convulsionada. La primera semana de marzo otro grupo de habitantes desarmó a un camión militar cargado con alimentos y se quedó con las provisiones porque creían que eran para los mineros.
Foto: cortesía de Hanrine.
Foto: cuenta Facebook del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Meses antes incendiaron un campamento. Y más antes quemaron vehículos y agredieron a un grupo de personas vinculadas a la empresa Hanrine sin que hasta el momento las autoridades del sector estén en condiciones de diseñar una política pública que ponga fin a estas hostilidades y asegure la explotación de los recursos minerales.
La parroquia La Merced de Buenos Aires y todo el cantón San Miguel de Urcuquí, al noroccidente de la provincia de Imbabura, se está polarizando en torno a este problema.
Habitantes de las parroquias Lita, Cahuasqui, La Carolina y hasta de la provincia de Esmeraldas, están siendo obligados por las circunstancias a tomar una posición respecto de la explotación del oro y el cobre que hay en su territorio.
El conflicto es más intenso en las comunidades de Buenos Aires. Dicen que todo paraíso tiene su serpiente y recuerdan con nostalgia el tiempo en que el agro y la ganadería eran sus actividades principales, mucho antes de que se descubriera el oro entre las piedras de sus montañas.
