El Pleno de la Corte Constitucional (CC) dictó sentencia en el caso de modulación realizado por la jueza Nancy Parrales, conocido como caso Muyuyacu y deja sin efectos lo resuelto por la jueza y todos los actos administrativos posteriores. La Empresa Nacional Minera (Enami EP) recupera la totalidad de la muy rica concesión Muyuyacu que había sido trasladada en un 66% a las empresas mineras Guadalupe Mining y Gaby Panama Corporation. La Corte además, juzgó la actuación de Parrales como error inexcusable.
El área Muyuyacu está ubicada en el cantón Ponce Enríquez, zona subtropical de la provincia del Azuay, en donde tradicionalmente ha existido actividad minera, y conocida por sus altas concentraciones de oro.
Administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió por unanimidad lo siguiente:
“Declarar que el auto de 8 de junio de 2020, dictado por la Unidad Judicial Penal Norte 2 con sede en el cantón Guayaquil, vulneró el derecho a la seguridad jurídica del Banco Central del Ecuador”, cita textual.
Dejar sin efecto el mencionado auto, dentro del caso 09286-2019-01409 y, por ende, todas las actuaciones posteriores destinadas a la ejecución de la “modulación de efectos” en favor de Gaby Panama Corporation.
“Declarar que Nelly Katiuska Parrales Córdova, jueza de la Unidad Judicial Norte 2 Penal con sede en Guayaquil, dentro del proceso de acción de protección 09286-2019-01409, incurrió en error inexcusable al haber alterado arbitrariamente la sentencia de primera instancia disponiendo la extensión de los efectos a terceros que no fueron parte del proceso, sin que la sentencia constitucional lo haya dispuesto”, según la sentencia.
¿Qué tiene que ver el Banco Central del Ecuador?
Sucede que la jueza Parrales falló a favor de los señores Flores y Huerta y en consecuencia un grupo de seis concesiones incautadas que rodean a la concesión Muyuyacu, regresaron a manos de la Guadalupe Mining. Pero no contentos con ello, los mismos señores dueños de Oromining Corporation y a través de esta, apoderados de Guadalupe Mining y también de Gaby Panama, solicitaron que la sentencia se module, es decir se extiendan sus efectos sobre la concesión Muyuyacu cuyo 55% fue de propiedad de Gaby Panama y también fue expropiado por la Ugedep.
La jueza, en su auto del 8 de junio del 2020, decidió aceptar un pedido de modulación dentro del proceso 09286-2019-01409 y extendió los efectos de la sentencia a beneficio de Gaby Panama con lo que le reconoció el 55% de Muyuyacu.
En otro capítulo de esta historia, la jueza Parrales negó todas las apelaciones posteriores y, el 2 de julio, determinó que sea la Defensoría del Pueblo la entidad encargada de la ejecución de la sentencia de modulación.
Fue entonces que, el Banco Central del Ecuador (BCE) solicitó a la CC una acción extraordinaria de protección sobre dicho auto.
Los banqueros Isaías y sus abogados en esta historia
La acción de protección con número 09286-2019-01409 fue solicitada el 22 de marzo de 2019, por Carlos Enrique Huerta Araujo y Efraín Flores Cárdenas, presidente y gerente de la compañía Oromining S.A., respectivamente. Fue dirigida en contra del BCE, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar y la Enami EP con el objeto de dejar sin efecto actos de incautación de concesiones mineras.
La pretensión en la acción de protección era que, se declare la vulneración de varios derechos constitucionales y que se deje sin efecto todas las resoluciones de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD–CFN No más Impunidad (Ugedep) de los años 2012, por medio de las cuales, el Estado ecuatoriano incautó, expropió y administró las concesiones mineras que fueron de titularidad de la compañía Guadalupe Mining Corporation: Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa 2, Villa Sur, Río Tenguel Este y Río Negro. Todas áreas que rodean a la concesión Muyuyacu.
La Ugedep realizó la incautación de las concesiones por tener pruebas de que fueron parte de los bienes de los hermanos William y Roberto Isaías desfalcadores condenados y prófugos del estado ecuatoriano desde 2014.
La suerte, sin embargo, fue favorable a los hermanos Flores y Huerta. Incluso el gerente general de la Enami EP, doctor Danilo Icaza, tuvo que renunciar luego de denunciar al ministro de entonces, René Ortiz, que el doctor Ricardo Noboa Bejarano, abogado de Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá, presentó por email del 22 de julio una “Propuesta para cumplimiento de la sentencia constitucional sobre Guadalupe Mining Corporation y su modulación a favor de Gaby Panama Corporation”, la misma que fue reenviada por la Dirección Jurídica del MERNNR a la Enami.
Como la Enami EP había reunido cuatro concesiones incautadas con Muyuyacu y conformado la «Muyuyacu acumulada» y la figura de la modulación era inaplicable en el sistema de gestión minero, inexplicablemente los abogados decidieron que se junten todas las concesiones del caso y se repartan en tres entre las tres empresas involucradas: 33% para la Enami EP, y 66% para Guadalupe Mining y Gaby Panamá.
Así estaban las cosas, sin embargo, el tema cobra mayor actualidad porque en noviembre de 2024, la CC revirtió todos los bienes que los abogados de los ex banqueros habían logrado recuperar del Estado. La CC aceptó seis acciones de protección y dejó sin efecto las decisiones judiciales que autorizaron la devolución de los bienes a los hermanos Roberto y William Isaías.
¿Por qué todos quieren a Muyuyacu?
La concesión Muyuyacu (código 3622) es la única área en la que se realizó perforación hace un par de décadas por otra empresa, que le denominó Proyecto Gaby, cuando presentó el informe de estimación de recursos y reservas en formato (canadiense) N43-101 para cotizar en la bolsa de valores. De ahí los señores Huerta y Flores colocan el nombre a la posterior compañía constituida en Panamá como empresa minera.
En septiembre de 2020, cientos de mineros se movilizaron para denunciar, ante la población y las autoridades de “la Ponce Enríquez”, el peligro en que quedarían si se confirma que siete concesiones de Enami EP se revertían a manos de sus antiguos dueños, los hermanos Isaías. Se iban a perder miles de puestos de trabajo.
Sobre los antecedentes de esta sentencia, puede encontrar amplios reportes en Vía Minera, como el del 13 de septiembre de 2020, en donde reportamos que:
La Enami EP informó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR) en un informe jurídico mediante memorando N° ENAMI-CJU-2020-0207 del 18 de agosto, que con el cumplimiento de las sentencias perdería la titularidad de las concesiones mineras Río Negro, Río Tenguel Este y parte de la concesión unificada Muyuyacu.
La Enami EP mantenía tres contratos de operación en las áreas que formaban parte de la concesión Muyuyacu. Los contratos que, entre otras fuentes de ingresos, le permitieron alcanzar un autofinanciamiento del 80%, eran con la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre (conocida como “La Doce”), con la Asociación de Producción Minera Ponce Enríquez, Asopromipen, ambas de la economía popular y solidaria, y también con la empresa de pequeña minería Minervilla.
La Asociación 12 de Octubre escribió el oficio N° AMA-2020-0341 del 17 de agosto de 2020 al Presidente de la República, con copia al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables (MERNNR), para solicitarle que “se abstenga de dar cumplimiento a lo dispuesto dentro del proceso judicial”.
Regresando a la actualidad, el proceso N° 09286-2019-01409 que consta de 10 cuerpos y 1006 fojas, estuvo por dos años siendo trabajado por la CC para resolver la acción extraordinaria de protección solicitada por el BCE, la misma que finalmente ha quedado sentenciada.
Al respecto, el abogado azuayo Patricio Vargas, representante de la Asociación 12 de Octubre, manifestó que lo único que piden es el estricto cumplimiento de la sentencia en su punto 3, porque la modulación de la sentencia tuvo tres consecuencias graves: primero, la perdida de miles de puestos de trabajo y mucho sufrimiento de familias de La Ponce; segundo, el ingreso al área de grupos de mineros informales que quedaron a su suerte frente a la violencia del narcotráfico que en la actualidad controla totalmente la zona y tercero, que todos los contratos de explotación con otras asociaciones mineras que realizó posteriormente la Enami EP conjuntamente con Oromining queden al margen de la ley y los mineros que ahí actuaban se conviertan en ilegales.
La sentencia definitiva en el caso Muyuyacu fue aprobada por jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce, Jhoel Escudero Soliz, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Richard Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín, el jueves 6 de febrero de 2025.
