El pasado 18 de septiembre se reunieron representantes de casi 100 organizaciones sociales en la parroquia Seis de Julio de Cuellaje, en Intag, Imbabura, para constituir lo que denominaron el Frente nacional contra la minería.
A la reunión asistieron delegaciones de las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Pichincha, Morona Santiago, Loja, Azuay, Sucumbíos, Bolívar, Napo y Zamora Chinchipe, entre otras, auto convocadas por el Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador.
Los temas abordados trascendieron la problemática minera pero, al final del día, se centraron en el Decreto Ejecutivo 151 y los impactos que, desde la perspectiva de los reunidos, tendría en la vida comunitaria.
En su parte resolutiva, reiteraron acuerdos anteriores “en la defensa del territorio, el agua y la soberanía alimentaria”.
También “conformar un Frente Nacional anti minero en defensa de la vida y el agua frente al embate de proyectos mineros en nuestros territorios, que represente las luchas de territorios, comunidades y apoyar a la movilización permanente y nacional, reconociendo que no es un problema de comunidades o parroquias sino un problema nacional”.
Otro de los acuerdos consiste en “exigir que la Asamblea Nacional realice una auditoría a la concesiones mineras para determinar si estas cumplieron o no el requisito básico establecido en la Constitución de realizar una consulta previa libre e informada en caso de territorios indígenas, afroecuatorianos y montubios, y una consulta ambiental en territorios campesinos-mestizos”.
A la Asamblea Nacional le piden además que declare la amnistía para los/las “compañeros/as defensores perseguidos por defender territorio, agua y la vida en: Buenos Aires, Gualel, Intag, así como otros lugares del país, y articularlo a la estrategia de amnistía a nivel nacional impulsada por la CONAIE”.
Como era de esperarse, un acuerdo plantea “reconocer los procesos de consulta popular llevados a cabo en Girón y Cuenca y demandar el cumplimiento de la voluntad del pueblo, y generar una estrategia única nacional que agrupe las demandas de todos los territorios afectados por la minería” y otro demanda “articular el Frente Nacional Antiminero al Parlamento Plurinacional de los pueblos y respaldar las demandas presentadas: no a la subida combustible, estabilización precios de productos, congelar deudas de pequeños productores”.
