En el “Informe sombra sobre la minería en el Ecuador en el contexto de EITI”, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) aborda siete proyectos mineros del norte y sur del país y emite recomendaciones apuntando a la transparencia y la rendición de cuentas en el sector minero, en un documento de 124 páginas. Realiza su análisis en el marco del requisito N° 6 del Estándar EITI: Requisito de responsabilidad socioambiental.
La Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es un esfuerzo global surgido en Inglaterra con la pretensión de ser un estándar global para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sector extractivo. El Ecuador fue aceptado para implementar este estándar en octubre de 2020 y a partir de esa fecha ha elaborado dos informes nacionales, el Informe País 2020-2022 y el Informe País 2022-2023, el último hecho público en noviembre del año pasado. Vía minera realizó un corto pero preciso reporte sobre lo que tuvo y lo que le faltó al primer informe (https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#Ecuador%20public%C3%B3%20su%20primer%20Informe%20EITI).
El Cedenma es una organización de la sociedad civil que formó parte del Grupo Ampliado de la Sociedad Civil, integrante del grupo multipartícipe (que incluye al sector privado) y encargado de aplicar la Iniciativa EITI en Ecuador. Según afirma, su labor se centró en monitorear el impacto ambiental y la transparencia en el sector extractivo.
El último Informe País fue denunciado por Cedenma el 3 de marzo al anunciar su salida del grupo ampliado por considerar que la iniciativa en Ecuador se ha convertido en: “un mecanismo de legitimación engañoso que omite de manera deliberada las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de la naturaleza perpetradas por el Estado y las empresas extractivas en Ecuador”. «El EITI no es neutral: es cómplice de un ecocidio constitucional», señala.
El contenido del Informe Sombra se enfoca en tres temas que “permiten ubicar el estado actual de la minería en el Ecuador”: 1. El sur del Ecuador, sobre el que se aborda únicamente el proyecto Cóndor Mirador (sic), el primero de minería a gran escala que se desarrolla en el país; mismo que ya se convirtió la mina de cobre Mirador en el año 2019. 2. Norte del Ecuador, sobre el que se abordan el proyecto Espejo (parroquia El Chical, provincia del Carchi) y de la provincia de Imbabura el proyecto Imba, en la parroquia de Buenos Aires; el proyecto Río Amarillo, en la parroquia Cahuasquí; el proyecto Cascabel, en las parroquias Lita y La Carolina, y los proyectos Llurimagua y Río Magdalena de la parroquia García Moreno; y 3. Participación de las comunidades en el otorgamiento de concesiones y el derecho a la consulta previa libre e informada y a la consulta ambiental.
Respecto a Mirador, el informe recoge la percepción de ciudadanos entrevistados en febrero de 2022, que señalan que contamina los ríos Quimi, Tundayme y Zamora y que se está talando el bosque protector de la Cordillera del Cóndor. Agregaron también que los animales han huido de la zona y que no hay peces en los ríos, los niños tienen enfermedades por bañarse en el río y beber agua contaminada.
Una de las preocupaciones ciudadanas son las potenciales amenazas que presentan las relaveras, dice, ya que “se encuentran filtrando” y contaminarían aún más los ríos Churuwi y Quimi, que desembocan en el Zamora y finalmente en el Amazonas.
También señalan impactos sociales en la parroquia Tundayme, en el plan de adquisición de tierras y la reubicación de las propiedades en las zonas de mayor influencia del proyecto Mirador. Como prueba de esto, indican que el barrio San Marcos ya no existe, sus moradores fueron desalojados y sus casas demolidas. No dice nada sobre lo que pasó con las familias que aceptaron indemnizaciones y las que no lo hicieron.
En otro sentido, el informe reseña que varios entrevistados reconocen que la actividad minera ha traído beneficios, por ejemplo, la generación de trabajo.
En cuanto a la zona norte del Ecuador, el informe afirma que los proyectos analizados cuales fueron seleccionados por los niveles de conflictividad socioambiental y los procesos legales que involucran a las comunidades que exigen el cumplimiento de los derechos humanos y de la naturaleza.
Entre sus conclusiones expresa: “Compartimos la opinión de que el uso prudente de la riqueza de recursos naturales debería ser una fuerza motriz importante para un crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza. Sin embargo, si no se administra adecuadamente esta riqueza, puede producir efectos económicos y sociales negativos”.
Otra de las conclusiones de los autores es que aún existe una gran deficiencia en cuanto al acceso de las comunidades a la información pública ambiental y a los procesos de información y consulta, añadiendo que varias comunidades han debido acudir a la Defensoría del Pueblo para que esta, a su vez, exija a las entidades públicas el otorgamiento de la información solicitada.
Asume que esa falta de transparencia por parte de las empresas mineras y de las entidades públicas se ha normalizado así como también deslegitimar la palabra de los habitantes de las zonas concesionadas, cada vez que denuncian públicamente este accionar.
En relación con los Principios del EITI dice que es especialmente notable el incumplimiento del requisito 6 del Estándar EITI, en el aspecto que enfatiza la necesidad de asegurar una participación efectiva de todas las partes interesadas.
Respecto de la consulta previa, libre e informada, así como la ambiental, por ejemplo, señala que no han sido aplicadas previamente a los actos administrativos y en todas las fases de la actividad minera. “Por ningún motivo, las socializaciones pueden suprimir el ejercicio del derecho a la consulta o ser consideradas como tal, puesto que obstruyen el proceso de participación social”, dice.
