Existen varios ejemplos documentados de proyectos mineros que han sido cerrados de manera definitiva debido a protestas comunitarias o ciudadanas, a menudo impulsadas por preocupaciones ambientales, sociales y de derechos humanos. No todos los proyectos mineros afectados por protestas terminan cerrando permanentemente.
Estos cierres suelen resultar de combinaciones de movilizaciones masivas, fallos judiciales o decisiones gubernamentales presionadas por la oposición pública. A continuación, detallamos algunos casos destacados a nivel global, con énfasis en América Latina.
Los casos ilustran cómo las protestas pueden escalar a intervenciones legales o gubernamentales, a menudo alineadas con marcos como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Sin embargo, no todos los conflictos terminan en cierres; por ejemplo, minas como Las Bambas en Perú han enfrentado suspensiones temporales pero continúan operando.
Otros conflictos que no han resultado en cierres permanentes, por ejemplo, son proyectos en Serbia o Mozambique que han enfrentado suspensiones temporales pero no definitivas. Y es conocido que en África, los cierres definitivos son menos comunes y a menudo temporales.
Incluimos también el detalle de ejemplos clave en Oceanía, Europa y Asia, enfocándonos aquellos confirmados como cierres permanentes.
Mina Cobre Panamá (Panamá)
Operada por la canadiense First Quantum Minerals, esta mina de cobre fue cerrada definitivamente en noviembre de 2023 tras meses de protestas masivas contra su impacto ambiental y un contrato controvertido. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el acuerdo, lo que llevó al cierre permanente. Las manifestaciones incluyeron bloqueos de carreteras y demandas por soberanía nacional y protección ecológica.
Esquel, Chile. Luchiano Prata.
Concesiones en la Sierra Norte de Puebla (México)
Varias concesiones para extracción de metales fueron canceladas definitivamente en 2025 tras 11 años de lucha legal y protestas del pueblo maseual (náhuatl). Las comunidades frenaron todos los proyectos por impactos en territorios indígenas y recursos naturales, logrando una resolución judicial que impide su reactivación.
Proyecto Pascua Lama (Chile)
Desarrollado por Barrick Gold, de Canadá, este megaproyecto de oro y cobre en la frontera con Argentina fue suspendido indefinidamente en 2013 tras una década de protestas por amenazas a glaciares y recursos hídricos. Las comunidades locales y grupos ambientales lograron que se detuviera durante la construcción, con pérdidas millonarias para la empresa. En 2018, se confirmó su cierre definitivo por violaciones ambientales.
Proyecto Conga (Perú)
Liderado por Newmont Mining, de EE.UU., este proyecto de oro en Cajamarca quedó paralizado desde 2011 debido a intensas protestas comunitarias contra la destrucción de lagunas y contaminación del agua. Las manifestaciones, que incluyeron bloqueos y enfrentamientos, llevaron a la suspensión indefinida en 2016, considerándose un cierre permanente ante la falta de viabilidad social.
Proyecto Esquel (Argentina)
De Meridian Gold, que pasó a Yamana Gold, de Canadá, esta mina de oro fue abandonada en 2006 tras referendos locales y protestas masivas contra el uso de cianuro. La oposición ciudadana, que incluyó marchas y campañas ambientales, forzó a la empresa a dar de baja activos por cientos de millones de dólares, cerrando el proyecto de forma definitiva.
Mina Escobal (Guatemala)
Operada por Tahoe Resources, que pasó a ser parte de Pan American Silver, de Canadá, una mina de plata suspendida en 2017 por protestas indígenas de la etnia xinca contra la contaminación y falta de consulta. En 2019, la Corte Constitucional ordenó su cierre definitivo hasta resolver demandas comunitarias, y permanece inactiva.
Carga de carbón en el valle Hunter, Australia. Ho Nwe-Reuters.
Mina Panguna (Bougainville, Papúa Nueva Guinea)
Operada por Bougainville Copper Limited (subsidiaria de Rio Tinto, Australia), esta mina de cobre y oro fue cerrada en 1989 tras protestas locales que escalaron a un conflicto armado. Las comunidades bougainvilleñas se opusieron al daño ambiental (contaminación de ríos y tierras), la desigual distribución de ingresos y la falta de consulta indígena, lo que llevó a un bloqueo y sabotajes. El cierre resultó en una guerra civil que duró una década, con hasta 20.000 muertes estimadas. La mina permanece inactiva, y en 2015 se aprobó una ley que impide su reapertura sin consentimiento local.
Proyecto Roşia Montană (Rumania)
Desarrollado por Gabriel Resources (Canadá), este proyecto de oro a cielo abierto fue cancelado definitivamente en 2021 tras años de protestas masivas desde 2013. Las manifestaciones, que reunieron a decenas de miles en Bucarest y otras ciudades, denunciaban la destrucción de patrimonio cultural (sitios romanos antiguos), contaminación con cianuro y desplazamiento de comunidades. El gobierno rumano rechazó la ley habilitante en 2014, y el sitio fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 2021, bloqueando cualquier extracción futura.
Lanjigarh, India. Biswaranjan Rout.
Mina de bauxita Niyamgiri (India)
Propuesto por Vedanta Resources (Reino Unido), este proyecto de bauxita en las colinas Niyamgiri fue rechazado permanentemente en 2013 por la Corte Suprema de India tras protestas indígenas lideradas por la tribu Dongria Kondh. Las comunidades se oponían a la destrucción de sitios sagrados, deforestación y contaminación de agua, con campañas que duraron ocho años, incluyendo bloqueos y apelaciones internacionales. El fallo judicial priorizó el consentimiento local, y la minería sigue prohibida en la zona, marcando un hito en derechos indígenas.
Mina de uranio Jabiluka (Australia)
Desarrollado por Energy Resources of Australia (subsidiaria de Rio Tinto), este proyecto de uranio en el Parque Nacional Kakadu fue detenido indefinidamente en 2003 y protegido permanentemente en 2024. Las protestas, lideradas por el pueblo Mirarr indígena, incluyeron un bloqueo de ocho meses en 1998 con miles de participantes, denunciando riesgos ambientales, culturales y de salud. El gobierno australiano rechazó la extensión de la licencia en 2024, incorporando el sitio al parque nacional para evitar cualquier minería futura.
Otros casos notables
Richards Bay Minerals (Sudáfrica): Cerrada temporalmente en 2019 por protestas violentas, pero el proyecto de expansión Zulti South fue pausado indefinidamente debido a demandas comunitarias por empleo y mitigación de impactos.
Mina San Cristóbal (Bolivia): Operaciones detenidas en 2010 por tomas de plantas hidroeléctricas en protestas por agua y beneficios locales; el cierre fue definitivo para esa fase del proyecto.
Proyecto Lanjigarh (India): Detenido en 2013 por campañas indígenas contra la minería de bauxita, resultando en cierre permanente.
Estos casos destacan cómo las protestas pueden influir en políticas nacionales e internacionales, alineándose con marcos como los derechos indígenas de la ONU.
Proyecto de carbón Bickham 2010, Hunter Valley, Nueva Gales del Sur (Australia): En 2010, residentes y criadores de caballos locales se unieron para detener un proyecto de mina de carbón a cielo abierto en el valle Hunter. Argumentaron con éxito que el riesgo de contaminación del agua era demasiado alto, que la mina dañaría el entorno rural y que pondría en peligro la industria de caballos pura sangre de Nueva Gales del Sur, que en 2014 generaba 2.400 millones de dólares anuales.
Estos casos destacan cómo las protestas pueden influir en políticas nacionales e internacionales, alineándose con marcos como los derechos indígenas de las Naciones Unidas.
