Un análisis comparativo de las experiencias provocadas por los sistemas jurídicos e institucionales relativos a la minería de cinco países de la región andina fue preparado por el ex ministro ecuatoriano y consultor de la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Rafael Poveda Bonilla; y publicado en diciembre del año pasado.
El documento puede ser descargado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/48571-la-institucionalidad-la-regulacion-minera-paises-andinos-bolivia-estado
En sus páginas, la necesidad de cotejar ventajas y desventajas creadas por la historia de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Chile, se transmite cristalizada en sus respectivas constituciones donde “se puede observar la impronta del ciclo político constituyente por el que se transitó cada país”, y se plasma con la finalidad de brindar recomendaciones al sector minero del continente que encara ahora un auge de precios sin precedentes.
Que ello signifique una oportunidad de desarrollo perdurable o un peligro para estabilidad social y el medioambiente depende de los marcos institucionales y legales que faculten su gestión, sugiere la lectura del documento.
Si bien la prioridad ha estado marcada por la apropiación de la renta minera y la atracción de inversión extranjera, y ésta ha moldeado constituciones como regulaciones, la necesidad de congeniar políticas atractivas y seguras para la inversión y el financiamiento con una real participación de las comunidades involucradas, una distribución equitativa de los recursos y el resguardo medioambiental de los territorios, son condiciones para una eficiente gestión de proyectos mineros.
Con esta finalidad, el análisis primero se detiene en el marco jurídico e institucional, luego pasa a la institucionalidad ambiental y consulta previa, para terminar revisando el marco constitucional y legal del régimen fiscal.
Basado en estas áreas, se nos otorgan conclusiones prácticas fundadas en los casos de éxito a lo largo de la región: asesoramientos especializados de gobierno, como ocurre con Cochilco en Chile y la UPME en Colombia, que formulen y evalúen políticas públicas; una mayor autonomía e independencia en la gestión de empresas estatales que prescinda de ministros de Estado en los directorios como Codelco en Chile; la asignación de la consulta previa a una entidad de gobierno distinta como la Dancp en Colombia o el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura del Perú; finalmente, la clara división entre rectoría y políticas públicas, licenciamiento, y el control y fiscalización en materia ambiental, como ocurre en Chile y Perú.
Estos cuatro elementos fueron resaltados para nutrir el entendimiento de las problemáticas que dificultan el desarrollo del sector en la región, y se indican además temas fructíferos para futuras investigaciones como el análisis del SGR de Colombia, la amplia descentralización fiscal del Perú, las regalías anticipadas del Ecuador y el beneficio del uso de los fondos de ahorro y estabilización en Chile, Perú y Colombia durante el Covid-19, entre otros.
