La Corte Constitucional del Ecuador encontró que el decreto N° 754, que emitió el gobierno para regular las consultas ambientales, es inconstitucional por la forma y difirió la realización de consultas ambientales, pendientes en unos 170 proyectos productivos y de infraestructura, hasta que la Asamblea Nacional promulgue la ley respectiva.
Sin embargo, en el numeral 195 de la sentencia, detalla los lineamientos y estándares para la aplicación provisional del mencionado decreto, estableciendo “ciertas puntualizaciones respecto a la forma en que provisionalmente deberá aplicarse el decreto 754”.
La suspensión provisional dictada por el organismo afectó, de acuerdo a las cámaras empresariales, a proyectos extractivos y de otros sectores productivos distribuidos en todo el país, y suspendió los procesos iniciados en dos proyectos mineros: Curipamba, en Las Naves provincia de Bolívar; La Plata, en Sigchos, provincia de Imbabura; y una plata de refinación por organismos vivos de la empresa BTech, en Tenguel, provincia de Guayas.
En la Sentencia del caso 51-23-IN/23, la Corte Constitucional aceptó la acción pública de inconstitucionalidad propuesta hace cinco meses por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, en contra del decreto ejecutivo 754 emitido por la Presidencia de la República, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
La Corte encontró que el decreto impugnado transgrede el principio de reserva de ley contenido en los artículos 132 y 133 de la Constitución, en concordancia con la reserva de ley reforzada contenida en el artículo 398 de la Constitución, razones que establecen una inconstitucionalidad por la forma.
Esta Corte, dice un boletín de prensa del organismo, reconoció que la participación ciudadana, los sujetos consultantes, los sujetos consultados; los plazos, los criterios de valoración y los criterios de objeción de la consulta ambiental deben ser regulados a través de una ley orgánica en atención a lo estipulado en el artículo 398 de la Constitución.
Por tal razón, la Corte determinó que aquellos aspectos de la consulta ambiental no pueden ser regulados a través de un reglamento.
Particularmente, el organismo determinó, entre otras, que (i) la consulta ambiental no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pues a ellos le corresponde una consulta previa, libre e informada; (ii) los registros y licencias ambientales deberán estar condicionados al cumplimiento de la consulta ambiental o al cumplimiento de la consulta previa; (iii) se respetarán las características propias de la consulta ambiental; y, (iv) el Estado es quien tiene que realizar los procesos de consulta ambiental pues dicha prerrogativa es indelegable a los operadores de los proyectos, obras o actividades a realizar.
Las juezas constitucionales Carmen Corral Ponce y Teresa Nuques Martínez; y, el juez constitucional Enrique Herrería Bonnet salvaron sus votos. Por otra parte, los jueces constitucionales Jhoel Escudero Soliz y Alí Lozada Prado presentaron votos concurrentes.
Adicionalmente, la máxima instancia de control constitucional declara que los efectos de la sentencia serán diferidos en el tiempo hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle el contenido de la consulta ambiental, de conformidad con el artículo 398 de la Constitución.
No obstante, determinó que para la aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 754, emitido en mayo de este año 2023, el Estado tiene que observar los estándares desarrollados por la Corte Constitucional sobre la consulta ambiental, y los lineamientos establecidos en esta sentencia.
La sentencia de la Corte Constitucional también resolvió revocar la medida de suspensión provisional de la norma dictada por el Tribunal de Sala de Admisión el 1 de agosto del año en curso.
Aquí se puede acceder a la sentencia completa de 117 páginas.
