Durante los diez años que duró el proceso entre la denuncia, la investigación fiscal y la sentencia en primera instancia en su contra, Lisbeth Abarca Peña, presidenta del barrio de Huancayo-Tambobamba, ubicado en la provincia de Cotabambas (Apurímac), relata que su vida estuvo suspendida entre estigma social y la preocupación por su futuro.
Abarca fue una de las personas que participaron en las manifestaciones de septiembre de 2015, en donde los dirigentes de los Frentes de Defensa de la provincia de Cotabambas convocaron a manifestaciones contra la minera MMG Las Bambas, considerada una de las minas de cobre más importantes del Perú. Las protestas tuvieron como motivo la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero. En el contexto de esas movilizaciones, murieron cuatro personas.
“A mí me involucran en este proceso y en la sentencia del 2024, por el siempre hecho que mi firma está en el documento de permiso que se presentó en la Subprefectura (para realizar la manifestación), según ellos, ese habría sido el delito y se usó para darme una sentencia arbitraria de nueve años de prisión y también la reparación civil de 86 mil dólares a la empresa y 50 mil soles al Estado”, declara Abarca a Convoca.pe.
La dirigente suma a ello, las afectaciones emocionales y psicológicas que sufrió. El proceso, añade, no solo los afectó a ellos como acusados sino también a sus familias.
Caso similar es el de Ronald Bello Abarca ex presidente del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba en Apurímac. “En ningún momento ningún dirigente y menos yo, hemos ordenado que alguien de la comunidad pueda causar algún desmán. Para nada, nuestra intención siempre fue realizar una protesta pacífica”, recordó.
Maximiliano Huachaca Mamani quien fuera sentenciado a ocho años y 11 meses, fue integrante de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio y del Ambiente de las provincias de Espinar, Chumbivilcas, Cotabambas y Grau durante las protestas de 2015. Describe que lo sentenciaron por haber participado de un programa radial donde convocó a una reunión de dirigentes. A su entender, la razón principal para su sentencia es haber sido dirigente comunal.
Huachaca asegura que aunque ellos, y otras ocho personas fueron absueltos, el problema de criminalización de la protesta por parte de la minera Las Bambas continúa porque actualmente existen comunidades que están en proceso de investigación o procesos judiciales.
“Hay comunidades como Pumamarca, Huancuire y las comunidades de Challhuahuacho donde hay varios grupos que están en ese proceso de investigación y judiciales. Creo que la empresa minera sigue criminalizando a los dirigentes que quieren decir algo contra la empresa y a nosotros nos usó para callarnos y callar a nuevos dirigentes”, acotó.
Los tres dirigentes que llegaron a Lima el miércoles 23 de abril, luego de la sentencia absolutoria del martes 22, subrayan que evaluarán con su defensa las acciones que emprenderán contra la empresa minera por los perjuicios que les han causado. Tomado de Convoca.pe
