Una serie de actividades en varios frentes se vienen realizando para aumentar el volumen de las inversiones en el sector minero, de manera que el país pueda conocer mejor y más pronto su potencial y se agilicen las operaciones que permitan convertir en minas las concesiones y proyectos ya iniciados.
Por lo pronto, se han identificado casi 300 concesiones que se encuentran subutilizadas y/o suspendidas por diversos motivos, en torno a las cuales se viene organizando el apoyo del Estado para el reinicio de actividades exploratorias en esos territorios.
Al mismo tiempo, las autoridades concentran su atención en mecanismos que dinamicen al sector. Uno de ellos es el que está relacionado con la apertura del catastro, prevista para finales de este año, fecha en la que se espera contar con un sistema de gestión minera integral, transparente y eficiente que dé confianza a los inversionistas, a la ciudadanía y al Estado.
De otro lado, los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente, Agua y Transición Ecológica están trabajando conjuntamente para elevar a 60 el número de plataformas de perforación permitidas durante la etapa de exploración inicial.
La legislación sobre este proceso, conocido como scout drilling, actualmente señala que son un máximo de 30 plataformas las que se pueden construir por concesión y, excepcionalmente, hasta 20 cuando las concesiones intersecten con bosques o vegetación protectores.
Al respecto, debe indicarse que la reforma ya fue aprobada por los equipos técnicos de ambos ministerios y la versión final está en el segundo de los nombrados.
Con esta medida, las autoridades esperan lograr una mayor inversión en una fase temprana, obtener más conocimiento del potencial minero y generar empleo y dinamizar las economías locales.
Esta decisión va de la mano con una propuesta de gestión social y política en el territorio, la cual se espera que genere un mayor compromiso de las autoridades de los gobiernos locales para abordar los conflictos generados alrededor del desarrollo del sector minero.
Se ha planteado también alcanzar una mayor articulación institucional del Estado para abordar de manera efectiva las demandas sociales en territorio. Ello supone la socialización de la política pública minera con autoridades locales y el fortalecimiento de la participación social de la ciudadanía en las áreas de interés de los proyectos.
Desde el gobierno se propone a los funcionarios reaccionar a tiempo para bloquear las acciones políticas de las personas que se oponen a las actividades mineras con iniciativas legales que buscan paralizar las operaciones por minería metálica en el país.
Para obtener un mayor flujo de inversiones en el sector minero, desde el plano normativo, se está trabajando en el diseño de un instructivo de consulta prelegislativa y reforma al Reglamento del Código del Ambiente para la consulta ambiental, en la promoción de procesos de participación ciudadana que involucren a las comunidades y en la ejecución de regalías en proyectos de desarrollo de las comunidades, de forma que en los territorios quede en evidencia las bondades que pueden estar asociadas a los grandes desembolsos de capital.
Para el gobierno resulta vital que todas esas ideas queden plasmadas en el nuevo instructivo de subasta y remate que debe estar listo para cuando se abra el catastro.
Al respecto, ya se ha terminado el primer borrador de instructivo para el otorgamiento de concesiones para minerales metálicos. En este proyecto se cuenta con el apoyo de la embajada de Estados Unidos de Norteamérica cuyos asesores han colaborado en la revisión de la normativa y completado la presentación de la propuesta final del instructivo para la apertura del proceso de subasta o remate.
En él se establece como nuevo requisito y documento habilitante para la participación en el otorgamiento de concesiones, el compromiso del titular minero a ejecutar planes y programas básicos enfocados en relaciones comunitarias desde el primer año de sus actividades, porque se espera que de esta forma se promueva el desarrollo sustentable de la actividad minera.
En materia de buenas prácticas, se ha trabajado un nuevo método de evaluación técnica y económica que permitirá a los participantes ser valorados de manera equitativa.
Se plantea además el reconocimiento de las buenas prácticas de desarrollo sostenible en la industria minera, la misma que deberá ser acredita por las entidades competentes y, en cuanto a la oferta técnica, se espera contar con personal capacitado y con experiencia en la industria minera para impulsar la minería sustentable y el establecimiento de un cronograma base detallado por parte del ente rector.
