Cuenca, una ciudad moderna, vanguardista en muchos aspectos. Capital de una provincia minera y antiminera, Azuay. Emma Criollo Quezada nació ahí y decidió ser ingeniera de minas, la primera de la ciudad. ¿Por qué no, si desde pequeña veía que había minas hacia el oriente, en Zamora, hacia el sur, en Loja, hacia el este, en Ponce Enríquez que es parte de Azuay?
De padres cuencanos, con 45 años de edad y dos hijos, una de 22 y uno de 15, lo ha visto de todo como profesional del denominado distrito minero sur del Ecuador. Desde el goce de tener en sus manos un lingote de oro (“no lo niego, ha sido lo mejor que me ha pasado”), hasta el trauma de ser asaltada en el camino y ultrajada junto a sus compañeros.
Cuando niña, en su escuelita privada religiosa soñaba también con viajar, conocer todo el país. Casi lo logra, pues ha recorrido a pie cientos de kilómetros durante su carrera de ingeniería y minas y metalurgia de la Universidad Católica de Cuenca.
Durante el colegio, que cursó en el colegio más emblemático fiscal de Cuenca, el Manuela Garaicoa de Calderón, solo de mujeres, nunca sintió que su destino estaba marcado por los límites. Y así, además de su título de ingeniera, alcanzó varios diplomados: en seguridad y salud ocupacional, en manejo de relaciones comunitarias y de conflictos. Y varias maestrías: una en ingeniería ambiental y seguridad industrial de la Universidad Nacional de Piura, Perú.
Pero de hecho, las circunstancias le han puesto límites insospechados, por su profesión, por su género, por su sensibilidad. Cuando se propuso hace de todo y lo logró: levantamiento de información, geológica, ambiental, metalurgia, factibilidad; varias minas que todavía están en producción, desde hace unos veinte años, partieron de sus evaluaciones.
Siempre en condiciones precarias de seguridad, teniendo que resguardar cargas de oro hasta que llegue el transporte, o coincidiendo en un mal sitio y tiempo: tuvo que ver dos apuñalados en Ponce Enríquez.
Su vida laboral está llena de períodos de calma, como los 6 años de docencia universitaria, intercalados con situaciones de crónica roja, que le han dejado huella. Se nota, en su rostro, al recordar, la angustia sufrida. Y también períodos extenuantes, luego de un estrés postraumático.
Tuvo dos años de calma trabajando en la Prefectura de Azuay hasta que sobrevivió al más choqueante episodio de su vida, del que ni siquiera recuerda que dijo a sus compañeros “no me dejen sola”, ni lo que hizo. Solo sabe que todo parecía terminar ahí, con una pistola en su cabeza cubierta con una chompa.
A 40 minutos hacia lo alto de Shumiral, delincuentes los siguieron desde alguna mina en la que acababan de hacer inspecciones creyendo que llevaban oro. Amenazando al grupo de técnicos con armas de fuego detuvieron el vehículo, les hicieron bajar, les despojaron de todos los equipos y les aterrorizaron y maltrataron porque no encontraban el metal. “Me ultrajaron creyendo que escondía el oro conmigo”, relata.
En un terraplen, los ataron pies y manos y taparon sus rostros y pusieron la pistola sobre su cabeza. Cuando cambiaron de opinión, los abandonaron. Un compañero gracias a su prótesis de pierna logró soltarse y “cada uno corrió a esconderse para la montaña, y entre los matorrales sintieron que los ladrones pasaban por su lado”.
No sabe cuánto tiempo pasó hasta que escuchó que le llamaban y que podía salir.
De vuelta a Shumiral, la oficina de Fiscalía no le recibió la denuncia del asalto porque ese delito era para Ponce Enríquez. Luego un sicólogo de la Prefectura le pidió que haga el esfuerzo en pensar en otra cosa.
La violencia la conoce desde hace mucho, pero nunca le había golpeado directamente. Ponce Enríquez, hace décadas ya era peligrosa, afirma. Para quien vivía en campamentos mineros, había que andar siempre con seguridad, dejarse ver mucho también es muy peligroso, especialmente cuando uno está queriendo sacar un proyecto adelante.
Y es que a La Ponce, como se la conoce entre mineros, no solo iban migrantes a trabajar, sino también a delinquir, por lo que había que trasladar el oro con mucha seguridad. Los asaltos a los campamentos eran muy frecuentes.
En ese ambiente trabajó un par de años, varios meses en metalurgia en una planta de beneficio en la activa zona de Bella Rica, llena de empresas mineras con mina y planta de beneficio. Dominando el proceso de cianuración, refinación, fundición y factura de lingotes de oro y plata.
Ahora toda la pequeña minería de Bella Rica y de otras áreas como las de Zamora, está controlada por organizaciones de narcotráfico; las minas y plantas están tomadas y en donde no, están siendo vacunadas, asegura. No hay a donde esconderse.
Así como afecto y reconocimiento de sus jefes y compañeros, ha sufrido estigmatización y amenazas. Y decepción, cuando le ha tocado presenciar corrupción y ambiciones en el sector minero. Ha tenido que soportar, por ejemplo, que cuando fue autoridad le llamen a su hotel los corruptos, y le digan que tiene que bajar a hablar. Se había cambiado de hotel sin previo aviso.
Cuando llegó a coordinadora zonal de la Arcernn duró apenas 40 días, “porque no quiso venderse”. Ahí fue cuando los cargos en el ministerio de energía costaban 150 mil dólares, por lo que el ex ministro Javier Vera está siendo juzgado. El siguiente coordinador duró 11 días, el siguiente 15, hubo como siete cambios en tres meses, exclama.
En una ocasión anterior, como técnica de la zonal de la Arcom duró 6 meses. “Más o menos en 2014 ya había problemas de narcotráfico porque encontrábamos droga almacenada dentro de las galerías de minería ilegal. Por dos ocasiones recibí amenazas de muerte. En Ponce Enríquez me dijeron: -Usted sigue actuando de esta manera y usted no va a llegar a su casa.»
“Después de eso no quise cambiar un informe, entonces, llegaron aquí a mi casa con armas y todo. Cuando lo quise denunciar porque esto no puede pasar, fui amenazada en Quito, por gente muy cercana al presidente Correa”, asegura.
Como consultora afirma lo que todo el mundo parece conocer, “usted puede fácilmente escuchar que si uno quiere que le salga al tiempo un informe aprobado tiene que pagar”.
Todo esto le hizo alejarse temporalmente de esa parte de su profesión: varios meses en un proyecto del Instituto Geográfico Militar, para levantamiento de información de todos los bienes de Inmobiliar en las provincias de Azuay, Loja, Cañar y partes de El Oro y de Morona Santiago.
Por dos años vivió en Naranjal y solo iba a casa los fines de semana por trabajar en un proyecto de control de inundaciones, estratégico, de la Empresa Pública del Agua, EPA EP, realizando fiscalización y manejo ambiental.
“Un proyecto bonito, bastante grande, siete puentes, construcción de bermas de seguridad, de muros de contención, construcción de vías”. Obra construida por la empresa china CWE y la consultora cuencana Acsam.
El ex prefecto Paúl Carrasco me tiene mucho cariño y consideración porque fui yo quien puso en orden las minas en la provincia. Que trabajaban a la bendita de Dios, sin permisos ambientales, sin permisos de agua, sin diseños de explotación. De 28 minas que lo pidieron, logré aprobar 18 planes de cierre en el ministerio del ambiente.
Sin embargo, cuando la Prefectura se quedó sin presupuesto despidieron a un montón de personas y entre ellas a los técnicos, tuvo que asumir la carga laboral de tres. Y luego le negaron vacaciones. El estrés y el postrauma le causaron fibromialgia.
Y cuando estaba orgullosa de su trabajo para los proyectos de dos grandes mineras, un ex viceministro le persiguió prohibiendo a las empresas que la contraten, “mientras yo sea viceministro”.
Ocurre que las mineras INV Metals y Junefield le habían contratado para ser la imagen pública ante los medios y el público en general, de los proyectos industriales en Azuay, Loma Larga y Río Blanco. Había recorrido medios de información por ocho meses y organizó una marcha a favor de la minería en la ciudad, pero cuando criticó al viceministro por, a su parecer, haber difamado a la minería del Azuay en Twitter, el funcionario le tomó venganza.
En una provincia en donde si alguien dice que es ingeniera de minas las personas la ven como contaminador, las grandes empresas se equivocan al mantener el perfil bajo, reflexiona. “Nunca salen a aclarar”, dice, a los antimineros o a la desinformación sobre los proyectos. Por eso son legales pero no tienen legitimidad, afirma.
Ser una mujer que habla sin filtro es así, se afirma. Como para muchas mujeres, solo sus padres han sido el soporte en las épocas duras y de distancia de sus hijos.
Los responsables de las vulnerabilidades de las mujeres en el sector minero, son, para ella, un poco todos. A las mujeres les cuesta entrar, y casi no hay prácticas para que no deban dejarlo.
Toda su experiencia profesional le ha hecho promover la creación de la red de ingenieras de minas del Ecuador, de la que es vicepresidenta. Se habla de que dentro de la industria, la mujer ahora es el 30% pero no hablan de que solo el 1,2% de ese 30% son de profesionales técnicas, aduce.
Sus pies conocen el andar con la mirada sobre ella. En Jima, zona de Sigsig, cerca del límite provincial con Morona Santiago, los ambientalistas han prevalecido. Hace décadas había proyectos de exploración pero desde entonces todo se paralizó porque había muchas empresas canadienses interesadas, pero hubo una que entró manejando mal la situación y la gente la mandó sacando a palos, “literal, a palos, con machetes y toda la gente se alborotó”.
Así seguiremos si no se elimina la corrupción en el sector, si no se fortalece las instituciones con equipos con capacidad técnica, si no se contrata más personal de la zona, la mayoría de profesionales de las grandes mineras vienen de Loja o Quito aunque aquí existen muchos, y si no se contrata a más mujeres… porque, con resultados, hemos demostrado que somos más rigurosas, que en temas de seguridad y gestión de riesgo, por ejemplo, somos mejores.
Aquí hablar de que uno es minero es decir contaminador. Los ambientalistas y los políticos adoptan la consigna “el oro o el agua”. Por eso, es preciso hacer una verdadera difusión, con transparencia, educando a la gente y explicándole cómo es el proceso llevado de manera técnica, totalmente legal y con responsabilidad empresarial, social y ambiental, no solamente con las comunidades, sino también con las ciudades que están más directamente afectadas. Necesitamos que se hable en ese sentido…
