Junio, 13 de 2021.- Casi medio centenar de “amicus curiae” y una docena de escritos se han presentado ante el juez de la Corte Constitucional Alí Lozada para que “sustancie” su dictamen previo en la causa abierta después del pedido de consulta popular sobre la minería metálica en la zona de Quito.
La causa relacionada a esta consulta se encuentra signada con el número 1-21-CP y resolverá si resulta constitucional o no el pedido que a fines de marzo presentaron las autoridades de algunas parroquias del noroccidente quiteño para que se les autorice la recolección de unas 200 mil firmas que apoyen su pedido de consulta popular sobre la minería en el Distrito Metropolitano.
Dichas autoridades son respaldadas por organizaciones sociales que dicen defender el medio ambiente. “Nuestros territorios son el hogar de osos de anteojos, monos, pumas, tigrillos, gallos de la peña, pájaros Yumbo, colibríes, orquídeas, helechos, montañas, quebradas, ríos y un sinfín de enérgicas cascadas”, dicen las personas que se oponen a la minería metálica en la zona en que ellos viven.
Se trata del Bosque del Chocó Andino, una zona declarada el año 2018 por la Unesco como la séptima Reserva de Biósfera del Ecuador. Cinco años antes, el 2013, la Secretaría de Ambiente del distrito metropolitano de Quito creó el Corredor Ecológico del Oso Andino para proteger a este mamífero y conservar su hábitat.
A raíz de ello se formó la Mancomunidad del Chocó, constituida por las parroquias de Pacto, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito y Gualea. Ahora, sus pobladores quieren que sean todos los capitalinos los que en una consulta popular digan sí o no a la minería y han enviado cuatro preguntas para que la Corte Constitucional las apruebe.
La pregunta es la siguiente:
¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a gran escala dentro del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y, dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?
Esa pregunta se repite tres veces señalando minería metálica artesanal, minería metálica a pequeña escala y minería metálica a mediana escala.
La danza de los amicus
De los casi 50 “amicus curiae”, expresión que remite a los escritos que envían las personas o instituciones que sin estar involucradas directamente en el problema quieren opinar sobre el tema, unos diez han sido presentadas por empresas mineras operadoras que realizan actividades en el Ecuador.
El resto ha estado a cargo de personas y organizaciones que asumen la representación de los derechos de la naturaleza o de otros actores que consideran que la población ya ha demostrado en reiteradas ocasiones su deseo de no vivir con minas en sus alrededores.
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, representado por el alcalde Jorge Yunda; y el gobierno de la provincia de Pichincha, representado por la prefecta Paola Pabón, en sendos escritos exponen que la minería constituye una amenaza a la protección de la biodiversidad.
En cambio para el decano de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, Figempa, de la Universidad Central del Ecuador, Gustavo Pinto, la petición presentada “podría vulnerar los derechos constitucionales de los estudiantes que se encuentran formando en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental”.
