La Asamblea Nacional inició el tratamiento del proyecto sobre “Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local” en la comisión de Desarrollo Económico, lo que abrió incógnitas desde sectores ambientalistas sobre la posibilidad de que se constituya en una puerta abierta al ingreso de la minería a los ecosistemas más frágiles. La aspiración de muchos mineros estaría haciéndose realidad.
Los gremios mineros no se han pronunciado, pero en su intervención en el XII Congreso de Geología, Minas Petróleos y Ambiente del Ecuador, el subsecretario de Minería Industrial, Guillermo Flores, manifestó que se han venido manteniendo múltiples reuniones con empresas mineras, sin expresar los temas abordados además, por supuesto, de la recientemente vigente tasa de fiscalización minera.
La iniciativa remitida por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, calificada como urgente en materia económica, se produce en medio de recientes actualizaciones al marco minero de Ecuador, incluyendo ajustes en los procedimientos de permisos, la firma de acuerdos de protección de inversiones con empresas mineras y la reapertura del registro de concesiones o catastro. Con estas acciones, ha dicho el viceministro de Minería, Javier Subía, se quiere brindar un entorno más estable y propicio para el desarrollo de proyectos a largo plazo y combatir la especulación con concesiones.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, la conservación de las áreas naturales no cuenta actualmente con los recursos necesarios para su adecuada atención, en concordancia con el mandato constitucional, según un boletín de prensa oficial.
Según el documento enviado por el Presidente, desde la declaratoria del gobierno nacional de conflicto armado interno en enero de 2024, los recursos destinados para las áreas protegidas del Ecuador fueron menores ya que el gobierno se enfocó en asignar más recursos a seguridad y operaciones para desmantelar los grupos de delincuencia organizada.
Como resultado, dice la información, se ha determinado que los grupos armados y del crimen organizado mantienen fuentes de financiamiento vinculadas a actividades ilegales, como la minería y la pesca, incluso en zonas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
En este contexto, la propuesta legal plantea, dice la información, medidas y mecanismos emergentes para la protección, reactivación económica y sostenibilidad de las áreas protegidas del Ecuador, la valoración y retribución de los servicios ambientales que estas proveen, así como el impulso del turismo ambiental y ecológico como motor de desarrollo sostenible y local.
El PhD en Biología Evolutiva, miembro de la World Academy of Sciences, y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santiago Ron, en su cuenta personal en Equis, afirmó que el proyecto de ley transfiere todas las competencias de manejo y protección -ahora en manos del Ministerio del Ambiente- a una nueva empresa pública: el Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP. La empresa pública definirá las zonas de las áreas protegidas en las que se desarrollen las actividades delegadas, si se aprueba la ley.
La norma abre la puerta a la privatización mediante la delegación vía contratos o “alianzas estratégicas”, el sector privado podrá ejecutar proyectos en áreas protegidas, desde turismo hasta construcción y operación de infraestructura, apunta. Y como la ley solo tiene ocho artículos, la aplicación real se verá en el reglamento que será dictado por el Presidente, señala, con lo cual se evitará el debate legislativo de temas tan profundos y trascendentales temas nacionales.
“Y si en la zona hay pueblos o nacionalidades indígenas, las comunidades no podrían oponerse; afirmó, la única obligación empresarial sería proponer un acuerdo de inclusión o beneficio… seis meses después de iniciar operaciones”.
En el proyecto se invoca el artículo 57 de la Constitución, numeral 7, que habla de la necesidad de tener una consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, nacionalidades y grupos ancestrales. En efecto, en la Constitución este mecanismo de participación social está previsto para actividades extractivistas de recursos no renovables, y no para turismo o actividades de conservación.
Por su parte, el geocientífico, físico y geofísico, Sebastián Araujo, señaló que “la Reserva Colonso Chalupas con sus pórfidos inexplorados presenta evidentes intereses para ser integrada a esta nueva forma de «desarrollo local», al comentar el posible alcance del proyecto.
Comparecencias legislativas relacionadas con esta temática están previstas para esta semana, previo a la elaboración del informe para primer debate. La Legislatura tiene un mes para aprobar o negar la ley. Con información de GK.city.
