El paro nacional indefinido organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigiendo la solución a una plataforma de diez puntos, puso a prueba la calidad de las relaciones que el sector minero ha venido construyendo con las poblaciones que viven en los alrededores de sus proyectos.
Y la presencia del vector minero como elemento catalizador de la protesta viene aumentando conforme avanzan los días de paralización. Considerado inicialmente como el quinto punto de un listado de diez reclamaciones, el rol de la minería como causa del descontento se hace más notorio en muchas provincias.
El punto cinco de la “Agenda de lucha nacional” con la que la Conaie inició el paro dice a la letra: “Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151”.
Destaca el cambio que se registra en el discurso oficial de la organización que, antes del paro, rechazaba todo tipo de actividad minera o petrolera en sus territorios en tanto que, al menos en el plano de las declaraciones, pareciera que ahora se opone sólo a la que se podría realizar en sus territorios, las fuentes de agua y los ecosistemas frágiles.
En el plano de lo real, sin embargo, lo concreto es que las personas que ahora se movilizan atendiendo al llamado del paro nacional, vienen poniendo a la actividad minera entre los primeros puntos de sus reclamos.
Sin considerar si el proyecto está en zona considerada como fuente de agua o territorio indígena, las marchas que tienen lugar en la Sierra casi siempre exteriorizan el desacuerdo con las actividades mineras en la zona.
Desde otro ángulo, dos de las tres provincias con declaratoria de estado de excepción -Cotopaxi e Imbabura- tienen importantes proyectos mineros. En Imbabura se desarrollan Llurimagua, Espejo, Río Magdalena, Imba, Santa Teresa, Cascabel y otros de Solgold, BHP, Hanrine y Enami EP, entre otros.
En Cotopaxi, en donde se ubica el proyecto La Plata, que tiene planes de empezar a construir el próximo año, y en donde Leonidas Iza había perdido hace un par de meses las elecciones de la dirigencia del movimiento indígena provincial, se dio una movilización amplia en la que participó también Lourdes Tibán, una líder indígena y política que hasta hace poco era contraria a Iza.
Las movilizaciones con cierres de vías en Imbabura fueron masivas y diarias en toda la provincia con alta participación de comuneros del cantón Cotacachi que tiene una declaratoria de cantón sin minería. En Buenos Aires, parroquia de Urcuquí en Imbabura, zona de concesiones de Hanrine, pobladores opuestos a la minería cerraron la vía de acceso por unas horas hasta que fueron desalojados por grupos de militares que para despejar la pista hirieron a dos pobladores.
En Bolívar, provincia en la que se realizaron movilizaciones masivas y con mucho entusiasmo, se desarrollan proyectos mineros como Curipamba, Chillanes y Salinas. En Guaranda, capital de Bolívar, la Gobernación fue tomada por los manifestantes y las actividades estuvieron paralizadas como resultado de las marchas.
En el camino hacia Loja, capital de la provincia del mismo nombre, videos difundidos por las organizaciones de quienes protestan dan cuenta de varias cuadras en las cuales se observa marchas compactas de indígenas saraguros y mestizos que entre sus consignas corean las de “abajo la minería”.
En la parroquia Gualel, Loja, sobre los territorios en los que se desarrolla el proyecto de Guayacan Gold, una compañía del grupo Salazar, entre otros, los comuneros decidieron cerrar las vías de acceso y la minera emitió un comunicado señalando que se impide el trabajo e incluso el abastecimiento de alimentos.
En Fierro Urco se desconoce qué hubo, pero Ecotel Press, un medio local, dedicó su portada y dos páginas interiores a la acción de quienes están en contra de los proyectos mineros.
En esa provincia están los proyectos conocidos como Linderos, Macará Mina, Santiago, Bramaderos, Caña Brava, Cisne Loja, El Potro y Tierras Coloradas, entre otros.
En las parroquias Tarqui y Jima, de la provincia sureña de Azuay, los cierres de la carretera Panamericana Sur también se hacen acompañados de consignas como “Jima rechaza la minería”.
Y en Nabón, donde Minera Cachabí desarrolla el proyecto Mozo y se extiende una parte del proyecto Fortuna, de Lucky Minerals, una multitud de comuneros se movilizó con la consigna de «Agua sí, oro no. Fuera los mineros de Nabón».
