La minería ilegal en el área del proyecto aurífero Río Blanco, ubicado en la parroquia de Molleturo, cantón Cuenca, provincia de Azuay, al sur de Ecuador, luego de ocho años de haberse hecho pública, sufrió una detención, con amplio manejo publicitario, por la fuerza pública y una negación de la comunidad.
El operativo militar acompañó, unos días después, al bombardeo con artillería pesada a las zonas de minas ilegales de Buenos Aires en Imbabura, sobre el cual el presidente de la República comentó a CNN que le informan de los operativos militares que se van a realizar luego de la investigación, y que sobre Buenos Aires también le han informado que el origen son los Lobos y los ex FARC, y que se han detenido ocho personas altamente armadas.
El proyecto Río Blanco ha sido un foco de controversia desde finales de la década de 2010 en medio de conflictos en una zona estratégica para la biodiversidad y el agua. El arbitraje internacional y supuestas divisiones comunitarias están en el orden del día en el sector.
Originalmente concesionado a la empresa china Junefield con su subsidiaria Ecuagoldmining South America S.A. para la extracción de oro y plata, el proyecto fue suspendido en 2018 por orden judicial debido a la falta de consulta previa a las comunidades indígenas y violaciones a los derechos de la naturaleza, según fallos basados en la Constitución ecuatoriana y el Convenio 169 de la OIT.
Entonces, según fuentes oficiales, la zona fue invadida por actividades de minería ilegal, generando conflictos sociales, ambientales y de seguridad. La supuesta incursión de mineros ilegales, convirtió el área en un «epicentro de conflictos graves», con reportes de asesinatos, atentados, suicidios y amenazas a defensores del agua en 2019.
El proyecto Río Blanco abarca aproximadamente 5.700 hectáreas en las parroquias de Molleturo y Chaucha, a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar, cerca de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y el bosque protector Molleturo-Mollepungo.
Iniciado en la década de 2000 como uno de los cinco proyectos mineros estratégicos del gobierno ecuatoriano, prometía producir 605 000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata durante 11 años de operación. Sin embargo, enfrentó oposición comunitaria por impactos en fuentes de agua vitales para la agricultura y el consumo humano.
La empresa exportó más de 330 toneladas de minerales en su breve período activo, pero abandonó el sitio, dejando equipos y reservas superficiales expuestas. Actualmente, Junefield tiene interpuesta una demanda al Estado ecuatoriano en un arbitraje internacional por US$ 480 millones.
Según el portal Primicias.com, la zona era considerada de «alto nivel de peligrosidad» por el Ministerio de Energía, “lo que limita el acceso de autoridades”. Recientemente, el viceministro de Minería, Javier Subía, afirmó que el gobierno “perdió el control de la zona del proyecto”.
En medios de información se dijo que comunidades locales reportan divisiones internas: que algunas familias se oponen radicalmente, mientras otras podrían beneficiarse o tolerar la actividad informal. Expertos en conflictos y reconciliación como Eloy Alfaro, ex profesor de la Universidad de Cuenca, describen la comunidad como «rota y fracturada» luego de la suspensión.
En 2019, se decía que comunidades como Río Blanco, Cochapamba y Yumate permanecían divididas, con algunas bloqueando accesos y otras favoreciendo la minería.
Ambientalmente, el problema afecta el ecosistema del Páramo Andino, contaminando ríos que abastecen a Cuenca y generando deforestación en áreas protegidas.
Este 22 de octubre, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional difundieron que realizaron una operación en Molleturo, detectando una bocamina ilegal y decomisando 400 toneladas de material mineralizado extraído ilegalmente. Se detuvo a un individuo (Esteban Ubaldo L. T.) y se retuvo un volquete. Reportaron que el material era transportado a un molino en Shumiral, cantón Camilo Ponce Enríquez.
De acuerdo al informe oficial, esta acción forma parte de una ofensiva mayor contra la minería ilegal en Azuay, incluyendo sitios como Pucará. El 23 de octubre, reportes confirmaron la intervención, con inteligencia militar identificando el sitio.
La contraversión
¿Cómo llegó este equipo pesado de artillería a la Merced de Buenos Aires, en medio del paro nacional indígena que cerró y mantuvo cerradas las vías de acceso a la provincia de Imbabura? Foto cortesía el Ministerio de Defensa.
Bocamina en proyecto Río Blanco, según versión del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, el 27 de octubre, la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay (FOA) desmintió la existencia de minería activa en la zona, afirmando que el material decomisado data de 2019 y que la comunidad ha asumido el control para reforestación y protección hídrica, rechazando la militarización.
Desde Molleturo, Carlos Morales, presidente de la comuna San Felipe de Molleturo, aclaró que el material encontrado por militares permanece desde 2019, cuando la empresa Junefield “fue expulsada por decisión del pueblo”.
Las organizaciones lamentaron “la falta de respuesta del Estado” pese a los reiterados pedidos de control y acompañamiento a las autoridades competentes, incluida la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). “Resulta contradictorio que ahora, cuando el pueblo se reorganiza en defensa del agua, el Gobierno aparezca con militares y no con soluciones reales”, señalaron.
La FOA y las comunidades firmantes exigieron al Estado ejecutar un plan integral de cierre y recuperación ambiental del proyecto Río Blanco, adyacente a la Reserva de Biósfera del Macizo del Cajas, considerado un ecosistema vital para el abastecimiento de agua de Cuenca y el Azuay.
También pidieron que se haga pública la información que poseen las Fuerzas Armadas sobre su intervención en el área. “Como organización territorial tenemos derecho a conocerla para tomar las medidas comunitarias que sean pertinentes”, señaló Morales.
El gobierno nacional busca expandir la minería bajo la consigna de combate a la ilegal, como parte de la lucha contra el crimen organizado. Otra parte del plan gubernamental habla de rastrear el flujo de dinero procedente de la minería ilegal.
El abogado Stevie Gamboa afirmó que, de implementarse, esta medida sería una herramienta poderosa. Explicó que muchas empresas mineras legales compran oro de fuentes ilegales fingiendo no saberlo. La supervisión financiera podría exponer esto, pero duda que suceda debido a la corrupción institucional. Gamboa estimó que el 60% del oro y la plata de Ecuador proviene de la minería ilegal.
Operativos similares en otras provincias (como Imbabura y Orellana) con destrucción de campamentos y maquinaria, más que un enfoque nacional han mostrado intervenciones utilizadas para apagar incendios, como el asesinato de 11 militares en un operativo en el Alto Punino, o la promoción
gubernamental en momentos de tensión política, como una reciente incursión en Buenos Aires, provincia de Imbabura, en donde se han repetido operativos con efecto temporal, con un bombardeo a la montaña con equipos de guerra y con un resultado de cinco detenidos, durante el último paro indígena nacional que tuvo su epicentro en esa provincia.
Con información de: ecojurisprudendence.org, thepeoplesmap.net, mining.com, intercontinentalcry.org, MongabayLatam.org, aljazeera, raiforestjournalismfund.org, thestkittsnevisobserver.com y El Mercurio.
