Febrero 5 del 2023.- En junio de este año se celebrarán los 20 años del EITI, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas y también los diez años de la entrada en vigencia del Estandar EITI, un conjunto de buenas prácticas que pone a prueba a gobiernos y corporaciones, principalmente.
El EITI se fundó bajo la premisa de que los recursos naturales de los países pertenecen a su ciudadanía. Impulsada en un inicio por el gobierno británico, la idea fue evolucionando hasta concluir en el primer estándar de la organización, aprobado el 2013.
El “estándar EITI” resume las expectativas respecto de las empresas y los gobiernos que adhieren a la iniciativa. Para cumplirlo, entre otros puntos, la ciudadanía debe tener acceso a los textos de los contratos vigentes y a la identidad real de los beneficiarios, es decir, de los propietarios de las empresas mineras y petroleras.
Aceptado por más de medio centenar de países, en teoría, el estándar es impulsado a nivel local por instancias que reúnen a los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil interesadas en seguir de cerca lo que ocurre con la explotación de los recursos naturales.
Tras reconocer la naturaleza cambiante del escenario del sector extractivo, en el año 2020 el Consejo internacional del EITI estableció seis cambios estratégicos que estarán en el centro del debate de la próxima Conferencia Global del EITI, la misma que tendrá lugar en Dakar en junio de 2023.
Las áreas clave son contribuir a la transición energética, abordar los riesgos de corrupción, fortalecer la movilización de ingresos nacionales, fundamentar la toma de decisiones relativas a inversiones, publicar datos abiertos y medir los impactos.
En esa línea se han movido los actores del sector con distintas velocidades. Esta semana, por ejemplo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó la norma que solicita que el Gobierno implemente el Estándar EITI.
En Ecuador la iniciativa EITI viene avanzando con los titubeos propios de una institución que recién empieza. El 2022 debió haber presentado su primer informe pero estuvo sin secretario técnico desde el tercer trimestre de ese año hasta hace un par de semanas en que nombró para ese cargo a un funcionario del Ministerio de Energía y Minas que, en algún momento, seguramente dará a conocer qué es lo que hará para promover la transparencia en el sector.
